No nos interesan los negocios privados sino los públicos
Durante esta semana hemos sido testigos de diversos hechos de importancia significativa para el sector energético de nuestro país. Por un lado está la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que negó a la Consejería Jurídica de la Presidencia un recurso de reclamación en contra de una suspensión que el máximo tribunal de nuestro país había dictado en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de este año. Esto significa que el referido decreto continuará suspendido hasta que la SCJN resuelva una controversia constitucional que la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso en contra del mismo, pues consideró que se invaden facultades que el poder reformador de la Constitución le otorgó a esta institución.
Luego vino la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa del jueves 22, en la que mostró no estar muy bien enterado de lo que había ocurrido en la SCJN, pues en realidad no se resolvió el fondo, sino que sólo se confirmó que el decreto está suspendido. A pregunta expresa de una reportera, el titular del Ejecutivo respondió: “Si no hay otra instancia y, este, para defender el interés público si es necesario, eh, propondría en su momento, lo he dicho, una reforma constitucional, para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales…”.
Momentos antes de ese pronunciamiento, también sobre el sector energía había señalado que su administración se encuentra en “una revisión de todos estos ordenamientos legales”, lo que no es sorpresivo, sin duda, así como tampoco lo fue un posterior enunciado, dentro de la misma reflexión, cuando señaló que “a nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos”. Aun cuando no debe sorprendernos, esta última expresión tiene mucho fondo, porque ilustra de cuerpo entero la visión real que tiene el presidente sobre el papel del Estado, al menos por lo que hace al sector energía. A partir de esa visión es como pueden entenderse los desplantes de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en distintos aspectos de los subsectores petróleo y electricidad, quien, entre otras perlas, ha deslizado su desprecio absoluto por los órganos reguladores del sector energía; sus intenciones para que estos se tarden en resolver los asuntos de los inversionistas privados, promovidos principalmente ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para dar prioridad a los asuntos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Gederal de Electricidad; la descarada violación a la autonomía de la CRE -prevista en el artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética- con las instrucciones que le daba a través de la Nueva Política de Confiabilidad, a la que me referí al inicio, y también la ilegal forma de expedir dicha política sin haber agotado el procedimiento de mejora regulatoria que prevé el marco legal vigente. Estos son sólo algunos lances administrativos que han contribuido a generar un horizonte de incertidumbre para los inversionistas privados involucrados hasta ahoraen el sector energía.
No puedo dejar de mencionar, desde luego, el famoso memorándum de julio pasado del presidente López Obrador y difundido a principios de agosto, en el que explica a los servidores públicos de los órganos reguladores del sector energético “cuáles son los compromisos, las acciones y los cambios que deben emprenderse, tanto en las dos empresas públicas en cuestión como los organismos reguladores del sector energético”. A manera de ejemplo, en dicho documento plasmó cuál debe ser el orden en que debe cargarse el sistema eléctrico nacional, es decir, en qué orden según el tipo de planta generadora.
Todo este mal ambiente en contra de la inversión privada en el sector energético fue el que generó el inusual escrito, firmado por senadores y representantes tanto republicanos como demócratas, en el que denuncian ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el trato preferencial que se le está dando a Pemex y el retraso en la resolución de solicitudes de permisos de empresas de energía estadounidenses, o bien, su cancelación, entre otras acciones, que en su opinión contravienen el espíritu, si no es que la letra, del T-MEC.
No se trata de una denuncia formal relacionada con el T-MEC, pero es un pronunciamiento político de enorme peso, pues los firmantes no solo son de ambos partidos y cámaras, sino que particularmente destacan por ser de los principales involucrados en su aprobación en el Congreso de Estados Unidos. La cuestión es que aunque el encumbrado negociador Jesús Seade le haya hecho creer al presidente y a los senadores de nuestro país que había aislado al sector energía de México de los compromisos que implicaba este acuerdo, la verdad es que no fue así. Primero, porque el capítulo de inversión del T-MEC prevé disciplinas en materia de inversiones, lo que incluye aquellas en los sectores de hidrocarburos y electricidad, que estén vinculadas con un contrato (licencia o concesión) que un inversionista de aquel país haya suscrito con el gobierno de México, cuya violación puede dar lugar a procedimientos de resolución de disputas.
Por otro lado, a propósito del T-MEC, resulta imperativo que alguien le diga al presidente que entre los compromisos previstos en dicho acuerdo, que él gustoso reiteró en la Casa Blanca con su poderosa firma, está que México no puede modificar su marco constitucional o legal de manera tal que establezca restricciones que vayan más allá de los compromisos que haya asumido en otro acuerdo (artículo 32.11 del T-MEC). Ese otro acuerdo es el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018.
Pues bien, digamos que el piso o límite para los cambios legales que México puede emprender, sin ser acusado de violar el T-MEC, son los compromisos asumidos en el CPTPP, que básicamente reproducen los alcances de la reforma energética de 2013-2014. Surge la duda de si la embestida política lanzada por los legisladores estadounidenses hará que el presidente modifique su visión y actitud hacia la inversión privada en el ramo energético o terminará por radicalizarlo, con el riesgo de sumir a México en un escenario de mayor incertidumbre y condiciones económicas más desfavorables en los siguientes años.
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