La renuncia que más golpea al sexenio de AMLO, por lo que no pudo (o no quiso) cumplir
El pasado 8 de agosto el subsecretario Alejandro Encinas, de la secretaría de Gobernación, presentó el Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Dijo que el responsable “Fue el Estado” y mencionó que estaba solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) el trámite de 83 órdenes de aprehensión en contra de los responsables, entre los que figuraban integrantes del ejército mexicano.
El gobierno del presidente López Obrador desde el principio de su gestión enfatizó su compromiso por llegar a la verdad sobre los sucesos de 2014 en Ayotzinapa. Con esa intención en la FGR se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y fue nombrado como fiscal especial Omar Trejo Gómez.
El lunes anterior, después de tres años en el cargo, renunció Omar Trejo Gómez a la fiscalía que atendía el caso Ayotzinapa y lo hizo, según la versión del presidente López Obrador porque “No estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, hubo diferencias en eso, y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación de mucho tiempo”.
A cargo de Omar Trejo Gómez estaba el trámite y resolución de las averiguaciones previas, carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo y otros relacionados con el Caso Ayotzinapa.
La renuncia de Trejo Gómez sucedió inmediatamente después de que la FGR canceló 21 órdenes de aprehensión contra personas vinculas a la desaparición de los 43 estudiantes, de los cuales 16 son integrantes del ejército.
Su trayectoria profesional aporta datos para comprender su actitud. Fue consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se desempeñó como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó las conclusiones de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes, con lo que se posicionó como opositor a la llamada "verdad histórica".
Por sus funciones, Omar Trejo era un canal de interlocución válido para los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Su abogado, Vidulfo Rosales, en entrevista con la periodista Azucena Uresti comentó: “Nos preocupa la renuncia porque nosotros la vemos como un desmantelamiento del mecanismo extraordinario de justicia que se creó para esclarecer los hechos de Ayotzinapa con este gobierno. Se da en el marco de la cancelación de las órdenes de aprehensión y dentro de esa presión que ha estado ejerciendo el Ejército mexicano para que no sean judicializados”.
El abogado Rosales comentó que, la cancelación de las órdenes de aprehensión de los militares fue realizada por un grupo de ministerios públicos ajenos a la unidad especial de Omar Trejo, quien le dijo que un grupo de ministerios públicos había tomado la oficina y que ya no tenía condiciones para seguir laborando y algunos, están relacionados con la construcción de la Verdad Histórica. (Radio Fórmula, 27 de septiembre de 2022)
Según Vidulfo Rosales, Alejandro Gertz Manero presionó al fiscal del “caso Ayotzinapa”, Omar Trejo Gómez, para que renunciará.
Los oficiales del ejército señalados se declararon inocentes y procedieron a fundamentar sus pruebas, mismas que fueron avaladas por los altos mandos de la secretaría de la Defensa Nacional, lo que marcó un eje de contradicción dentro del Poder Ejecutivo, que significó una confrontación al interior del gabinete de seguridad, entre la secretaria de Gobernación y la Defensa Nacional.
Es evidente el apoyo que el presidente ha construido para su gobierno en las fuerzas armadas a las que privilegia con funciones reservadas para los civiles en la Constitución, así como presupuestos sin precedente.
Los temas de seguridad y construcción de los proyectos emblemáticos de López Obrador han significado el establecimiento de una relación dependiente entre las fuerzas armadas y el presidente en la que aparece como una especie de coartada, a favor de los militares, que un civil es su Jefe Supremo.
El informe del subsecretario Alejandro Encinas tuvo como consecuencia el disgusto del Ejercito y la Armada. El presidente López Obrador no está en posición para poner en riesgo el apoyo que para él es fundamental.
En México el presidente nunca se equivoca. Parece un montaje para detener el deterioro de la imagen del ejercito decir que no es culpable, como institución, de los sucesos de Ayotzinapa, aunque podrían serlo algunos de sus integrantes.
En política no hay casualidades y para descarrilar el proceso judicial mediante la manipulación del debido proceso, “alguien” con una copia sin censura de la Investigación de Alejandro Encinas, la filtró.
La cadena de mando es tan fuerte como el más delgado de sus eslabones y ese fue el fiscal especial Omar Trejo Gómez, quien fue rebasado desde adentro por los ministerios públicos que le fueron infiltrados.
Quien lo sustituya va a tener la función de retardar los resultados de la investigación y, desde luego, culpar a los de antes. Tienen razón, Fue el Estado. El de antes y el de ahora. Son los mismos.
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Opinión: AMLO, contra la pared, por las acusaciones de que el Ejército participó en Ayotzinapa
Las revelaciones de que el Ejército mexicano participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han puesto al presidente Andrés Manuel López Obrador contra la pared porque ocurren justo cuando pretende ampliar, hasta 2028, el plazo para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública.
A diferencia del reporte presentado durante el gobierno de Peña Nieto, en el que se omite la intervención de los militares en la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, en el nuevo informe se describe que, desde que salieron de su escuela en Ayotzinapa hasta que llegaron a Iguala, los jóvenes desaparecidos fueron vigilados y seguidos por miembros del Ejército y de las policías federales y municipales. De aquí se deduce que estuvieron al tanto de todo lo que ocurrió después.
Según el nuevo informe, comisionado por López Obrador, el grupo criminal Guerreros Unidos asesinó y enterró esa misma noche a la mayoría de los jóvenes porque los confundieron con integrantes de un grupo rival y para ello contaron con la complicidad de las fuerzas armadas y policiales.
Más aún, en el nuevo informe se acusa directamente al general retirado José Rodríguez Pérez de haber ordenado el asesinato de seis de los estudiantes que estaban bajo custodia del Ejército. Rodríguez Pérez, quien hoy está preso junto con otros tres militares, era el comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala.
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que elaboró el nuevo reporte, asegura que, después de la matanza de los estudiantes, se cometió un segundo crimen: el de fabricar desde los más altos niveles del poder una “verdad histórica” para encubrir lo que realmente pasó y proteger a los responsables, en especial, a los miembros del Ejército.
Se trató, de acuerdo con la Comisión, de un crimen de Estado, por lo que pide que se investigue a todos los que participaron, tanto en el homicidio de los jóvenes como en el ocultamiento de la verdad.
Dilema para López Obrador
Es aquí donde López Obrador enfrenta un serio dilema. El presidente ha insistido en que se esclarezcan los hechos de Ayotzinapa para responder al justo reclamo de los padres y compañeros de los jóvenes que exigen justicia. El problema es que esto implicaría tocar al Ejército, una institución a la que le ha dado un inmenso poder y en la que se apoya para realizar las tareas más importantes de su gobierno, desde la seguridad pública hasta la administración de puertos y aduanas y la construcción de sus megaproyectos.
El escenario es por demás complicado y ha desencadenado ya un choque de trenes en el interior del mismo gobierno. De un lado se encuentran la Subsecretaría de Derechos Humanos, que pertenece a la Segob, y la Fiscalía Especial de Ayotzinapa que exigen que se investigue a las fuerzas armadas por su participación en los hechos. Por otra parte, está la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) que tacha de absurdas las acusaciones contra sus elementos porque dice que están basadas en testimonios de delincuentes confesos pertenecientes al grupo de Guerreros Unidos.
Hasta ahora, como hemos visto, el Ejército está haciendo uso de todo su poder e influencia para detener los daños ocasionados a su institución. Varios medios han informado que la FGR (Fiscalía General de la República) ha desistido de 21 de 83 órdenes de aprehensión que el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, había solicitado. Ante este revés y diferencias en la forma de llevar el caso, el funcionario decidió renunciar.
Revelaciones de la DEA contra el Ejército
Para complicar más el panorama, la DEA (Agencia contra las Drogas) de Estados Unidos acaba de revelar que tiene indicios de que miembros del grupo Guerreros Unidos se reunían con integrantes del Ejército, la Marina y las policías de Iguala y de Cocula desde seis meses antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Los indicios se derivan de mensajes instantáneos por Blackberry intervenidos por la DEA entre el 22 de marzo y el 8 de junio de 2014. La FGR presentó ante un juez las transcripciones de esas conversaciones para acreditar el delito de delincuencia organizada. Fue asi como consiguió, el pasado 19 de agosto, 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 Batallones de infantería en Guerrero. Sin embargo, tres semanas después desistió de 16 de esas órdenes de captura.
López Obrador ha tenido que recurrir a toda clase de malabares políticos para sortear el vendaval. Insiste en que el hecho de que haya acusaciones contra algunos elementos del Ejército no significa que esta institución sea corrupta y nefasta. “Es pueblo uniformado”, dice una y otra vez, como si dentro del pueblo no existieran también criminales.
Por otra parte, sigue adelante con sus planes de que los militares continúen en las calles hasta 2028 para combatir al narcotráfico y velar por la seguridad pública. Como su iniciativa para reformar la Constitución y lograr ese propósito fracasó en el Congreso, ahora prepara un plebiscito para ver qué opina la gente. El referendo no será organizado por el INE (Instituto Nacional Electoral) sino por la Segob (Secretaría de Gobernación), por lo que ya podemos imaginarnos que el resultado favorecerá los deseos del presidente.
Así las cosas, es difícil pensar que el gobierno de López Obrador quiera llevar este caso hasta sus últimas consecuencias y castigar a todos los implicados. Para ello tendría que investigarse no solo a los militares y policías involucrados de manera directa en la muerte de los estudiantes sino a quienes encubrieron los hechos. La lista es larga, pero en primer lugar estarían el expresidente Enrique Peña Nieto; el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos e incluso el titular actual, Luis Crescencio Sandoval, quien era la mano derecha de su predecesor.
Todo indica que, al menos por ahora, el gobierno se centrará en investigar y enjuiciar a unos cuantos militares matizando que el Ejército de ahora es muy diferente al de hace cuatro años lo cual, a todas luces, carece de lógica, pero es un argumento central para mantener su alianza estratégica con las fuerzas armadas.
En vista de la alta popularidad que tiene y de sus habilidades políticas, es posible que López Obrador se salga con la suya y logre que las fuerzas armadas continúen en las calles hasta 2024. También es posible que, de aquí a que termine su mandato, consiga bajar la presión pública sobre Ayotzinapa con la promesa de que la investigación no se descarrilará.
Pero lo que no es posible es que, si la investigación se empantana y al final no se hace justicia, el pueblo de México y la historia lo perdonen.
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Retiro de órdenes de aprehensión, un retroceso: Vidulfo Rosales
IGUALA, Gro., septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El abogado de los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que las órdenes de aprehensión, sobre todo contra militares, que la Fiscalía General de la República (FGE) desistió, si estaban en el último informe que presentó el gobierno federal.
"Frente a nosotros, frente al presidente (Andrés Manuel López Obrador), en Palacio Nacional, el fiscal general (Alejandro Gertz Manero) informó de la existencia de las órdenes de aprehensión, nos dio números, nos dio nombres, ahora con qué cara las retiran, eso es un retroceso", denunció el abogado.
El abogado de los papás y mamás de 43, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que a ocho años, el caso está en "un enredo judicial".
"Cuando fue candidato [el presidente Andrés Manuel López Obrador], aquí en Iguala les dijo a los papás y mamás que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias, que no habría impunidad", recordó el abogado.
Dijo que la liberación de indiciados y el retiro de órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares, es un retroceso para el caso de Iguala.
"El gobierno federal está culpando al Poder Judicial y el Poder Judicial a la Fiscalía. Esa es la tónica de este gobierno, culparse entre ellos, culparse de las derrotas judiciales, pero eso es por la ineptitud del gobierno, por la incapacidad de la fiscalía, por la incapacidad de los jueces… pero al final y al cabo son el gobierno, son el Estado", expuso.
Rosales Sierra criticó que López Obrador se haya comprometido a llegar hasta las últimas consecuencias, a que no habría intocables, y no lo esté cumpliendo.
"Cuando se trata de una institución con poderes metaconstitucionales, como el Ejército, se echan para atrás, retiran las órdenes de aprehensión en detrimento de nosotros", denunció.
Dijo que el retiro de las órdenes de aprehensión es un retroceso para el Caso Ayotzinapa y contradijo al presidente que en la conferencia mañanera afirmó que las órdenes de aprehensión las retiró la fiscalía porque no estaban en el último informe que presentó su gobierno.
"Frente a nosotros, frente al presidente en Palacio Nacional, el fiscal general informó de la existencia de las órdenes de aprehensión, nos dio números, nos dio nombres", denunció.
Rosales Sierra dijo lo anterior en Iguala, en el marco de la marcha que realizaron padres y madres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace ocho años en esta ciudad.
Como cada 27 de septiembre de los últimos ocho años, los padres y madres volvieron a Iguala, donde se consumó la desaparición de sus hijos, tras el asesinato de otros tres estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Eran casi las 3 de la tarde, cuando llegaron en más de 20 autobuses padres y madres, acompañados por estudiantes, integrantes de organizaciones sociales. La marcha comenzó y recorrió varios de los puntos donde los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos.
Como los siete años anteriores, esta marcha tuvo una sola exigencia: "¿dónde están los 43 estudiantes desaparecidos?".
En esta colonia la madrugada del 27 de septiembre del 2014 comenzó a materializarse el horror: ahí apareció el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes. Estaba sin rostro, con señas de tortura, golpeado.
Con ese hallazgo comenzó a dimensionarse el ataque que habían sufrido los estudiantes de Ayotzinapa por parte de policías de Iguala, Cocula, Huitzuco junto con presuntos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos y, como ahora se sabe, con la participación activa de militares del 27 Batallón de Infantería.
Ahí el contingente, hizo una ofrenda, un rezo y exigieron justicia por Julio César Mondragón.
La marcha otra vez tomó su cauce, salió a Periférico rumbo a otro lugar que marcó esa noche: la esquina de la avenida Álvarez y Periférico Norte. Ahí policías de Iguala asesinaron a Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo, hirieron a Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano, un joven que lleva ocho años en coma.
Posteriormente fueron al Palacio de Justicia, donde Vidulfo Rosales pronunció su mensaje.
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