La cuarta transformación y el Tren Maya (Artículo)
Territorios Indómitos
Por Raúl Benet
El manifiesto que firmaron cientos de científicos y organizaciones civiles solicitando al presidente electo la no realización de la inminente consulta sobre la construcción del Tren Maya no es una exigencia absoluta para cancelar definitivamente los planes, ni una descalificación al ejercicio de consulta en sí, sino un llamado sensato y respetuoso a revisar los proyectos profunda y juiciosamente dentro del marco institucional y legal vigente y desde una perspectiva integral.
Se trata de reivindicar y hacer valer instrumentos legales tales como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Orgánica Municipal y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los convenios internacionales como la Convención de Diversidad Biológica, el Convenio 169 de la OIT y el sistema de Reservas de la Biósfera entre muchos otros.
Entre los ordenamientos derivados de este marco legal, y que tienen que ser aplicados, destaca la Manifestación de Impacto Ambiental y su consulta pública (esencialmente diferente a la consulta que se promueve en estos días), los relativos al cambio de uso de suelo y los comités forestales, los instrumentos de ordenamiento territorial, los corredores biológicos y el sistema nacional de áreas naturales protegidas, el derecho constitucional de los municipios a decidir sobre el uso de suelo, las áreas de importancia arqueológica y etnográfica, y sobre todo el respeto al derecho que tienen las comunidades indígenas a ser consultadas, y la obligación del estado, conforme a convenios internacionales vinculantes, de contar con el consentimiento libre, previo e informado de tales comunidades cuando la actividad o el proyecto en cuestión tenga el potencial de afectar los territorios indígenas.
Tanto los temas de derecho indígena como los relativos al medio ambiente, particularmente la biodiversidad y el agua, revisten particular importancia en la región del sureste mexicano, poblada por comunidades indígena mayas y cubierto por una de las selvas de mayor importancia biológica y cultural del mundo, que además tiene corredores ecológicos fundamentales, como la ruta del jaguar, y cuerpos hídricos sensibles y críticos, como los cenotes y las dolinas.
Lo que se demanda es que las instituciones del Estado, incluyendo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como las secretarías de Medio Ambiente y la de Desarrollo Territorial, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, conjuntamente con investigadores y científicos de las instituciones nacionales y organizaciones civiles, tengan la oportunidad de aportar los elementos para los que fueron creados y a los que dedican su quehacer proesional.
Es una demanda sensata, básica y expresada de manera respetuosa y constructiva, pero que ha sido recibida por el presidente electo de manera poco afortunada y despectiva, como lo muestra el haber descalificado a los firmantes del manifiesto, en una histórica entrevista con la periodista Carmen Aristegui, señalando que desconocen el proyecto y la región, el haber desacreditado método de elaboración del propio manifiesto, e incluso aplicarles un apelativo despectivo: los ‘abajofirmantes’ del que posteriormente se disculpó. Sin embargo, sostuvo que los cuestionamientos de los científicos y organizaciones civiles son exagerados y basados en la ignorancia, y tal vez lo más grave, que los científicos, académicos, periodistas, investigadores e incluso funcionarios de instituciones oficiales son una élite, y que se tienen que acostumbrar a que su opinión no es importante. Entonces ¿para qué queremos instituciones, para qué queremos científicos? Y su señalamiento de que desconocen el proyecto es también injusto, pues en realidad lo poco que se ha dado a conocer del proyecto del Tren Maya son unos mapas bastante borrosos de la Península donde se ven las vías y las estaciones, pero al menos yo no he encontrado un sitio donde se puedan consultar a fondo los estudios de impacto ambiental y otros documentos necesarios para estar bien informados.
La defensa que hizo López Obrador del trazo del Tren Maya me parece hasta cierto punto aceptable. Una parte irá por la vía del tren que ya de por sí existe o que existió, otra por la gran brecha abierta desde hace décadas a lo largo de la selva para el tendido de cables de alta tensión, otros tramos corren junto a las carreteras, todo lo cual significa que en sí el trazo mismo y la construcción no necesariamente tendrán un impacto ambiental muy significativo además del que ya tuvo en el pasado. Me pareció también muy relevante que señalara que el tren no pasará por la reserva de la Biosfera de Calakmul en Campeche, pues correrá por el estrecho trazo de la carretera que va desde Chetumal a Escárcega pasando por Xpujil. Aunque es poco creíble, me sorprendió su compromiso de no tirar ni un sólo árbol en todo el trazo. Creo que se tirarán algunos árboles, pero según me parece esto no será el problema mayor.
Donde yo veo el impacto social y ambiental mayúsculo no es en sí en la construcción ni en el trazo, sino en el modelo de desarrollo que se persigue. El tren tendrá dos propósitos principales: promover el turismo a gran escala y desarrollar infraestructura para el transporte de materias primas y mercancías.
El gran turismo en todo el mundo y en particular en la Riviera Maya ha demostrado ser sumamente destructivo. Consume y contamina inmensos volúmenes de agua, provoca pérdida de selvas, manglares y ecosistemas completos, desplaza y despoja a comunidades originarias, produce grandes cantidades de basura y contaminación severa y genera desigualdad, pobreza, marginación, exclusión, drogadicción, violencia, crimen y otros problemas graves. El establecimiento de estaciones de tren en Xpujil, Bacalar y otros ‘destinos turísticos’, de no diseñarse e instrumentarse cuidadosamente, estará acompañado de la especulación inmobiliaria y el cambio de uso de suelo para construir todo tipo de oferta turística privada y depredadora, como ya se ve en torno a Playa del Carmen, Cancún, Xcaret, Tulum e incluso cada vez más preocupantemente en lugares que permanecían bien conservados hasta hace poco, como Xian-Kan, Mahaual, Bacalar y el mismo Xpujil. De construirse el tren de manera desordenada y precipitada, como parece que se hará, estos impactos son seguros y serán irreversibles.
El otro uso del tren, el de movilidad de mercancías y materias primas, también es preocupante por sus previsibles impactos sociales y ambientales. Los estados por los que correrá el tren tienen en común que son los estados del país donde más pérdida de cobertura forestal hay, causando la pobreza de las comunidades mayas que dependen de la selva.
La pérdida de selvas está directamente relacionada con los negocios de producción de aceite vegetal industrializado derivado de la palma de aceite y los monocultivos de soya, y caña de azúcar, además de otras actividades de agricultura mecanizada, y la producción de millones de toneladas de carne de cerdo para consumo nacional y para exportación. También las plantaciones forestales privadas para la producción de celulosa forman parte de este esquema. No sorprende que entre los principales promotores del tren maya estén también grandes inversionistas e industriales del aceite de palma, la soya, y las plantaciones forestales comerciales, que en el pasado fueron socios de uno de los principales asesores y funcionarios de Andrés Manuel y ex dueño de extensas plantaciones forestales comerciales y empresas de semillas transgénicas en la zona del tren maya, Alfonso Romo Garza.
El verdadero impacto del tren maya no es su trazo ni su construcción, sino el modelo de desarrollo que entraña, que es el del gran turismo y la agro industria privada, y eso es lo que vale la pena evaluar, discutir y valorar. La cuarta transformación está destinada a terminar con el depredador e injusto modelo económico neoliberal que acumula riqueza en pocas manos y pobreza en muchas, pero ¿cómo promovemos el bienestar de las regiones más marginadas, cómo superamos la pobreza y la desigualdad, sin destruir el ambiente, sin agotar los recursos naturales, sin calentar más el planeta, y sin erosionar los derechos y los territorios de las comunidades indígenas? La respuesta que ha dado el presidente electo es que en torno al proyecto del tren se plantarán cien mil hectáreas de árboles frutales y maderables que generarán 40 mil empleos permanentes entre jóvenes de la región (del total de millón de hectáreas propuesto para todo el sureste). Pero ambos proyectos, el tren y los árboles, son proyectos diferentes y pueden resultar contrapuestos. Esos son temas que hemos de analizar, preguntas que hemos de responder, propuestas que hemos de sopesar, y para esa discusión hace falta no sólo la valiosa opinión de ciudadanos honestos y funcionarios visionarios, se requieren estudios, especialistas con una visión crítica e independiente, profesionistas, científicos, historiadores, abogados, y también un tiempo de calidad, y se requiere respetar la ley y las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir. Si no queremos que a la cuarta transformación se la lleve el tren, es necesario escuchar con seriedad y respeto a los abajofirmantes y tomar en cuenta su legítimo llamado.
Las consultas de López Obrador me parecen loables. Consultas ha habido siempre, pero en el pasado sólo se consultaba en privado al contratista amigo del presidente, a su banquero, a sus socios y a sus cómplices. El consultar al pueblo de manera abierta es muy diferente, es la conquista de una añeja demanda de los movimientos sociales, pero esta consulta precipitada entraña el riesgo de quedarse en una acción legitimadora y propagandística que puede desvirtuar el concepto mismo de la consulta.
Si vamos a hacer el tren, hay que hacerlo bien, y la consulta también.
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no nec
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