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DESPLEGAR
Combatientes chiitas y miembros del Ejército iraquí participan en un operativo de seguridad intensivo contra milicias de Estado Islámico en Jurf al-Sakhar, Irak, el 26 de octubre de 2014. 
© 2014 Reuters
Seis meses y 16.000 ataques aéreos después de iniciada la campaña para derrotar a Estado Islámico, y tras haber recuperado menos del uno por ciento del territorio de Irak controlado por este grupo, un análisis franco de la situación no lleva a otra conclusión que la siguiente: la estrategia encabezada por EE. UU. está fracasando.
La iniciativa se ha concentrado casi exclusivamente en conseguir la derrota militar del grupo armado, también conocido como ISIS, y ni el gobierno iraquí ni sus aliados en la ofensiva contra ISIS —Irán entre ellos— han abordado seriamente posibles reformas y medidas de justicia por abusos que podrían contribuir a recobrar el apoyo de la población suní en Irak. La fragmentación de las fuerzas combatientes de Irak en milicias sectarias sin ningún tipo de rendición de cuentas, que han sido responsables de abusos aberrantes contra civiles de ese país, forma parte de una desintegración del estado iraquí que ningún grado de asistencia extranjera o intervención militar probablemente pueda remediar.
A pesar de los reclamos que subyacen al apoyo suní prestado inicialmente a ISIS, la coalición contra ISIS se ha enfocado casi exclusivamente en una campaña de ataques aéreos, y han sido principalmente las milicias chiitas las que, con el apoyo de Irán, se han adentrado en el terreno.
La impactante ocupación por ISIS de una gigantesca franja de territorio iraquí pone en evidencia el aislamiento de las comunidades suníes. Numerosos suníes acogieron favorablemente la aparición de combatientes de ISIS, pues creían que podrían liberarlos de la opresión e intolerancia de las fuerzas gubernamentales. Pero no debemos olvidar cómo es que Irak llegó a ese extremo: tras una guerra liderada por EE. UU. que depuso a un dictador, pero provocó una ocupación abusiva y una guerra civil cruenta, con un saldo de más de un millón de muertos.
El gobierno sectario de Nuri al Maliki, instaurado por EE. UU. e Irán, profundizó la grieta que divide a suníes y chiitas en el país. Los reclamos suníes se fueron postergando hasta que finalmente se hicieron incontenibles y se detonaron durante el gobierno de Al Maliki, que facilitó la exclusión de suníes de cualquier posibilidad de participación política genuina y fomentó abusos a gran escala contra miembros de esta comunidad. Cuando en 2012 y 2013 los suníes intentaron protestar de manera pacífica por su marginación, se enfrentaron a violentas agresiones por parte de miembros de fuerzas de seguridad gubernamentales.
Estos abusos reavivaron un sentimiento de insurgencia que fue aprovechado por ISIS. Mucho antes de que ISIS ocupara Mosul, las fuerzas de seguridad iraquíes llevaron a cabo bombardeos indiscriminados en la provincia de Anbar, en el marco de su ofensiva contra grupos armados suníes. Y mientras funcionarios gubernamentales estadounidenses repudiaron el uso de bombas de barril por el gobierno sirio, fueron muy discretos en sus declaraciones sobre el uso de este mismo tipo de armas por la Fuerza Aérea iraquí en Faluya. Para comienzos de 2014, el conflicto ya había desplazado a 500.000 civiles de regiones suníes.
Estas condiciones crearon un terreno propicio para que ISIS intensificara el conflicto, incorporando a diversos grupos armados suníes y contribuyendo a propagar la crisis terrorista que existe hoy.
Las milicias chiitas que apoyan la campaña de ofensivas aéreas encabezada por EE. UU. reciben armas, fondos, sueldos y apoyo iraníes, pero también del gobierno de Irak, que a su vez obtiene armas y financiamiento de Washington. Si bien EE. UU. asevera que las armas que aporta (presupuestadas en USD 1.300 millones para 2015) están destinadas a las fuerzas de seguridad iraquíes, la realidad es que gran parte termina en manos de estas milicias. 
En vez de exigir que las armas estadounidenses no lleguen a milicias, el secretario de Estado John Kerry cuenta ahora con una exención a los requisitos de la Ley Leahy en materia de verificación de derechos humanos y control sobre uso final que, según la opinión de muchos, igualmente no estarían siendo efectivos. Mientras tanto, el gobierno iraní vende armas a Irak por valor de USD 10.000 millones, muchas de las cuales también terminan en poder de las milicias que comanda.
El problema es que estas milicias están cometiendo abusos que no han hecho más que profundizar el distanciamiento suní y le han permitido a ISIS sumar más miembros a sus filas, como ejecuciones masivas de prisioneros suníes, matanzas a modo de represalia tras ataques aéreos de la coalición contra comunidades suníes por su presunta colaboración con ISIS, y torturas, decapitaciones y ultraje de cadáveres. En enero, diversos testigos relataron haber presenciado la ejecución de 72 civiles suníes por milicias chiitas en la provincia de Diyala.
El Primer Ministro Haider al-Abadi se ha referido acertadamente a la necesidad de desmovilizar estas milicias e integrarlas a las fuerzas armadas, y ha instado a que se lleve a cabo una investigación sobre la masacre en Diyala. Pero tanto él como otros funcionarios reconocen que su posición es débil ante la corrupción que afecta a las fuerzas de seguridad, y dependen entonces de las milicias. De hecho, altos mandos de la milicia Brigada Badr han sido nombrados para ocupar cargos en los ministerios de interior y derechos humanos.
Esto implica hacer demasiadas concesiones a las milicias, y muy pocas a la autoridad del nuevo gobierno y quienes lo respaldan. Desarmar estas milicias en el corto plazo probablemente sea una aspiración poco realista, pero sí hay numerosas medidas que el gobierno podría adoptar ahora para poner freno a sus abusos más nefastos.
El gobierno puede sancionar a los responsables de los ataques homicidas en comunidades suníes, e interrumpir los salarios que se pagan a unidades involucradas en abusos. También podría reformar el sistema de justicia, cumplir su promesa de liberar a prisioneros que fueron detenidos injustamente y poner fin a la tortura generalizada en los centros de detención iraquíes. Podría asimismo sumarse a la Corte Penal Internacional, ya que esto podría disuadir a todos los grupos combatientes de cometer abusos. El Primer Ministro puede suspender las ejecuciones extrajudiciales y la aplicación de las leyes contra el terrorismo y de desarticulación del monopolio del Partido Baaz, que han tenido consecuencias calamitosas.
Se trata de medidas elementales para demostrar a los suníes que su situación será más favorable si están bajo la protección del gobierno. Los aliados de Irak deberían reconocer que las fuerzas terrestres y los ataques aéreos no son suficientes por sí solos, y que la campaña actual estará predestinada a fracasar si no se realizan acciones sustanciales para detener los abusos.