La guerrilla mexicana y Ayotzinapa

Por: JORGE LUIS SIERRA

La indignación general por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Guerrero ha abierto la posibilidad de que los movimientos armados intenten reactivarse y reclutar nuevos miembros, tomando ventaja del sentimiento de agravio que cunde ahora entre muchos jóvenes mexicanos y aprovechando la turbulencia de un ambiente infestado de milicias armadas, grupos de delincuencia organizada, funcionarios corruptos y agencias de seguridad abusivas e impunes.

Algunos de esos grupos podrían sentirse animados a abandonar su estado de células dormidas, unirse con otras células y acumular fuerza para futuras acciones armadas. En un estudio reciente de Jane's, una empresa de análisis de seguridad, las células dormidas mexicanas, integradas cada una por unos 15 elementos, podrían tardar 5 años en obtener capacidades reales de realizar operaciones armadas contra el gobierno local, estatal o federal.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) también se ha abstenido de operaciones armadas. Luego de la crisis de Iguala, el EPR se limitó a divulgar un comunicado de prensa acusando al gobierno mexicano y sus fuerzas de seguridad como responsables de la desaparición de los normalistas.

Vista en su contexto, la difusión del comunicado del EPR y su lenguaje pueden interpretarse como un intento de reclutar a aquellos estudiantes que sientan que no les queda otro camino distinto al de la lucha armada.

Con una escisión reciente, el EPR tendría todas las motivaciones para reanimar sus campañas de reclutamiento. El hecho de abstenerse de realizar acciones de propaganda armada y responder a través de comunicados es una demostración de que el EPR está activo.
Como toda insurgencia, el EPR necesita realizar operaciones que le den credibilidad como grupo opositor armado. Desde 2007, cuando se adjudicó una serie de atentados con explosivos contra ductos e instalaciones de Petróleos Mexicanos en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, el EPR no ha sostenido más operaciones de propaganda armada.
La ausencia de operaciones desde 2007 indica que el EPR ha tenido dificultades para crecer sus filas y acumular fuerza. La vigilancia tan cerrada de los servicios de inteligencia en universidades y centros de estudio afectó sus sistemas de proselitismo y redujo la posibilidad de reclutamiento.
Ante la dificultad de reclutar y entrenar nuevos integrantes, los movimientos armados podrían buscar alianzas con grupos de la delincuencia organizada que han sido diezmados por el gobierno y que pueden representar una oportunidad de acumular rápido fuerza y capacidad armada.
Reclutar estudiantes puede ser una actividad de alto riesgo para los grupos insurgentes, pero aliarse con criminales resentidos con el gobierno, curtidos y entrenados en la clandestinidad, pudiera representar una ventaja.
La variedad de formas de ejercicio de la violencia en México hace posible la formación de alianzas nuevas e inesperadas. Los grupos del narco se alían y se combaten entre sí en forma intermitente. La influencia de grupos criminales en las autoridades locales parece existir en por lo menos 250 municipios. Si a eso le agregamos la actividad de grupos de autodefensa y de grupos paramilitares, tenemos entonces un escenario complejo de resolver en el país.
El país necesita evidencias de que el gobierno federal esté tomando pasos para reducir la violencia, desmantelar las alianzas entre autoridades y grupos criminales y disminuir la impunidad en las violaciones cometidas por policías y soldados. Las respuestas ambiguas e ineficientes del gobierno aumentan la posibilidad de que más estudiantes se radicalicen y que los grupos insurgentes intenten salir de su condición dormida.