Yihad y terrorismo en España
LA RELIGIÓN se ha convertido en un problema de primer orden. Ya no podemos buscar culpables, petróleo, armas o poder; la idea es clara, el califato mueve a cientos de combatientes por todo el mundo, dispuestos a inmolarse movidos por sus propias creencias. El último comunicado del Estado Islámico (IS) en el atentado de Manchester no deja lugar a dudas, los no creyentes somos unos incrédulos y además, estamos aterrorizados. Después de esta gran barbaridad, tengo que traer a colación una frase que leí recientemente de Arturo Pérez Reverte -miro todavía al ser humano aprendiendo de él cada día. Con la lucidez suficiente para no amarlo y con el afecto necesario para no despreciarlo-, y mi pregunta es ¿hasta cuándo esta distopía?
En España la situación no es menos preocupante, según un estudio del Real Instituto el Cano, los yihadistas en España son varones entre 25 y 39 años, cada vez más jóvenes y principalmente de nacionalidad Argelina, Marroquí y Paquistaní. La mayoría de yihadistas se concentran en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Melilla, que se han convertido en ámbito destacado y de cultivo de la presencia yihadista, así como a lo largo del litoral mediterráneo. Con dos problemas a tratar, la evidente emergencia de segundas generaciones, para incrementar el potencial del terrorismo yihadista autóctono (homegrown terrorism) y los llamados lobos solitarios, individuos radicalizados que cuentan con la experiencia y el contacto de retornados de zonas de insurgencia yihadista.
En Cataluña, existe una fuerte vinculación con el yihadismo. Ya que en esta comunidad, en concreto en Reus, fue fundada la mezquita más radicalizada de toda España, fundada por Abdelhamid Ain el Hayat, íntimo amigo de Mohamed Atta, cabecilla de los atentados del 11-S.
Siguiendo en esta línea, Cataluña alberga unos 50 oratorios salafistas, o lo que es lo mismo, radicales; más de la mitad de los que se contabilizan en toda España, que son 95.
Y esta es la realidad, triste y aterradora. En nuestro país existen más yihadistas de lo que pensamos y la idea es clara e inequívoca, el esfuerzo bélico es un derecho y un deber de los soldados del califato y todos los que sean «cruzados» deben morir.
Apoltronados en nuestros asuntos, pensamos que se puede arreglar con palabras, y ojalá la realidad fuese así. En la última década, el terrorismo islámico está sembrando el pánico a nivel mundial y parece que estamos condenados a sufrir. Matan, y morimos, para convertirse en héroes de un lugar donde el pensamiento ha sido erradicado.
Cada vez que hay un atentado, surgen las mismas arengas políticas: no nos detendrán, no dejaremos de vivir nuestra vida. No quiero restar mérito a la gesta de crear una mayor conciencia colectiva sobre la forma de afrontar este tipo de delitos. Pero el problema es que nuestro Código Penal necesita un «cómo condenamos estas barbaridades». Con la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2015, nuestro Código Penal recoge todas las posibles formas terroristas, captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio, orientadas a la lucha del terrorismo islámico.
¿Pero qué ocurre con las penas de prisión? La pena máxima en nuestro país es de 40 años de cárcel para delitos de terrorismo, esta es la realidad de la pena de «prisión permanente revisable», y no la demagogia utilizada por algunos partidos políticos. Lo cierto es, que seguramente no llegues a estar 40 años en prisión, porque a los 24, máximo 32 años de cumplimiento de la condena, puedes obtener el tercer grado.
Ante este panorama que se avecina uno puede deducir que no hay nada que hacer, o plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo frenamos esto? El primer gesto es fundamental: habría que resolver las arrogancias y diferencias penales. Como bien sabemos, 40 años de prisión no pueden curar el dolor de un ser querido, no queda otro remedio que cambiar la pena de prisión permanente revisable, por la pena de prisión permanente, retirando el plazo máximo de 40 años para los delitos de terrorismo e imponiendo una pena única de 80 años de prisión.
Nuestra tarea, la de los políticos y todos los profesionales del derecho, pasa por contemplar, para comprender, que el efecto disuasorio en materia de terrorismo de nuestro Código Penalno es suficiente. Vivimos en un mundo en el que las cosas ya no se pueden interpretar como son, sino como se sienten. Por ello, no queda otro remedio que unir fuerzas y ser valientes, comprometiéndonos a evitar este grandísimo problema que nos acecha. Animando a los responsables políticos a que se den pasos adelante en esta materia, haciéndoles entender que no vamos a aceptar lo inaceptable.
«Si un pueblo pierde el miedo al poder, aparecerá entonces un gran poder». (Lao Tse)
Óscar Navarro López es Funcionario del Ministerio del Interior y Graduado en Derecho.
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