Un conflicto de interés laboral
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Luisa María Alcalde no sólo es la integrante más joven de un gabinete presidencial donde el promedio de edad es el más alto de muchas administraciones federales pasadas, sino también, por lo que ha demostrado hasta ahora, una funcionaria hábil y capaz, sobre todo en desarrollo del programa para jóvenes, más allá de que en el ámbito de la Secretaría del Trabajo haya caído una ola de huelgas como no se daba desde hace años.
Los dos conflictos laborales más notorios son las huelgas de la Universidad Autónoma Metropolitana y el de las maquiladoras de Matamoros. En los últimos días se ha insistido mucho en que existe un conflicto de intereses entre la secretaria del Trabajo y su padre, el conocido abogado laboral Arturo Alcalde, porque es quien ha manejado legalmente el SITUAM durante años y por la relación profesional que tiene con la abogada Susana Prieto Terrazas, que es quien impulsa las huelgas en la franja fronteriza. Se asegura que la abogada Prieto, quien vive en Estados Unidos, está a su vez respaldada por la central estadunidense AFL-CIO.
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La UAM lleva 25 días de huelga y a ella se han sumado otras casas de estudio: desde el primero de febrero, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), 15 días después, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Coahuila, y desde ayer hizo banderas rojinegras la Universidad Autónoma de Chapingo.
Las huelgas en Matamoros han tenido consecuencias desastrosas para la industria maquiladora y para muchos trabajadores que insisten en que ese movimiento ha sido impuesto desde fuera y en muchas ocasiones sin su consentimiento por un grupo sindical que no tiene su representación. El paro de labores lleva ya 45 días, por lo menos 15 maquiladoras siguen paralizadas, muchas otras ya abandonaron la ciudad y se han perdido más de dos mil puestos de trabajo. Los enfrentamientos violentos entre trabajadores han sido cotidianos. Incluso las maquiladoras que llegaron a acuerdos (con aumentos del 20 por ciento y un bono anual de 32 mil pesos) están denunciando que no podrán cumplirlos porque perderán competitividad. Las tensiones amenazan con crecer a lo largo de los estados fronterizos y no sólo en maquiladoras, sino también en otras empresas asentadas en toda la frontera.
Se insiste en que el padre de la secretaria del Trabajo es quien asesora estos movimientos, directamente los universitarios e indirectamente los de Matamoros (en ellos la asesora legal es la abogada Prieto). Arturo Alcalde, (que es a su vez esposo de Bertha Luján, la madre de María Luisa, una de las colaboradoras más cercanas de Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno capitalino y que es la actual presidenta del consejo nacional de Morena), niega ser parte del conflicto e incluso que sea representante del SITUAM y explica que otro abogado (muy cercano a él), Eugenio Narcia, es quien está a cargo de ese conflicto.
Pero el hecho es que Alcalde ha sido durante años el asesor laboral de éste y otros sindicatos, incluyendo el de Chapingo, que el domingo también se fue a huelga. Entre ellos están el de Pilotos Aviadores (ASPA) y el de Sobrecargos de Aviación, el SME, y los de Banobras, Bancomext, Nafin, el de Trabajadores del Seguro Social, el de la Universidad Iberoamericana y el de El Colegio de México.
Más allá de que el abogado Alcalde y la señora Luján son profesionales sin duda respetables, el conflicto de intereses de su labor (particularmente la de Arturo) con la que desempeña su hija, es algo más que evidente. Si en lugar de ser el abogado o el asesor del sindicato, Arturo Alcalde hubiera sido el de la patronal, la denuncia no se hubiera hecho esperar. Es un conflicto de intereses, por ejemplo, mucho más cercano, al que se denunció con tanta enjundia de Guillermo García Alcocer, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, porque un primo hermano de su esposa trabaja en una empresa energética. O el de exfuncionarios que terminaron trabajando en distintas empresas años después de concluir sus responsabilidades. El presidente López Obrador sostuvo que impulsará una ley para que incluso durante diez años no pudieran regresar a trabajar los funcionarios en los sectores en los que se habían desempeñado laboralmente.
Ayer dijo también que investigará si existe conflicto de intereses entre la labor del abogado Alcalde con el desempeño de su hija, la secretaria Alcalde. Si se responde en el mismo sentido que en las denuncias que realizó previamente (de actos que en su mayoría el Presidente consideró inmorales, pero no necesariamente ilegales) ese conflicto existe y debe ser cuestionado desde el propio gobierno.
No es la secretaria Alcalde, que es en muchos sentidos un soplo de aire fresco en el gabinete, la que debe dejar su responsabilidad, sino su padre el que debe abandonar la asesoría sindical mientras su hija esté en ese cargo. La actual controversia le quita legitimidad a María Luisa y les resta margen de maniobra a ella y al gobierno, sobre todo con la iniciativa privada y en este caso también con las rectorías de las altas casas de estudio, en un contexto en el que se requiere más que nunca una comunicación estrecha entre la empresa privada y las autoridades, y en el cual, las tensiones laborales, ya lo estamos viendo, estarán mucho más presentes que en el pasado reciente.
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