Los Bones and Skull y LOS PROBLEMAS DEL CONTROL DE LA POBLACIÓN

Los Bones and Skull y LOS PROBLEMAS DEL CONTROL DE LA POBLACIÓN
(...)Para las elites norteamericanas, la relajación de las tensiones de la guerra fría fue una bendición a medias. Ciertamente, la debilitación del elemento disuasor soviético facilita el recurso de los Estados Unidos a la violencia y la coacción en el Tercer Mundo, y el colapso del sistema soviético prepara el terreno para la integración de gran parte de la Europa del Este y Europa Central en los dominios que han de «complementar a las economías industriales de Occidente». Pero los problemas surgen cuando se trata de controlar al público, siempre amenazador, en nuestro país, y de mantener la influencia sobre los aliados, hoy rivales creíbles en términos de poder económico y a la cabeza del proyecto de adaptar al nuevo Tercer Mundo a sus necesidades. (...)

1. «EL INTRANQUILIZADOR ESPECTRO DE LA PAZ»

El «intranquilizador espectro de la paz» suscita «espinosas cuestiones "en relación con la paz"», observa el Wall Street Journal. Este espectro representa una amenaza crucial para el habitual recurso a los programas militares keynesianos que han constituido el dispositivo fundamental de la gestión económica del Estado durante el período postbélico. El Journal cita al antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, el general Edward Meyer, quien piensa que unas fuerzas armadas más intensivas en capital y dotadas de más alta tecnología garantizarían «un gran negocio para la industria»: tanques robot, aviones sin piloto, sofisticados aparatos electrónicos -todos de dudosa utilidad para todo fin militar defensivo (o probablemente para todo fin), aunque esta no es la cuestión. Ello constituye, sin embargo, una esperanza bastante débil. ¿Cómo se obligará al público a pagar los costes sin una amenaza roja creíble en el horizonte?

(...)Matthew Coffey, presidente de la National Tooling and Machining Association, declaró: si disminuye el presupuesto militar, «tendremos que pasar por una experiencia difícil y dolorosa». Existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que el Estado tendrá que proporcionar créditos a la exportación y otros beneficios a la industria: «A menos que se adopte una alternativa de retroceso, será imposible reducir los sistemas armamentísticos», comentó el demócrata liberal neoyorquino Ted Weiss. El republicano de Ohio, John Kasich, asintió, al tiempo que murmuraba algo acerca de «bienestar empresarial», (...) .

(...) Los círculos empresariales han dado por sentado durante mucho tiempo que el Estado debe desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento del sistema del beneficio privado. Pueden acoger con agrado las charlas sobre la libre empresa y el laissez-faire, pero únicamente como un arma para evitar la desviación de los recursos públicos a la población general o para facilitar la explotación de las posesiones.(...)

Los problemas del control social aumentan en tanto que se limita la capacidad de coacción del Estado. Al fin y al cabo, difícilmente es una ley de la naturaleza que unos pocos hayan de mandar mientras la multitud obedece, que la economía tenga que estar orientada a asegurar lujos para unos cuantos y no a cubrir las necesidades de todos, o que el destino -incluso la supervivencia- de las futuras generaciones sea descartado como irrelevante para la planificación. Si la gente corriente es libre de meditar sobre las causas de la miseria humana (según palabras de Barrington Moore), puede muy bien sacar todas las conclusiones erróneas. En consecuencia, se la debe adoctrinar o distraer, tarea que requiere infatigables esfuerzos. Los medios son muchos; engendrar el temor a un enemigo amenazador ha sido siempre un poderoso elemento disuasor.

Los años del Vietnam suscitaron muchas preocupaciones. Para contrarrestar la amenaza, fue necesario restaurar la imagen de la benevolencia norteamericana y reconstruir la estructura del miedo. Ambos desafíos se abordaron con la dedicación que requieren.
(...)En los tiempos de Reagan, se añadió un «ansia de democracia» a la colección de medidas para el control de la población. Como dice Tucker, bajo la doctrina Reagan, «la legitimidad de los gobiernos no dependerá ya simplemente de su efectividad, sino de su adecuación al proceso democrático» y «existe un derecho de intervención» contra los gobiernos ilegítimos -un objetivo demasiado ambicioso, en su opinión, pero, por lo demás, no problemático. Los ingenuos podrían preguntar por qué no hemos ejercido este derecho de intervención en Corea del Sur, Indonesia, Suráfrica o El Salvador, entre otros candidatos. Sin embargo, no hay incoherencia. Estos países se han comprometido con la «democracia» en el sentido funcional de la palabra: el gobierno incontestado de elementos de la elite (mundo empresarial, oligarquía, militares) que generalmente respetan los intereses de los inversores estadounidenses, con métodos adecuados para su ocasional ratificación por parte de segmentos del público. Cuando estas condiciones no son satisfechas, la intervención «para restaurar la democracia» es legítima.
Por citar el caso de moda en los años ochenta, Nicaragua con los sandinistas era una «sociedad totalitaria» (según el secretario de Estado, James Baker) y una «dictadura comunista» (según los medios de comunicación), en la que debemos intervenir masivamente para asegurarnos de que las élites sensibles a los intereses norteamericanos prevalecen como en los demás países de la región. Colombia, por el contrario, es una democracia con un «terreno de juego despejado», según la jerga actual, puesto que estos elementos gobiernan sin desafíos políticos.

Una mirada más atenta a Colombia resulta directamente relevante para lo que comentaremos a continuación y proporciona una idea más clara de lo que constituye una «democracia». En Colombia, nos informa el New York Times, gente valiente amenazada por la «violencia de las bandas de la cocaína» está luchando «para preservar la normalidad democrática» y «para mantener vivas las instituciones democráticas». No se alude aquí a los campesinos, a los líderes sindicales o a los defensores de la justicia social y de los derechos humanos que se enfrentan a la violencia de los militares y a la oligarquía. Y, crucialmente, la normalidad democrática no ha sido nunca amenazada por el hecho de que los dos partidos que comparten el poder político sean «dos caballos [con] un mismo propietario» (el antiguo presidente Alfonso López Michelsen) -circunstancia no exactamente desconocida para nosotros. Tampoco generan ningún problema las verdaderas condiciones de esta «normalidad democrática». Por mencionar unas cuantas, los escuadrones de la muerte han asesinado a cerca de 1.000 miembros del único partido que no es propiedad de la oligarquía (la Unión Patriótica, UP) desde su fundación en l 985, dejando a los sindicatos y a las organizaciones populares sin ninguna representación política significativa. La desaparición y ejecución de los líderes indios, comunitarios y del movimiento obrero es una parte habitual de la vida cotidiana, mientras «muchos colombianos insisten en que las tropas del ejército actúan como si fueran una fuerza de ocupación en territorio enemigo» (Americas Watch). Estos escuadrones de la muerte dedicados a la exterminación de «elementos subversivos» están confabulados con las fuerzas de seguridad (Amnistía Internacional). un informe oficial del gobierno hecho público en 1983 halló que aproximadamente un tercio de los miembros de los grupos paramilitares implicados en asesinatos políticos y otros actos terroristas eran funcionarios en servicio activo, pauta que continúa hasta nuestros días, así como las alianzas con narcotraficantes, según los informes sobre los derechos humanos (Alfredo Vásquez Carrizosa, presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos de Colombia y antiguo ministro de Asuntos Exteriores). Los escuadrones de la muerte han creado «un ambiente de terror, incertidumbre y desesperación» y «todas las familias en las que siquiera un miembro está implicado de algún modo en actividades orientadas a la justicia social» están bajo constante amenaza de desaparición y tortura, llevada a cabo con «impunidad» por los militares y sus aliados (Pax Christi Netherlands), incluyendo las «bandas de la cocaína» y el propietario de los dos caballos. Los asesinatos políticos de 1988 y 1989 alcanzaron una media de once diarios (Comisión Andina de Juristas, oficina de Bogotá).

Todo ello despeja el terreno de juego y no plantea amenaza alguna para «las instituciones democráticas», ni pone en peligro «el objetivo histórico de los Estados Unidos».

De modo similar, el aumento de los cárteles de la droga en Guatemala «ha desencadenado una profunda preocupación por la supervivencia de la naciente democracia del país», advierte LindseyGruson en el New York Times. «La aparición de Guatemala como un importante jugador en el bazar internacional de la droga» -juntamente con Honduras y Costa Rica, hoy «rutinariamente» utilizados para el transbordo de droga-, «ha despertado entre los diplomáticos de los Estados Unidos la preocupación de que ello pueda dar lugar a un encarnizado debate en el Congreso acerca de la ayuda a este país, que acaba de salir del aislamiento internacional tras años de gobierno militar».

Pero los acontecimientos acaecidos unos días antes, rutinarios durante muchos años y demasiado insignificantes para llegar al Times, no suscitaron duda alguna sobre la «naciente democracia» ni amenazaron la afluencia de ayuda militar y de carácter vario procedente de los Estados Unidos. Los servicios telegráficos informaron que «aterrorizada por una nueva oleada de violencia política, la familia de un activista defensor de los derechos humanos secuestrado huyó de su país [el 23 de septiembre] tras pasar casi seis semanas oculta en una habitación en la Cruz Roja». El representante federal general para asuntos de derechos humanos dice que «es increíble cómo se ha perseguido a esta familia» a causa de las actividades en favor de los derechos humanos de María Rumalda Camey, miembro del Grupo de Apoyo Mutuo de los familiares de desaparecidos. Fue secuestrada en agosto por unos hombres armados, siendo la cuarta persona de su familia que desaparecía en diez meses. «Los demás acabaron apareciendo, todos muertos de un disparo y arrojados en la cuneta de sendas carreteras.» La familia acudió a la oficina del Grupo de Apoyo Mutuo en la ciudad de Guatemala, pero fue evacuada por la Cruz Roja cuando anrojaron una granada por la ventana media hora después de su llegada. «En los últimos dos meses», continúa el informe, «se ha producido un aumento de los asesinatos y bombardeos», con cuerpos mutilados abandonados en las cunetas de las carreteras como advertencias. Este «aumento» es superior al nivel normal de atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad y sus escuadrillas y asociados no oficiales. Así, el 15 de septiembre, la prensa guatemalteca informó que en una provincia del suroeste y en un período de cuarenta y ocho horas se habían encontrado quince cuerpos que presentaban señales de tortura. Según un superviviente, antes de que las secuestraran esas personas fueron seguidas por un vehículo del ejército perteneciente a una base militar cercana. Pocos días después, se halló el cuerpo de un estudiante, el séptimo de doce recientemente «desaparecidos» al estilo clásico de las fuerzas de seguridad de los estados clientes de los Estados Unidos. Se hallaron otros cuerpos con miembros cortados y señales de tortura. Miles de campesinos que regresaron de México tras haberles sido prometidas tierras y seguridad están planeando huir a campos de refugiados mexicanos a causa de la violencia y del incumplimiento de estas promesas por parte del gobierno, según informa la prensa local.

Los objetivos son los campesinos, activistas y organizadores. Por lo tanto la «naciente democracia» sufre, como máximo, desperfectos menores y está a salvo del aislamiento intennacional o del recorte de fondos -al menos, mientras no perjudique los intereses del amo.

(...) En 1983, la CIA reconoció que, desde 1976, la tasa de crecimiento del gasto soviético en defensa había descendido de un 4'5 por 100 a un 2 por 100 y la tasa de crecimiento de la compra de armas había disminuido -exactamente al contrario de las afirmaciones realizadas para justificar el programa de rearme de Carter que fundamentalmente se ejecutó en tiempos de Reagan. En un nuevo y cuidadoso análisis de los datos, el economista Franklyn Holzman llega a la conclusión de que la relación entre los gastos militares soviéticos y el PNB cambió escasamente después de 1970 y el total parece ser «considerablemente inferior» a los gastos norteamericanos (por no hablar del hecho de que los aliados de los Estados Unidos en la OTAN rebasaron los gastos de los aliados soviéticos del Pacto de Varsovia en más de cinco a uno, que del 15 al 20 por 100 de los gastos soviéticos están dedicados al frente de China y que sus aliados han sido de escasa confianza). «La diferencia en el gasto militar soviético -concluye- al igual que la "diferencia de bombarderos" de los años cincuenta y la "diferencia de misiles" de los años sesenta, resulta ser un mito».'

Desde los primeros años de la guerra fría, la auténtica amenaza ha sido «la agresión política soviética» (Eisenhower) y lo que Adlai Stevenson y otros denominaron «la agresión interna». Una alianza militar de la OTAN poderosa, afirmaba Eisenhower, debería «transmitir una sensación de confianza que haría [a sus miembros] más fuertes políticamente en su oposición a las invasiones comunistas» -es decir, a la «agresión política» desde dentro por parte de «comunistas», palabra que por lo general se entendía incluía al movimiento obrero, a los demócratas radicales y a amenazas similares para la «democracia». Al hacer estas observaciones en su historia de las armas nucleares, McGeorge Bundy añade que Eisenhower «no creía que los rusos quisieran ni planearan ninguna agresión militar a gran escala».

Esta idea era común entre los planificadores racionales, lo cual no supone que no se convencieran fácilmente a sí mismos de que las hordas soviéticas estaban en marcha cuando tales doctrinas eran útiles para otros fines. Parte de la preocupación relativa al declive de la amenaza soviética es que no podrán ya evocarse las imágenes adecuadas cuando tengamos que apresurarnos a defender a los sectores privilegiados frente a la agresión interna.
En los primeros años de Reagan, la amenaza soviética fue manipulada en favor de los objetivos gemelos de la intervención en el Tercer Mundo y del establecimiento de un Estado del bienestar para los privilegiados. Transmitiendo la retórica de Washington, los medios de comunicación ayudaron a crear un breve período de apoyo público en pro del rearme, confeccionando al mismo tiempo un útil mito acerca de la inmensa popularidad del carismático «gran comunicador» para justificar el apoyo a los ricos organizado por el Estado. También se emplearon otros dispositivos. Gracias a la campaña desarrollada por el gobierno y los medios de comunicación, en 1986 el 60 por 100 del público acabó considerando a Nicaragua como un «interés vital» de los Estados Unidos, muy por encima de Francia, del Brasil o de la India. A mediados de los años ochenta, el terrorismo internacional asumió un papel central, particularmente en Oriente Medio. Para apreciar lo brillante de esta proeza de la propaganda, debemos tener en cuenta que incluso en los años de mayor preocupación, 1985-1986,1os Estados Unidos y su aliado israelí fueron responsables de los más graves actos de terrorismo internacional en esta región, por no hablar del papel destacado de los Estados Unidos en el terrorismo internacional en todo el mundo también en años anteriores. El peor acto terrorista de la región fue la colocación de un coche bomba en Beirut en 1985 que costó la vida a 80 personas e hirió a 250. Ello fue gráficamente descrito, pero no encajaba en el canon al haber sido iniciado por la CIA. Por citar otro asombroso ejemplo, en 1987 se reveló que una de las muchas operaciones terroristas organizadas contra Cuba tuvo lugar en un momento particularmente tenso de la crisis de los misiles. Un grupo terrorista enviado por la CIA hizo volar por los aires una instalación industrial cubana, habiéndose informado de un total de cuatrocientos trabajadores muertos, incidente que podría haber desencadenado una guerra nuclear. No encontré ni la más mínima referencia a este hecho en los medios de comunicación en medio de la furia desatada ante «la peste del terrorismo internacional» propagada por árabes dementes respaldados por la KGB en el esfuerzo por perjudicar a Occidente. Respetadas obras de especialistas en la materia se atienen estrictamente al canon oficial .

Amenazas como la de Nicaragua y los terroristas internacionales tienen la ventaja de que son débiles e inofensivas. A diferencia del enemigo soviético, Granada y Libia pueden ser atacadas con impunidad, suscitando actitudes arrogantes y, por lo menos, unos instantes de unión en torno a la bandera. Por el contrario, podríamos quejarnos amargamente contra el enemigo soviético, pero no más. por la misma razón, esta amenaza es difícil de sustentar. Para aumentar la credibilidad, los objetivos seleccionados se solían vincular al imperio maligno, siendo las pruebas habitualmente irrelevantes. Pero también estas acusaciones han perdido su fuerza y se precisan imperiosamente nuevos monstruos para mantener a la población en el buen camino.
Entramos en el cártel de Medellín.

2. LA GUERRA CONTRA LA DROGA

Para hacer un buen papel, una amenaza ha de ser grave o, al menos, ha de poder ser descrita como tal. La defensa contra la amenaza debe engendrar el adecuado espíritu marcial entre la población, la cual debe dar a sus gobernantes vía libre para aplicar políticas fundadas en otros motivos y debe tolerar la erosión de las libertades civiles, un beneficio secundario de particular importancia para los reaccionarios partidarios del Estado que se disfrazan de conservadores. Por otro lado, dado que el objetivo es desviar la atención del poder y de sus operaciones -de las oficinas federales, salas de juntas empresariales y similares-, una amenaza para nuestros días debería ser lejana: «el otro» debería ser muy distinto de «nosotros» o, por lo menos, lo que se nos ha enseñado a aspirar a ser. Asimismo, los objetivos establecidos deberían ser lo suficientemente débiles como para atacarlos sin coste; también ayuda que el color no sea el correcto. En pocas palabras. la amenaza debería situarse en el Tercer Mundo o los barrios pobres de nuestro propio país. La guerra contra la amenaza debería estar también destinada a ganarse, como precedente para futuras operaciones. Un requisito fundamental para todo este esfuerzo es que los medios de comunicación lancen una campaña de propaganda correctamente estructurada, lo cual nunca es un problema.

La guerra contra las drogas fue una elección natural para la próxima cruzada. En primer lugar, no hay duda sobre la gravedad del problema; nos centraremos directamente en las dimensiones del mismo. Pero para que sea útil a nuestros fines, la guerra debe estar limitada y conformada con precisión, debe estar dirigida a los objetivos adecuados y evitar de forma decisiva a los agentes principales. También esto se logró con facilidad. La guerra está también estructurada de forma que, en retrospectiva, haya conseguido algunas de sus metas. Un objetivo fundamental de la estrategia de Bush y Bennett fue una disminución lenta y regular de los datos sobre el uso de droga comunicados al público. La prueba será el Federal Household Survey on Drug Abuse, el cual, unas cuantas semanas antes de que el plan fuera dado a conocer, mostraba un descenso del 37 por 100 entre 1985 y 1988. El objetivo declarado parecía, pues, una apuesta bastante segura.

La guerra fue declarada a bombo y platillo por el presidente Bush a principios de septiembre de 1989 -o mejor dicho, redeclarada, tras el convenio establecido veinte años antes por el presidente Nixon, cuando realizó la primera impresionante declaración de este tipo. Para preparar correctamente el terreno para esta fase, el zar de la droga, William Bennett, anunció que se había registrado un notable incremento en la frecuencia del consumo de cocaína desde 1985 -«una prueba terrible de que nuestra actual epidemia de la droga ha llegado demasiado lejos»- y de que nos enfrentamos a un «caos creciente en relación con la droga» y a una «espantosa y cada vez más profunda crisis». Pocos meses después, la Casa Blanca convocaba una conferencia de prensa para presentar un nuevo estudio «como prueba de que nuestra estrategia nacional contra la droga estaba triunfando y que el consumo de narcóticos estaba pasando de moda entre los jóvenes norteamericanos», informó Richard Berke en el New York Times. Así que los guerreros de la droga, según la más auténtica tradición norteamericana, se estaban enfrentando incondicionalmente al enemigo y le estaban venciendo.

No obstante, hay unos cuantos problemas. En 1989, el descenso no hace más que continuar una tendencia que comenzó en 1985-1986 por lo que respecta a la cocaína y en 1979 por lo que respecta a otras drogas ilegales, acompañada de un descenso en el consumo de alcohol entre las personas de edad, aunque no había ninguna «guerra contra el alcohol». El consumo de cocaína disminuyó de forma acusada en 1989, con un descenso del 24 por 100 en el tercer trimestre, antes de la declaración de la guerra, según cifras gubernamentales. El «incremento» de Bennett es un poco difícil de reconciliar con las cifras sobre la disminución del consumo de cocaína, pero pocos meses después de que la sorprendente noticia fuera dada a conocer con la debida fanfarria e impacto, se reveló que la paradoja era mera falsedad estadística. En las últimas páginas, leemos además que un estudio elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales en relación con los Narcóticos del Departamento de Estado [State Department Bureau of International Narcotics Matters] contradecía las afirmaciones de Bennett de que «el azote está comenzando a pasar», gracias a sus esfuerzos.

Como es menester, la guerra está dirigida contra «ellos» no contra «nosotros». El 70 por 100 del presupuesto de Bush y Bennett para la lucha contra la droga estaba destinado a velar por el cumplimiento de la ley. Aunque la clase baja no se puede encerrar en reservas urbanas y limitarse a devorarse a sí misma, sí puede ser encarcelada de una vez por todas. Oponiéndose a las críticas de liberales compasivos, Bennett apoyó una «política dura» por lo que respecta a los «programas educativos contra la droga»: «Si no tengo más que una alternativa, aplicaré siempre esta política porque conozco a los niños. Y ustedes podrían decirme que esta no es una visión demasiado romántica de los niños, que no es una visión demasiado halagueña de los niños. Y yo les respondería "tienen razón"». Bennett está exponiendo su postura de modo incompleto cuando dice que si hay una sola opción es preferible el castigo. En su cargo anterior como secretario de educación, pretendía recortar los fondos destinados a la educación contra la droga y expresó su escepticismo respecto de su valor.

La propuesta más ostentosa fue la ayuda militar a Colombia tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Sin embargo, como señala su hermano Alberto, «el poder militar central de los narcotraficantes reside en los grupos paramilitares que han organizado con el apoyo de los grandes terratenientes y de funcionarios militares». Aparte de reforzar «las fuerzas represivas y antidemocráticas», continúa Galán, la estrategia de Washington elude «el núcleo del problema» -es decir, «los lazos económicos entre el mundo legal y el ilegal», las «grandes compañías financieras» que manejan el dinero de la droga.

«Tendría más sentido atacar y perseguir a los pocos que se encuentran en la cima del negocio de la droga en lugar de llenar las cárceles de peces pequeños sin la poderosa estructura financiera que da vida al mercado de la droga.»

Ciertamente tendría más sentido si la meta fuera la guerra contra las drogas. Pero no tiene sentido para el objetivo de control de la población y es, en cualquier caso, impensable a causa del requisito de que la política estatal protege al poder y al privilegio, un elemento concomitante natural del «terreno de juego despejado» en el ámbito nacional.

Como zar de la droga con la administración Reagan, George Bush contribuyó materialmente a acabar con el contenido esencial de la verdadera «guerra contra las drogas». Funcionarios de la sección para el control de irregularidades del Departamento de Hacienda observaron el acusado aumento de la afluencia de dinero a los bancos de Florida (y posteriormente de Los Ángeles) cuando el comercio de la cocaína floreció en los años setenta y «lo relacionaron con el blanqueo a gran escala de los beneficios de la droga» (informe del Departamento de Hacienda). Presentaron información detallada sobre estas cuestiones a la Oficina para el Cumplimiento de la Ley sobre la Droga [Drug Enforcement Agency] (DEA) y al Departamento de Justicia. Tras algunas exposiciones públicas, el gobierno lanzó la operación Greenback en 1979 para procesar a los «blanqueadores» de dinero. Pronto fracasó. La industria bancaria no es un objetivo adecuado para la guerra contra la droga. La administración Reagan redujo el limitado control y Bush «no estaba, en realidad, demasiado interesado en el procesamiento financiero», recuerda el fiscal de la operación Greenback. El programa pronto dejó de existir y la nueva guerra contra la droga de Bush aspira a objetivos más aceptables. Analizando estos datos, Jefferson Morley comenta que las prioridades son ejemplificadas por las acciones del sucesor de Bush en la «guerra contra las drogas». Cuando se anunció un excedente de 8.000 millones de dólares para Miami y los bancos de Los Ángeles, William Bennett no hizo preguntas sobre la moralidad de sus prácticas ni inició investigación alguna, aunque emitió avisos de desahucio para los habitantes con renta baja y mayormente de raza negra de las viviendas públicas de Washington donde se había informado de consumo de drogas.

También puede haber algún buen ajuste. Un pequeño banco panameño fue presionado para que se declarara culpable de blanquear dinero tras una rápida operación. Pero el gobierno de los Estados Unidos retiró las acusaciones criminales contra su banco matriz, una de las principales instituciones financieras de América Latina, con base en uno de los centros del cártel colombiano de la droga. Tampoco parece que se dediquen serios esfuerzos para investigar las afirmaciones públicas de los «blanqueadores» de dinero del cártel sobre sus contactos con grandes bancos norteamericanos.

La anunciada guerra contra las drogas presenta otras varias lagunas que son difíciles de reconciliar con las intenciones anunciadas, aunque son bastante razonables según los principios que guían la política social. La elaboración de la droga requiere éter y acetona, que América Latina importa. Rafael Perl, asesor en política de la droga del Servicio de Investigación del Congreso [Congressional Research Service], estima que más del 90 por 100 de las sustancias químicas utilizadas en la producción de cocaína proceden de los Estados Unidos. En los nueve meses previos al anuncio de la guerra contra la droga, la policía colombiana dice haber requisado 5,6 millones de litros de dichos productos químicos, muchos de ellos hallados en barriles que exhibían los logotipos de empresas estadounidenses. Un estudio de la CIA llegó a la conclusión de que las exportaciones estadounidenses de dichos productos exceden, con diferencia, las cantidades empleadas para cualquier fin comercial legal, deduciendo que enormes cantidades están siendo desviadas para producir heroína y cocaína. Sin embargo, las empresas químicas están fuera de alcance. «La mayoría de las oficinas de la DEA tienen a un solo agente trabajando en la desviación de productos químicos», informa un funcionario norteamericano, de modo que controlarlas es imposible. Y no se ha informado de redadas realizadas por la Fuerza Delta en los cuarteles generales de estas empresas en Manhattan.

La referencia a la CIA nos hace recordar otra interesante laguna del programa. La CIA y otras oficinas del gobierno de los Estados Unidos han contribuido a establecer y mantener el negocio ilegal de las drogas desde la segunda guerra mundial, cuando las conexiones de la Mafia eran utilizadas para dividir y minar a los sindicatos franceses y al partido comunista, estableciendo las bases para la «French connection» con sede en Marsella. El Triángulo Dorado (Laos, Birmania, Tailandia) se convirtió en un gran centro para los narcóticos cuando las tropas chinas nacionalistas huyeron a esta región tras su derrota en China y, no mucho después de ésta, mientras la CIA ayudaba a llevar a cabo el tráfico de drogas como parte de su esfuerzo para reclutar un «ejército mercenario clandestino» de miembros de las tribus de las montañas para sus operaciones contrainsurgentes en Laos. A lo largo de los años, el tráfico de drogas llegó a implicar también a otros clientes de los Estados Unidos. En 1989, el general Ramón Montano, jefe de la policía filipina, declaró en una audiencia pública en Manila que los sindicatos de la droga que operaban en el Triángulo Dorado utilizaban las Filipinas como punto de transbordo hacia otras partes de Asia y Occidente y admitió que había funcionarios militares implicados, como había señalado una investigación del Senado. Las Filipinas están en camino de «llegar a ser como Colombia», observó un senador.

El efecto fue el mismo cuando la CIA pasó a centrar su atención en la guerra terrorista contra Nicaragua y en la resistencia afgana contra la ocupación soviética. La complicidad de las administraciones Reagan y Bush en los negocios de la droga en Centroamérica como parte de sus operaciones de apoyo a la contra es, en la actualidad, bien conocida. Se dive que el Pakistán se convirtió en uno de los principales centros internacionales del comercio de heroína cuando los productores y comerciantes afganos «vieron limitadas sus operaciones tras la invasión soviética en 1979» y trasladaron la empresa al otro lado de la frontera (South). «Durante varios años, el gobierno de los Estados Unidos ha recibido, pero se ha negado a investigar, informes sobre el tráfico de heroína por parte de algunas guerrillas afganas y de funcionarios militares pakistanís con quienes coopera», informó el Washington Post bastante después de que la guerra contra la droga avanzara a toda máquina. Funcionarios de los Estados Unidos han recibido informes directos sobre «el abundante contrabando de heroína» por parte de los principales receptores afganos de ayuda norteamericana y la clase militar pakistaní, que facilitaron información detallada a la prensa en Pakistán y Washington. «No obstante, según funcionarios norteamericanos, los Estados Unidos no han investigado o emprendido acción alguna contra algunos [léase "ninguno"] de los sospechosos.» El favorito de los Estados Unidos Gulbuddin Hekmatyar, líder terrorista del partido fundamentalista Hizbe-Islami, es acusado de estar profundamente implicado en el tráfico de drogas. Otros informes indican que los rebeldes afganos están siendo «debilitados por batallas locales cada vez más encarnizadas por el lucrativo comercio de heroína».

Al igual que en Asia, los aliados norteamericanos en Centroamérica están también atrapados en el tráfico de drogas. Únicamente Costa Rica tiene un gobierno civil (fraudes aparte), y su Comisión Parlamentaria para la Droga [Legislative Assembly's Drug Commission] ha facilitado información sobre estas cuestiones. El antiguo presidente Daniel Oduber fue citado por haber aceptado una contribución a su campaña de manos de James Lionel Casey, un ciudadano estadounidense encarcelado en Costa Rica bajo la acusación de tráfico de drogas. La Comisión recomendaba que a Oliver North, al almirante John Poindexter, al antiguo embajador Lewis Tambs, al antiguo jefe de la oficina de la CIA Joe Fernández y al general Richard Secord «no se les permitiera nunca más la entrada en Costa Rica», informó la prensa costarricense en julio de 1989, culpándoles de «abrir una puerta» a los traficantes de armas y drogas al organizar ilegalmente un «frente sur» para los contras en Costa Rica. Un coronel de la guardia rural fue acusado de of recer protección a los traficantes de droga que utilizaran las pistas de aterrizaje -incluyendo probablemente las utilizadas para el suministro a los contras en Nicaragua-, informó el presidente de la Comisión a los periodistas. Oliver North fue acusado de establecer una línea de suministro con el general Noriega que introdujo armas en Costa Rica y drogas en los Estados Unidos. La Comisión implicó también al ranchero norteamericano John Hull. Y más grave todavía, informó la Comisión, era «la obvia infiltración de bandas internacionales en Costa Rica que utilizaban la organización [de la contra]» a petición «del coronel North al general Noriega», quienes abrieron Costa Rica «al tráfico de armas y drogas» por parte de «esta mafia», en gran medida como «excusa para ayudar a los contras».

Existen buenas razones por las que la CIA y las drogas estén tan estrechamente vinculadas. El terror clandestino requiere fondos ocultos y los elementos criminales a los que recurren naturalmente los servicios de inteligencia esperan un quid pro quo. Las drogas son la respuesta obvia. La implicación a largo plazo de Washington en el negocio de la droga es parte esencial de sus operaciones internacionales, especialmente durante las administraciones Reagan y Bush. Un primer objetivo para una auténtica guerra contra la droga estaría, por tanto, al alcance de la mano.

Estos hechos son demasiado destacados para haber sido ignorados completamente, pero hay que mirar mucho más allá de los medios de comunicación para llegar a ser consciente de la magnitud e importancia de la «Washington connection» durante muchos años. La imagen pública transmitida fue muy distinta. Una ilustración típica es el artículo del corresponsal en Asia del New York Times, Steven Erlanger, titulada «El sureste asiático es actualmente el primer proveedor de heroína de los Estados Unidos». El artículo comienza con la afirmación de que «El Triángulo Dorado del sureste asiático, cuyo tráfico de drogas han estado intentando controlar los Estados Unidos durante 25 años, es, una vez más, la más grande fuente de la heroína que penetra en América ...». ¿Por qué el Triángulo Dorado ha sido un problema tan grande para los funcionarios estadounidenses desde 1965 -un año que, al fin y al cabo, conlleva ciertas asociaciones? Esta pregunta no se plantea, y no se menciona el papel del gobierno de los Estados Unidos y de su servicios de terror clandestino en la creación y mantenimiento del problema que «los Estados Unidos han estado intentando controlar». Los Estados Unidos aparecen únicamente como víctimas y defensores de la virtud. La discusión sobre las drogas entre los funcionarios norteamericanos y los tailandeses se está volviendo más «enérgica» e «incluso, en ocasiones furiosa», dicen los diplomáticos occidentales al haberse convertido Tailandia en el principal centro de contrabando y embarque para el Triángulo Dorado. No por casualidad -aunque no hay aquí ninguna insinuación-, Tailandia fue también designada como el punto focal de las operaciones militares, de terror y subversión de los Estados Unidos en el plan secreto para minar los acuerdos de Ginebra de 1954 pocas semanas después de que fueran adoptados, a pesar de las objeciones de los Estados Unidos, y, con posterioridad, fue utilizada como base principal de las operaciones estadounidenses de bombardeo y guerra clandestina, así como fuente de fuerzas mercenarias para Indochina. «Estamos intentando hacer comprender a los tailandeses que la droga es un problema internacional y que Tailandia es también un objetivo», dijo un diplomático. Este es, tal vez, el límite del papel de los Estados Unidos en Tailandia en general o de las operaciones del Triángulo Dorado en relación con la droga en particular, por lo que al Times se refiere.

Los medios de comunicación se unieron en torno a la guerra contra la droga específicamente concebida con su eficiencia y prontitud habituales. La decisión del presidente de enviar ayuda militar a Colombia y la declaración de guerra del 5 de septiembre contra «el desafío interno más difícil al que nos hemos enfrentado en décadas» desencadenaron una gran campaña en los medios de comunicación, confeccionada con precisión según las necesidades de la Casa Blanca, a pesar de que las absurdidades del programa eran tan manifiestas que hubo algunas pequeñas deserciones. Varias muestras (no científicas) de informes del servicio telegráfico a lo largo del mes de septiembre referían cuestiones relacionadas con las drogas que superaban a Asia, África, América Latina y Oriente Medio juntos. La obediencia de los medios de comunicación alcanzó tan cómicas proporciones que dio lugar a sarcásticos comentarios en el Wall Street Journal, donde Hodding Carter observó que el presidente procedía sobre una base segura: que los medios de comunicación marcarían el paso. «En Estados Unidos», prosiguió, «los medios de comunicación tienen una abrumadora tendencia a bailar al son que tocan y ladrar al unísono siempre que la Casa Blanca cualquier Casa Blanca- hace chasquear los dedos.»
El impacto a corto plazo fue impresionante. Poco después de las elecciones de noviembre de 1988, el 34 por 100 del público había seleccionado el déficit presupuestario como «la prioridad número uno de George Bush una vez tome posesión del cargo». El 3 por 100 seleccionó las drogas como principal prioridad, porcentaje bajo en relación con los meses anteriores. Tras la campaña de los medios de comunicación de septiembre de 1989, «un notable 43 por 100 dice que las drogas constituyen el problema más importante de la nación», informa el Wall Street Journal, mientras que el déficit presupuestario ocupa un distante segundo lugar con un 6 por 100. En un sondeo de junio de 1987 entre los votantes registrados en Nueva York, los impuestos fueron seleccionados como el problema número uno al que se enfrentaba el Estado (un 15 por 100), encontrándose las drogas mucho más abajo en la lista (un 5 por 100). Una repetición efectuada en septiembre de 1989 dio resultados radicalmente distintos: los impuestos fueron seleccionados por un 8 por 100, mientras que el problema de la droga se situaba mucho más arriba que cualquier otro, en un fenomenal 46 por 100. El mundo real apenas había cambiado. Su imagen sí lo había hecho, como había sido transmitido por las instituciones ideológicas, reflejando las necesidades del poder en aquel momento.

Un tono marcial tiene mayores beneficios para aquellos que defienden la violencia y la represión de Estado con el fin de garantizar el privilegio. La campaña del gobierno y los medios de comunicación ayudó a crear el ambiente necesario entre el público en general y el Congreso. Con un ademán triunfal, el senador Mark Hatfield, a menudo crítico de la confianza en la fuerza, dijo que en cada distrito congresual «las tropas están ahí. Todo lo que están esperando son las órdenes, un plan de ataque, y están listas para marchar». El proyecto de ley aprobado por el Congreso extiende la aplicación de la pena de muerte, limita las apelaciones por parte de los prisioneros y permite a la policía una mayor libertad para obtener pruebas, entre otras medidas. La totalidad del aparato represivo del Estado espera beneficiarse de esta nueva «guerra», incluyendo al sistema de inteligencia y al Pentágono (el cual, no obstante, es reacio a tener que participar en acciones militares directas que perderán rápidamente el apoyo popularl. La industria militar, preocupada por el inquietante espectro de la paz, olfatea aquí nuevos mercados y «esgrime espadas como armas en la guerra contra la droga», informa Frank Greve desde Washington. «Los analistas dicen que las ventas destinadas a la guerra contra la droga podrían representar un alivio para algunos sectores, tales como las operaciones de comandos, las tareas de inteligencia en relación con la defensa y el contraterrorismo», y los laboratorios militares federales pueden también hallar un nuevo papel. El coronel del ejército John Waghelstein, un importante especialista en contrainsurgencia, sugirió que la conexión entre los narcotraficantes y la guerrilla podía exportarse con el fin de movilizar el apoyo público a los programas de contrainsurgencia y desacreditar a sus críticos:

"La penetración de esta conexión en el pensamiento del público norteamericano y del Congreso daría lugar al apoyo necesario para hacer frente a los terroristas de la guerrilla y de los narcóticos en este hemisferio. Generar este apoyo sería relativamente fácil una vez que la conexión hubiera sido demostrada y que una guerra total hubiera sido declarada por las autoridades nacionales [National Command Authority]. El Congreso hallaría difícil obstaculizar el apoyo a nuestros aliados con el adiestramiento, consejo y ayuda en seguridad necesarios para realizar el trabajo. Los grupos eclesiásticos y académicos que han respaldado servilmente la insurgencia en América Latina se encontrarían en el lado equivocado del problema moral. Sobre todo, nosotros ocuparíamos la posición moral inatacable desde la cual lanzar un esfuerzo ofensivo concertado empleando activos del Departamento de Defensa [Department of Defense] (DOD) y ajenos al DOD."

En resumidas cuentas, todo siguió su curso.