Desde luego que habrá que tejer fino. Foto: Cuartoscuro.
El martes en Cuernavaca, en el Instituto Nacional de Salud Pública, se llevó a cabo la consulta temática sobre política de drogas de los Foros de Pacificación del País y la Reconciliación que ha organizado el próximo gobierno. Si bien el reparto de ponentes fue limitado y no se trató de una consulta, sino de una serie de exposiciones a invitación expresa, el sentido general de la jornada es halagüeño, pues por primera vez han imperado las posiciones liberalizadoras, sobre todo respecto a la mariguana, no solo entre los habituales promotores de la reforma de la política de drogas –que estuvieron representados por Amaya Ordorika, del colectivo Reverdeser, por Juan Machín y por Javier Mancera de Arrigunaga, de México Unido Contra la Delincuencia– sino también por los voceros de la próxima administración, tanto el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como también el próximo embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y el futuro subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez.
Juan Ramón de la Fuente ha sido desde hace tiempo un impulsor de la regulación de la mariguana y ha escrito mucho sobre el tema; así, puede jugar un papel relevante en el principal foro internacional para hacer escuchar una nueva posición de México sobre política de drogas, cuando ya es evidente el fracaso del prohibicionismo y los catastróficos efectos que ha tenido sobre los usuarios de drogas, las sociedades y los Estados. Pero la posición de Durazo resulta muy importante, porque manifestó con claridad su talante liberal y su convicción de que se debe despenalizar completamente el consumo de sustancias, lo cual representa un giro radical en lo planteado tradicionalmente por los responsables de la seguridad en México. Sin embargo, en el enfoque de Durazo se siguen asomando los prejuicios y tópicos que tradicionalmente se escuchan cuando se habla de drogas, como cuando afirmó que para el gobierno entrante “la drogadicción” es “una enfermedad social”, pero ello no demerita su posición liberalizadora, que se suma a lo planteado antes por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Como era de esperarse, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Antonino de Leo, puso el énfasis de su intervención en señalarle al próximo gobierno los compromisos internacionales que México ha adquirido en materia de drogas y de los que tendrá que rendir cuentas en marzo de 2019, a lo que De la Fuente respondió que si bien el gobierno de López Obrador considera relevante cumplir esos compromisos, tendrá también que establecer sus propias necesidades y su realidad geográfica y social, por lo que es necesario plantear un  nuevo marco jurídico, ante el evidente agotamiento del actual.
Otro punto notable del encuentro del martes fue que por fin se comienza a ver el tema desde la perspectiva de los productores, tradicionalmente satanizados y criminalizados. Jesús Mendoza habló de la situación de los campesinos que producen amapola y de la necesidad de su inclusión económica y social y de garantizar su seguridad. Entre el público estaba Arturo López Torres, campesino que cultiva amapola en Guerrero y que en el espacio de preguntas planteó su perspectiva. Frente al tema de los de los posibles desarrollos alternativos que tradicionalmente se plantean para atacar a la producción, Hans Mathieu, representante en México de la Fundación Friedrich Ebert, expuso su escepticismo basado en la evidencia de los fracasos de ese tipo en programas, como la sustitución de cultivos, en México y en otros países.