Desde agosto de 2016, casi un año después de que Rosario Robles dejara la Secretaría de Desarrollo Social en medio de una estela de irregularidades y acusaciones por desvíos de fondos, el equipo de José Antonio Meade respondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “se desconocía”  la documentación de los quebrantos al erario público por 2 mil 435 millones de pesos, 77 millones de pesos y casi 23 millones de pesos en convenios firmados con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.



Así respondió el director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade en Sedesol, Luis Vivez López, a oficios con pliegos de observaciones enviados por Muna Dora Buchahin Abulhosn, directora general de Auditoría Forense de la ASF, según los oficios cuya copia obtuvo Proceso.
Vives López le respondió a la ASF que “desconoce los actores, términos y condiciones bajo las cuales se realizaron tales conciliaciones y gestiones; más aún se desconoce qué documentación soporte se estarían llevando a cabo las mismas”, pero no presentó ninguna demanda ante la Procuraduría General de la República por el presunto delito de sustracción de documentos oficiales contra integrantes del equipo de Rosario Robles.
En uno de esos pliegos de observaciones enviados por la ASF se señala el presunto desvío por 2 mil 435 millones de pesos al analizar el convenio del 2 de junio de 2014 que Sedesol suscribió con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), “para pagar a 134 coordinadores técnicos sociales”.
“Dichos gastos los debía realizar la universidad para cumplir con el objeto del citado convenio, el cual consistía en desarrollar un Servicio Integral de Orientación y Evaluación de las Actividades encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportación por la Infraestructura Social”, anotó la ASF, en el documento fechado el 1 de julio de 2016.
Este esquema de desvío de fondos se repitió en otro caso con Sedesol y la misma UAEMOR por 77 millones 847 mil pesos. La ASF afirmó que no se contaba con la documentación “que acredite la totalidad de los servicios contratados” y “no se tiene la certeza de que los recursos federales que la Sedesol pagó al amparo del convenio antes mencionado se hayan destinado para realizar el servicio solicitado” a la universidad.
La ASF advirtió en esta comunicación interna con el director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade que “los servicios fueron encomendados a una empresa diversa por un importe inferior al pagado por la Sedesol a la UAEMOR, no obstante, no podía subcontratar más del 49 por ciento ni ceder las obligaciones ni derechos contraídos en el convenio de coordinación para realizar los servicios, publicó la licitación pública número LP/DES/07/2014 la cual fue adjudicada a la empresa Grupo Industrial y Servicios Vafed S.A. de C.V. por un importe de 73 millones 159 mil 159 pesos, a la cual, la universidad, de los recursos recibidos por Sedesol el 16 de diciembre de 2014, transfirió la cantidad mencionada, aunque no se tiene evidencia de la utilidad del servicio contratado por la Sedesol, por lo que no se tiene certeza de que los recursos federales se hayan aplicado para los fines que fueron otorgados”.


La respuesta de Luis Vives López, con copia a José Antonio Meade Kuribreña, titular entonces de Sedesol, fue que “tras una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia” no se encontraron ni se “identificaron elementos distintos” a los ya aportados por la ASF.
Vives López le entregó a la ASF una carpeta con 16 anexos que le entregaron Francisco Báez Alvarez y Juan Francisco Martínez Lavín, ambos colaboradores de Emilio Zebadúa González, oficial mayor de Sedesol con Rosario Robles, pero aclaró que “no dispone de elemento alguno para convalidar el contenido, pertinencia, dubitabilidad, alcance y /o valor probatorio que se le pretenda otorgar a las documentaciones presentadas”.
Báez Alvarez y Martínez Lavín son señalados al interior de la Sedesol como piezas claves en el equipo de Emilio Zebadúa y presuntos artífices del esquema de triangulación de fondos públicos desde Sedesol con universidades y empresas fantasmas.
Según Vives López, estos funcionarios le entregaron al equipo de José Antonio Meade “un documento sin firma” en el que advierten que están realizando “las conciliaciones y gestiones necesarias” ante la UAEM para tener la evidencia documental futura que acredite el uso de estos millonarios recursos.
Un tercer oficio de Vives López, enviado a la ASF en octubre de 2016 –cuando ya era titular de Sedesol Luis Enrique Miranda Nava-, le respondió al órgano fiscalizador en términos similares a las otras ocasiones por el presunto quebranto a la hacienda pública por 22 millones 944 mil pesos de un convenio firmado entre la secretaría y la misma universidad para un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.
“El 7 de octubre del año en curso, el C. Francisco Báez Alvarez, es servidor público de esta dependencia del Ejecutivo Federal, entregó ante la Dirección General de Programación y Presupuesto un documento sin firma de 14 fojas útiles de fecha 10 de octubre de 2016, así como una carpeta que contiene un disco compacto y 5 anexos, mismos que, en copia simple, al presente se adjuntan”, respondió Vives López.