México gastará en 'otro avión presidencial' de 8 mil
millones de pesos... en forma de una consulta
Enrique Pérez Quintana
Enrique Pérez Quintana
Yahoo Noticiasmié., 7 de octubre de 2020 11:35 a. m. CDT
Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images
Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la
Constitución le manda interpretar fielmente el espíritu y contenido de sus
artículos y le otorga igualdad ante los poderes Legislativo y Ejecutivo. No es
su función hacer política porque al hacerlo desvirtúa su esencia. No está
obligada a complacer los deseos de los otros poderes, aunque por estos días
atendió los del presidente Andrés Manuel López Obrador, al declarar
constitucional su propuesta para llevar a cabo una consulta popular, con la que
originalmente quería enjuiciar a cinco expresidentes.
La SCJN, tuvo que hacer “política” para satisfacer las
expectativas del presidente López Obrador de enjuiciar a los expresidentes, a
los que considera responsables del periodo neoliberal y hace responsables de
abusos de poder y corrupción.
El quehacer político de la SCJN inició con la filtración a
medios del dictamen del ministro Luis María Aguilar en el que planteaba
declarar inconstitucional la petición de consulta popular para juzgar a los
expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto.
Según el ministro Aguilar, la consulta planteada por López
Obrador llevaría a "condicionar el ejercicio y la protección de los
derechos humanos a la voluntad de las mayorías, lo cual es contrario a la
Constitución. Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran
incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos
y el Estado de derecho mismo".
La filtración del dictamen obtuvo la reacción del presidente
López Obrador que en su conferencia de prensa mañanera pidió al Pleno de la
SCJN que autorizara la participación de la ciudadanía en una consulta y comentó
que de no ser así enviaría una iniciativa para reformar el artículo 35 de la
Constitución para llevarla a cabo.
Es practica de la SCJN, integrada por once ministros, que su
presidente, actualmente Arturo Zaldívar, dirija el debate, sea el último en
manifestarse y votar. No ocurrió así. Al invertir el orden y ser el primero en
manifestarse y votar, significó otra jugada política, al no asumir su
responsabilidad de ser el voto de desempate entre los ministros. Se autorizó la
consulta solicitada por López Obrador con seis votos a favor y cinco en contra.
Otra maniobra política de la SCJN fue cambiar la pregunta
original que, el ministro Aguilar consideraba inconstitucional, por otra que
solicita el acuerdo ciudadano para “emprender un proceso de esclarecimiento de
las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos,
encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles
víctimas".
El presidente López Obrador se dijo satisfecho por el
resultado porque había logrado una votación favorable a su propósito de llevar
a cabo una consulta, pero en el camino perdió la esencia de su objetivo al no
poder especificar en la pregunta los nombres de los cinco expresidentes y, en
consecuencia, no podrá enjuiciarlos.
La pregunta planteada por la SCJN quedó abierta a esclarecer
las decisiones políticas de los años pasados, lo que implica que el propio
López Obrador podría ser incluido en un proceso de esclarecimiento como actor
político relevante.
La autorización de la SCJN significa para López Obrador
continuar con su discurso de campaña. Los mexicanos hemos aprendido que las
ocurrencias del presidente no solo tienen efectos políticos, también tiene
costos financieros altos. La consulta autorizada por la SCJN se tendría que
llevar a cabo el 1 de agosto de 2021 y tendría un costo aproximado de 8 mil
millones de pesos, según Uuc-Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional
Electoral (INE).
La utilidad de la consulta sería nula porque las respuestas
que se obtengan no son vinculantes y obligatorias para el ministerio público,
que ya de antemano tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones
a la ley.
El costo de 8 mil millones de pesos de esta ocurrencia
presidencial es más de tres veces el valor actual del Avión Presidencial,
valuado en 130 millones de dólares, alrededor de 2,400 millones de pesos.
Estas cifras no interesan al presidente López Obrador, no
están en la órbita de sus prioridades. Su interés es la política, la disputa
del poder y conservarlo para los que vienen atrás de él. Tampoco ha sido
prioritaria la crisis económica, la pandemia, la inseguridad y la política
exterior.
Lo suyo, lo suyo es el poder. El dinero no sale de su bolsa,
es el de todos. Pero quien le dice No al presidente. La SCJN tampoco.
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