Felipa y la omisión
La probable comisión de dos delitos federales, de cinco faltas administrativas graves y la inacción de al menos tres dependencias públicas encargadas de perseguir la corrupción gubernamental, es hasta hoy el saldo jurídico del caso de los contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó a una de las empresas de Felipa Obrador, la prima hermana del presidente de la República. Tanto Pemex como el propio López Obrador confirmaron tanto el parentesco de Felipa con éste, así como la existencia de los contratos en cuestión.
Como se supo con la investigación periodística publicada el 3 de diciembre por Carlos Loret de Mola en Latinus, la empresa Litoral Laboratorios Industriales S. A. de C. V., propiedad de la prima hermana del titular del Ejecutivo, fue favorecida por la contratación de Pemex durante la presente administración. Se trata de los contratos números 648819810, de fecha 22 de octubre de 2019, y 648220805, de fecha 22 de abril de 2020, los que suman 365 millones de pesos para la empresa de Felipa Obrador.
Un comunicado oficial de Pemex validó la veracidad de esta información y afirmó que los encargados de otorgar los contratos tuvieron una conducta omisa, cosa que también hizo el presidente en su conferencia de prensa del 7 de diciembre. A manera de explicación la paraestatal dijo que “hubo una omisión… (pues la contratación de la pariente del presidente) debió reportarse como ‘dato sensible’ al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso…”, por lo que se ordenó una “investigación exhaustiva” con el propósito de deslindar responsabilidades, además de que rescindió intempestivamente los dos contratos denunciados.
El Código Penal Federal vigente sanciona los delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, conductas de nepotismo en las que los servidores públicos obtienen beneficios para sí y su parentela. Los infractores deben ser castigados con entre 2 y 12 años de prisión, y de 100 a 150 días multa.
Por otra parte, los artículos 55 al 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señalan como faltas administrativas graves de los servidores públicos la utilización indebida de información, el abuso de funciones, el tráfico de influencias, la actuación bajo conflicto de interés y la contratación indebida, conductas que afectan la asignación de contratos del sector público por incurrir en el nepotismo y el influyentismo. Los castigos pueden llegar hasta la destitución del infractor, además de multas resarcitorias. Adicionalmente, la misma ley señala también faltas graves y sanciones para los particulares beneficiados por estas conductas.
La persecución de los delitos penales mencionados corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, en tanto que la investigación de las faltas administrativas le toca a la Unidad de Responsabilidades de Pemex y a la Secretaría de la Función Pública. De Irma Eréndira Sandoval, titular de esta última dependencia, en su papel de tapadera del gobierno se debe esperar la exoneración automática de todos los involucrados. Tienen la oportunidad de actuar la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos y Manuel Tejeda Reyes, quien encabeza el mencionado órgano de Pemex. Veremos si estos funcionarios cumplen con su función investigadora y sancionadora o se limitan a castigar a un chivo expiatorio y se pliegan a la consigna de impunidad.
Omisión al adjudicar los contratos a la prima hermana del presidente, reconocieron públicamente tanto Pemex como López Obrador, quienes anunciaron una investigación para esclarecer los hechos. Pero hasta ahora han sido también omisos los servidores públicos que tienen la obligación legal de perseguir los delitos de corrupción, deslindar responsabilidades y castigar las faltas administrativas en casos como éste.
Cincelada: la reforma de pensiones de López Obrador es tan neoliberal que igual la pudieron firmar Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.
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