Aumenta el número de presos condenados a muerte y ejecutados en Egipto en los últimos meses tras procesos judiciales marcados por la falta de garantías
Lofti fue arrestado cuando apenas había cumplido los 21 años. Vagó durante semanas por sórdidos centros de detención hasta que, a base de torturas, las autoridades lograron arrancarle la confesión de su supuesta participación en un atentado contra un grupo de reclutas del ejército en Kafr el Sheij, a unos 130 kilómetros al norte de El Cairo. El joven fue ahorcado a principios de año tras un calvario judicial en el que, según las organizaciones de derechos humanos, se vulneraron las garantías más básicas.
"Sigo creyendo en la inocencia de mi hijo. Había pruebas que lo demostraban pero el fiscal militar jamás nos escuchó", murmura a EL MUNDO Ibrahim Ismail, padre del veinteañero cuya vida acabó en el cadalso de una cárcel de Alejandría junto a las de otras cuatro personas. "El régimen de Al Sisi ha ahorcado a nuestros hijos para ocultar sus propios crímenes y tranquilizar a las familias de las víctimas del atentado. Los verdaderos autores están en libertad", maldice.
La tragedia de Lofti no es un caso aislado en un país que bajo la presidencia de Al Sisi ha pulverizado registros. A las denuncias de desapariciones forzosas, muertes en custodia y torturas en infames prisiones se han sumado las condenas a muerte y las ejecuciones firmadas por el presidente, al alza durante los últimos meses.
Desde enero de 2014, 2116 personas han recibido la pena capital. Desde entonces al menos 81 condenas han sido aplicadas. A diferencia de Al Sisi, sus predecesores en el cargo -el islamista Mohamed Musi y el interino Adli Mansur- jamás rubricaron ninguna condena a muerte. "El perfil de los ejecutados es muy similar. Proceden de familias muy pobres y son casos que no reciben ninguna atención. El régimen sabe que su ahorcamiento no tendrá reacción", señaló Ezzat Ghoneim, director de la Coordinación Egipcia de Derechos y Libertades, en una entrevista concedida a este diario antes de que a principios de marzo fuese detenido por las fuerzas de seguridad. "Hay dos tipos de sentencias de muerte, las dictadas por tribunales castrenses sin garantías y las ordenadas por cortes civiles donde imperan las resoluciones políticas", deslizaba el activista, alcanzado por una ubicua campaña de represión.
El furor del 'rais' por el patíbulo llevó el pasado febrero al Parlamento Europeo a emitir una resolución de condena que exigía el cese inmediato de las ejecuciones e instaba a Al Sisi a "cumplir con su compromiso de llevar a cabo una reforma política y respetar los derechos humanos". El texto suscitó, como de costumbre, la iracunda censura de las autoridades locales y el apoyo de las organizaciones de derechos humanos que levantan acta de las repetidas violaciones firmadas por El Cairo. "Hemos documentado procesos injustos que incluyen el uso de la tortura y la desaparición forzosa de muchos de los que luego son sentenciados a muerte. En algunos casos, los condenados son acusados de ataques contra la policía que tuvieron lugar mientras estaban detenidos, por lo que no pudieron ser ellos", indican a este diario desde Human Rights Watch.
En plena escalada de las ejecuciones, una veintena de ciudadanos aguarda en el corredor de la muerte con el riego de un final inminente tras haber agotado todos los recursos. Como Abdelhamid Abdelfatah, un comerciante condenado al cadalso por el presunto asesinato del hijo de un juez. "Esperamos su ejecución en cualquier momento. Han rechazado nuestras alegaciones", confirma apesadumbrada su esposa Hagar el Hefnawi. "A mis hijos intento darles alguna esperanza, especialmente después de escuchar los otros ajusticiamientos. Mi hija de seis años siempre me pregunta: ¿Asesinará Al Sisi a mi padre en prisión?".
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