Asentamientos en los territorios ocupados: la mayor amenaza a la paz
20/08/2002 - Autor: Redacción Amanecer - Fuente: Amanecer del Nuevo Siglo
Recientemente, el Centro Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, B´Tselem, ha publicado un documento en el que por primera vez se detalla, en toda su extensión, la apropiación ilegal de tierras que los israelíes han realizado en Cisjordania desde la guerra de 1967. Los israelíes han construido en Cisjordania unos 200 asentamientos. Aunque éstos ocupan físicamente un 1,7% del total de la tierra, sus límites municipales ocupan tres veces esta cantidad, llegando al 6,8%. Además los consejos regionales han incluido otro 35,1% como territorio susceptible de ser utilizado para la construcción de nuevos asentamientos o la ampliación de los ya existentes. De esta forma, los israelíes pretenden apoderarse por el momento de, al menos, un 41,9% de Cisjordania. El así llamado "proceso de paz", que duró desde la Conferencia de Madrid de 1991 hasta la provocadora visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas en septiembre de 2001, no supuso la devolución a los palestinos de ni un palmo de este terreno.
Por el contrario, el número de asentamientos y de colonos en los Territorios Ocupados se incrementó, lo cual prueba el nulo interés real que han tenido los sucesivos gobiernos israelíes en el logro de un acuerdo de paz con los palestinos y su rechazo al pilar fundamental de este proceso, es decir, el principio de "paz por territorios".Cuando los Acuerdos de Oslo fueron firmados en 1993, la población de los asentamientos en Cisjordania, incluyendo en los de Jerusalén Este, era de unos 247.000. En estos años que siguieron el número se había incrementado en más de un 50% hasta alcanzar los 380.000 a principios de este año. Aunque durante el "proceso de paz" fueron reconocidas algunos poderes a la Autoridad Palestina, éstos se han aplicado solamente en varias docenas de enclaves y ciudades aisladas donde reside la mayoría de la población de Cisjordania, pero que equivalen únicamente al 42% del territorio palestino. Como explica el informe de B´Tselem, el control de las áreas que quedan, incluyendo el de las carreteras que conectan los enclaves palestinos y todos los puntos fronterizos entre Cisjordania y sus vecinos árabes, Jordania y Siria, han permanecido siempre bajo el control israelí. Uno de los principales instrumentos jurídicos utilizados por los ocupantes israelíes para declarar la tierra palestina como"tierra estatal" fue una ley otomana del siglo XIX.
Otras tierras fueron apropiadas bajo la excusa de "propósitos militares" o "necesidades públicas". Toda esta tierra ha sido posteriormente utilizada para la construcción de asentamientos. El Estado israelí ha puesto en marcha asimismo un sistema de tipo administrativo y financiero que tiene como finalidad la de lograr la anexión de toda esta parte del territorio palestino a Israel. Esta actuación del gobierno israelí supone una violación de la ley internacional en lo que respecta al estatuto jurídico de las tierras ocupadas militarmente y a los derechos humanos de los palestinos. Este sistema está basado en una discriminación racista que está basada en el criterio del origen religioso y étnico. Según el informe, tal sistema "no tiene paralelo en ninguna parte del mundo desde el desmantelamiento del régimen racista del apartheid en Sudáfrica". Con el fin de ocultar su política de anexión de los territorios palestinos, Israel ha hecho todo lo posible para impedir que toda la información referente a los asentamientos judíos en Palestina viera la luz. Mientras que la información relativa a los gobiernos locales en Israel es fácil de conseguir, B´Tselem tuvo que afrontar una batalla legal de cinco años con la llamada Administración Civil, término que los israelíes utilizan para denominar a su régimen administrativo ilegal en los Territorios Ocupados. Al final, la organización logró obtener esta información, aunque no actualizada. Un portavoz de la Administración Civil manifestó que "no poseen mapas actualizados de las autoridades regionales en Judea y Samaria", los nombres bíblicos que los israelíes insisten en usar para denominar a la Cisjordania palestina.
Hay que señalar, como ya se ha indicado, que la política sionista tendente al logro del Gran Israel (que recuerda a la de la Gran Alemania de Adolfo Hitler o la Gran Serbia de Milosevic) supone una flagrante violación de dos normas básicas de derecho internacional sobre la guerra y la ocupación militar: las Regulaciones de La Haya de 1907 y la Cuarta Convención de Ginebra de 1949. El uso exclusivo de tierras ocupadas para crear asentamientos judíos, con exclusión de los palestinos, es ilegal, con independencia de la justificación de tipo jurídico que intente darse. Las Regulaciones de La Haya están basadas en el principio fundamental de que las ocupaciones militares deben tener un carácter temporal. Esto tiene como fin el impedir que la potencia ocupante "cree hechos consumados sobre el terreno" que puedan impedir o dificultar cualquier futura solución política. Durante más de 10 años, Israel ha intentado justificar la expropiación de tierras palestinas para sus asentamientos "por razones de seguridad", con la cooperación y complicidad del Tribunal Supremo de Israel.
Más tarde, el gobierno israelí cambió su táctica y en ello jugó un papel fundamental el entonces ministro de Agricultura, Ariel Sharon, que, tras su nombramiento, pasó a detentar el control de la Administración de Tierras de Israel. Sharon se limitó a autorizar los asentamientos sobre lo que él afirmaba que era "tierra estatal". El Tribunal Supremo israelí rehusó intervenir y prohibir esta nueva práctica. Pero incluso, si la tierra apropiada hubiera sido realmente "tierra estatal" el artículo 55 de las Regulaciones de La Haya señala que sin tener la soberanía sobre un territorio, la Potencia Ocupante sólo puede usar la "tierra estatal" con el único propósito de administrar dicho territorio y no puede cambiar la naturaleza y las características de estas tierras, excepto por razones de seguridad y el bienestar de la población autóctona. Los asentamientos judíos suponen, sin embargo, un completo cambio de la naturaleza y características de la tierra, en beneficio, no de los palestinos, sino de los israelíes. El artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra señala, por su parte, que:"La Potencia Ocupante no transferirá o deportará a parte de su propia población civil a los territorios que ahora ocupa". La Cruz Roja ha señalado que este artículo está dirigido a impedir que se repita lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos millones de personas fueron transferidos a los territorios ocupados militarmente por razones de tipo político o racial, o con el fin de colonizarlos. Este artículo se aplica claramente a los cientos de miles de colonos judíos localizados en los Territorios Ocupados palestinos con el apoyo de tipo financiero y organizativo del Estado israelí y con el propósito último de facilitar la anexión de todos o parte de esos territorios ocupados a Israel.
Hay que mencionar aquí igualmente la violación israelí de la legislación internacional sobre derechos humanos en el caso concreto de los derechos de autodeterminación, igualdad ante la ley, propiedad y unos niveles de vida dignos, así como a la libertad de movimiento. Todos ellos se encuentran recogidos en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, en el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, éstos dos últimos de 1966, que Israel ha ratificado. Los asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza impiden la existencia de una continuidad territorial de las ciudades y pueblos palestinos de Cisjordania y también la creación de un estado palestino viable. No sólo ocupan una parte significativa de la tierra palestina, sino que también consumen la inmensa mayoría de los recursos acuíferos de Cisjordania. Los palestinos han de hacer frente a cortes de agua casi diarios mientras que los colonos disponen de aspersores para regar sus jardines y de piscinas. Los asentamientos judíos suponen también una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y varias otras normas internacionales debido a que consagran el principio de discriminación por motivo de raza o de religión. Los sionistas consideran que Israel no es un estado de sus ciudadanos sino de todos los judíos del mundo, ya vivan en Israel o ya sean ciudadanos y residentes en otros países.
El gobierno israelí ha animado a los judíos israelíes y a los que viven en el extranjero a irse a vivir a los asentamientos. Sin embargo, los árabes israelíes o los palestinos de los Territorios Ocupados no pueden irse a vivir a tales lugares. A esto hay que añadir que, pese a vivir en los territorios palestinos, los colonos están sujetos a las leyes de Israel, mientras que los palestinos lo están a las del régimen de ocupación. Esta situación, que ha continuado incluso tras la firma de los Acuerdos de Oslo y el establecimiento de la Autoridad Palestina, supone que dos poblaciones viven en el mismo territorio, pero sometidas a diferentes sistemas legales en base a su religión y origen nacional. Todo esto constituye una grosera violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación. B´Tselem también hace notar que el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de propiedad, está también siendo violado por los israelíes. Dado que los asentamientos judíos están situados en tierras arrebatadas por la fuerza a los palestinos, no cabe duda de que el derecho de éstos últimos a la propiedad ha sido claramente vulnerado.
Además de que esto representa una violación de las leyes internacionales, hay que decir que muchos de los procedimientos utilizados por los israelíes para apropiarse de las tierras palestinas han supuesto flagrantes y arbitrarias violaciones de los procedimientos establecidos en las propias leyes israelíes. Este robo de tierras a la población palestina supone también una violación de artículo 11 de Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que reconoce el derecho de toda persona a disponer de unos niveles de vida adecuados para sí misma y para su familia, incluyendo la alimentación, ropas y una vivienda adecuadas, pues muchos palestinos se han visto privados de sus medios de subsistencia tras perder sus tierras y granjas a manos de los israelíes. Esta apropiación de tierras para construir y expander los asentamientos judíos y la creación de carreteras para unir éstos han supuesto también un golpe para la vida económica de los palestinos. Por otra parte, la proximidad de muchos de estos asentamientos a las ciudades y pueblos palestinos ha impedido su desarrollo urbanístico. En algunos casos, los asentamientos han sido planeados deliberadamente con el fin de impedir esta expansión.
El artículo 12 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos declara que toda persona tiene libertad de movimientos, sin restricciones, dentro de su propio país. A este respecto hay que decir que la mayoría de los asentamientos que se encuentran en la región central de Cisjordania han sido establecidos cerca de la Carretera nº 60, que es la principal arteria que recorre Cisjordania de norte a sur. El Ejército israelí ha establecido puntos de control a lo largo de toda esta ruta para asegurar la seguridad y la libertad de movimientos de los colonos. Desde el inicio de la intifada en septiembre de 2000, los militares israelíes han colocado cientos de puntos de control con el resultado de que los viajes que antes requerían unos 15 minutos tardan ahora varias horas, si es que pueden llegar a completarse. Pese a que los asentamientos han llevado a toda una sucesión de crímenes y violaciones de los derechos contra el pueblo palestino, hasta el momento ni EEUU ni la Unión Europea o incluso la ONU se han molestado en elaborar un informe sobre este fenómeno. La principal razón que ha impulsado a la organización B´Tselem ?integrada sobre todo por abogados, académicos y otros profesionales liberales? a realizar este informe es la de intentar que Israel cumpla con sus obligaciones bajo la ley internacional y que esto lleve, en último extremo, al desmantelamiento de los asentamientos, a los que la organización considera, con razón, como la principal amenaza para un futuro acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. El informe describe como, pese a los cambios habidos en la política oficial israelí hacia los asentamientos en los pasados 35 años, todos los sucesivos gobiernos israelíes "han contribuido al reforzamiento, desarrollo y expansión" de aquéllos. El problema se agrava por el hecho de que los asentamientos han creado una capa social de unos 400.000 colonos, que están comprometidos a continuar con esta política expansionista, tanto por razones ideológicas como por otras más prácticas. Los primeros asentamientos
La política de asentamientos se inició poco después de la guerra de junio de 1967. En aquella época el ejecutivo laborista encabezado por Levi Eschkol se anexionó Jerusalén Este y la Ciudad Vieja, así como algunas otras áreas al norte, este y sur de la ciudad. Se incorporaron a la municipalidad (israelí) de Jerusalén zonas que no formaban parte de ella, según los límites establecidos por las autoridades jordanas con anterioridad a la guerra. El gobierno israelí comenzó entonces a construir asentamientos en las áreas que rodeaban a la ciudad "con el fin de impedir cualquier desafío a la soberanía israelí sobre dichas áreas y abortar las iniciativas que pudieran llevar a la retirada de éstas". En lo que respecta a la colonización de Cisjordania, ésta dio comienzo en septiembre de 1967, con la construcción del primer asentamiento judío en Kfar Etzion, hecho que desmentía claramente las afirmaciones del gobierno laborista de entonces de que estaba dispuesto a abandonar Cisjordania a cambio de la paz con sus vecinos árabes.
El gobierno israelí aprobó entonces el Plan Alon, llamado así en honor al antiguo general que encabezó el Comité Ministerial sobre los Asentamientos. Pese a que este plan sufrió numerosas revisiones, su propósito no era otro que el de redefinir y expandir los límites de Israel. Con este fin, el plan proponía el establecimiento de una red de asentamientos que asegurara "una presencia judía" y llevara en el futuro a una anexión formal de la mayor parte de Cisjordania, con excepción de las áreas densamente pobladas por los palestinos, que podrían ser parte de un futuro estado jordano-palestino. El éxito israelí en la guerra de 1967 dio paso a un fervor nacionalista, en especial entre algunos grupos religiosos de extrema derecha, que abogaron por anexionarse "la totalidad de la tierra de Israel", en la que incluían a Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Estos grupos formaron el Gush Emunim, el Bloque de los Fieles, bajo el liderazgo de algunos líderes religiosos extremistas. Su propósito era el de obligar al gobierno israelí a establecer tantos asentamientos como fuera posible en la "tierra bíblica de Israel", incluyendo en las áreas densamente pobladas por palestinos. Los colonos comenzaron a construir asentamientos con o sin el permiso oficial del gobierno israelí.
En este último caso, éste se apresuraba poco después a reconocer el nuevo asentamiento como "un hecho consumado". Así por ejemplo, tras siete intentos fallidos en 1974-75 de establecer asentamientos en el área de Nablus, los colonos alcanzaron un compromiso con el entonces ministro de Defensa, Shimon Peres, para que les permitiera instalarse en una base militar llamada Qadum, al oeste de la ciudad palestina. Dos años más tarde esta base se transformó oficialmente en el asentamiento de Qedumim. En 1977, casi 30 asentamientos judíos, con unos 4.500 colonos habían sido construidos en Cisjordania, la mayoría de ellas dentro de las áreas señaladas en el Plan Alon. Otros 50.000 israelíes vivían en los límites recién extendidos de la ciudad de Jerusalén. Siguiendo las recomendaciones del Plan Alon, los sucesivos gobiernos laboristas trataron de sellar herméticamente las ciudades y pueblos palestinos, con un muro de asentamientos judíos. Sin embargo, esto resultó imposible en la práctica y se intentó entonces establecer asentamientos en medio de las áreas palestinas con el fin de hacer la vida de los palestinos tan dura y miserable que muchos de ellos se vieran forzados a abandonar Cisjordania, lo cual equivalía a crear las bases para la realización de una gigantesca limpieza étnica en la zona.
En septiembre de 1977, Sharon dio a conocer un plan denominado "Una Visión de Israel en el Final de Siglo", en el que abogaba por el envío de dos millones de colonos judíos a los Territorios Ocupados a finales del siglo XX y por una nueva ola de inmigración judía a Israel. Sharon quería entonces crear una mayoría judía en Cisjordania de la misma forma en que los primeros colonos judíos hicieron en la costa mediterránea de Palestina en los años veinte y treinta. Sharon confiaba, y todavía confía hoy en día, en que tal mayoría haría imposible la devolución de esta tierra a los palestinos en el futuro. El pasado 6 de abril el periódico Financial Times recogió, a este respecto, unas declaraciones autobiográficas de Sharon en las que éste lamentaba que Israel se hubiera dejado de ser una nación de pioneros para transformarse en "algo menos excepcional". En este sentido, Sharon escribía: "Ellos (sus padres) creían firmemente en que sólo los judíos tenían derechos sobre esta tierra... no sólo un poder físico sino también espiritual". Naturalmente, el hecho de que tales tierras fueran palestinas no preocupaba en absoluto a personas con semejante mentalidad, que nunca dudaron en asesinar o cometer cualquier otro crimen con el fin de apoderarse de las tierras palestinas. Otro plan a mencionar fue el diseñado por el líder de la División de Asentamientos de la Organización Sionista Mundial, Matitiyahu Drobless. En un documento en el que estaba recogido este plan, Drobless señalaba que "la presencia de comunidades judías es fundamental para la seguridad del Estado.... No debe de haber ninguna duda de nuestra voluntad de retener Judea y Samaria (Cisjordania) para siempre.... La mejor y más efectiva forma de eliminar cualquier duda de esta intención nuestra es llevar a cabo una rápida expansión de los asentamientos en estas áreas".
Estos planes estaban enteramente en línea con los de Gush Emunim. Los miembros y simpatizantes de esta organización comenzaron a poblar los nuevos asentamientos durante el gobierno del Likud. Este último hizo también esfuerzos considerables para atraer hacia los asentamientos a los sectores laicos ofreciendo subsidios y otras ayudas para la adquisición de viviendas a los colonos y todo tipo de subvenciones a los consejos locales y regionales israelíes de Cisjordania. También estableció escuelas y servicios sociales mejores que los existentes en Israel. De esta forma, gracias a esta política del gobierno israelí, los asentamientos judíos ofrecían un mejor nivel de vida para sus ocupantes que los de las ciudades israelíes. Según B´Tselem, en el año 2000, en el que estaban culminando las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes, los consejos locales y regionales israelíes en Cisjordania recibían respectivamente un 65% y 165% más de fondos que los de Israel. Cuando Sharon, como ministro de Defensa, puso fin al gobierno militar de los territorios en noviembre de 1981 y puso en marcha la Administración Civil, él pretendía anexionar los Territorios Ocupados al Gran Israel.
El gobierno quiso desarrollar estos territorios y crear una infraestructura para crear fábricas, en particular industrias científicas y de alta tecnología, donde estarían empleados los colonos que residían en los asentamientos. El gobierno del Likud estableció también un gran número de nuevos asentamientos y hacia el año 1986, el número de colonos había alcanzado ya los 51.000. Entre los años 1988 y 1992, la población de los asentamientos creció en un 60%. Pese a las expectativas que surgieron con el gobierno laborista de Yitzhak Rabin, que prometió hacer la paz con los palestinos y firmó los Acuerdos de Oslo en 1993, la política israelí con respecto a los asentamientos no cambió y éstos continuaron ampliándose, pese a la existencia de negociaciones de paz. Muchos de los centenares de miles de judíos rusos llegados a Israel tras la caída de la Unión Soviética fueron alojados en ellos. Tal y como Sharon había calculado, la política de asentamientos ha venido dificultando cualquier solución de intercambio de "tierras por paz". Los colonos lograron una y otra vez presionar al gobierno de Rabin para que no cumpliera sus acuerdos con los palestinos y esto llevó en 1995 al asesinato del propio Rabin, creando así una crisis política que acabaría llevando al Likud al poder en 1996 y al bloqueo de las negociaciones de paz durante los tres años siguientes. En 1999, el primer ministro laborista, Ehud Barak, formó un gobierno de coalición con la derecha y los partidos fundamentalistas judíos, pese a que estos sectores no tenían ningún interés real en alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos.
Obligado a realizar más concesiones a los colonos, Barak no puedo tampoco ofrecer a los palestinos más que una oferta para el control de varios enclaves discontinuos que constituían un mero 42% del territorio de Cisjordania. Entre la firma de los Acuerdos de Oslo y el estallido de la segunda intifada en septiembre de 2000, el número de viviendas construidas en Cisjordania (dejando de lado Jerusalén Este y la Franja de Gaza) creció desde las 20.400 a las 31.480, un incremento del 54% justo en siete años. Es decir, durante el período de negociaciones, que estaban dirigidas supuestamente dirigidas a llegar a un acuerdo de paz con los palestinos basado en el intercambio de"tierras por paz", Israel no sólo no puso fin a su política de asentamientos sino que construyó más viviendas en ellos que nunca antes. En el año 2.000, durante el período de Barak, unas 4.800 viviendas coemnzaron a ser construidas, siendo éste el mayor número en un año de toda la historia. En lo que respecta al número de colonos, hay que decir que en 1993 la población de colonos en Cisjordania era de 100.500. Hacia finales del 2000, esta población era ya de 191.600, es decir que durante los años en que duró el "proceso de paz" esta cifra se incrementó en un 90%. En otro territorio ocupado, Jerusalén Este, la población de colonos creció desde los 146.800 de 1993 a los 173.300 del 2000. Aunque los autores del informe no lo dicen explícitamente, este documento pone de relieve el cinismo de los gobiernos israelíes que protagonizaron el así llamado"proceso de paz", iniciado por los Acuerdos de Oslo, y ofrece nuevas razones para comprender el estallido de la segunda intifada en septiembre de 2000.
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