El golpe constitucional
En el 2009, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue echado del poder por querer cambiar la Constitución. Menos que eso, por haber querido consultar a su pueblo si estaba de acuerdo con abrir un proceso para cambiar la Constitución. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, fue proclamado como nuevo gobernante por los principales partidos de Honduras, entre ellos el Liberal, del propio Zelaya, que había peleado con él, que hicieron una mayoría parlamentaria para legitimar el violento cambio de gobierno. La Corte Suprema adhirió al golpe de Estado y para una gran parte de la derecha latinoamericana, ahí nunca hubo un golpe, sino una reacción constitucional, ante el riesgo de que Zelaya iniciara un camino chavista cambiando las reglas del Estado.
En junio de 2012, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido de su cargo por una mayoría en ambas cámaras del Congreso, en un proceso sumario que no alcanzó siquiera a precisar las motivaciones de la medida, en un país todos los indicadores económicos positivos y con un nivel de aprobación presidencial de más de 50%. Lugo fue elegido por una amplia mayoría nacional, pero decidió gobernar no apelando a ese respaldo sino dentro del sistema vigente en su país, el que estaba construido precisamente para evitar riesgos como el suyo. La Constitución de Paraguay, votada en 1992, entre los dos grandes partidos: Colorado y Liberal, fue hecha para el predominio de estas dos fuerzas políticas. Los colorados fueron el centro del poder durante 61 años, el soporte parlamentario de la dictadura de Stroessner, pero también fueron los que urdieron su derrocamiento.
El sistema que permitió la semana pasada tumbar en frío al presidente fue armado hace veinte años y consistía en que en el momento en que los dos partidos mayores pudiesen imponer su mayoría no habría posibilidad de salvar al presidente. Lugo hizo lo opuesto de Zelaya: ni siquiera pensó modificar esa Constitución, y prefirió el camino de aliarse de una de las dos columnas del régimen. Así nació un gobierno izquierda-liberales, que se acabó cuando los liberales se entendieron con los colorados para cambiar al gobierno. ¿Es eso legal? Depende de lo que se quiera entender por ello. Se puede ser “legal”, dentro de las normas de Pinochet que le permitieron durar siete años adicionales en la comandancia del Ejército, y mantener la naturaleza golpista de las fuerzas armadas chilenas, lo que ha condicionado la interminable transición de ese país que no acaba de liberarse del pasado.
Y lo que está viendo en Paraguay y antes se vio en Honduras, son mecanismos institucionales para asegurarse que las reglas, de las que dependen los intereses más poderosos, no sean alteradas y que si algo se mueve en otra dirección, inmediatamente se pondrá en movimiento el mecanismo seudolegal para frustrarlo. ¿Existe el golpe de Estado constitucional? Claro que existe. Son las trampas que están introducidas por los que hicieron la norma porque tenían la fuerza; la más antigua de todas los estados de emergencia y de sitio, que son dictaduras temporales o focalizadas dentro de la democracia. Pero también existen prohibiciones para pensar en cambiar la Constitución, o de hacerse elegir por sectores populares que luego se movilizan. Todas esas cosas se pueden cortar “legalmente”, como se ha visto en Honduras y Paraguay.
26.06.12
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