CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional emplazó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a “desistir de la creación de la Guardia Nacional” y garantizar el retorno paulatino de los militares a sus cuarteles,  como una de las “medidas concretas para mejor la situación de los derechos humanos en México”, a llevar  a cabo en los primeros 100  días de su gobierno.
En una carta abierta firmada por las directoras de la organización para América Latina y México, Erika Guevara y Tania Reneaum,  Amnistía formuló recomendaciones para “cinco temas urgentes: violencia contra niñas y mujeres; el cuidado del medio ambiente a través de la protección de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente; el papel de la policía y las fuerzas militares en la seguridad pública; los derechos a justicia, verdad y reparación en casos de desaparición forzada; y los derechos de personas que buscan asilo”.
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Guevara Rosas consideró que el próximo gobierno federal “tiene una oportunidad histórica para construir un México donde se respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas”.
Resaltó que “no se pueden seguir repitiendo los mismos errores del pasado” por lo que emplazó a López Obrador a “demostrar que los derechos humanos de las personas en el país estarán en el centro de toda política pública y accionar del gobierno”.
En el rubro de seguridad, la organización sugirió al próximo mandatario “desistir de crear una Guardia Nacional militarizada para atender la seguridad pública”, y en su lugar “desarrollar y presentar un plan para el retiro ordenado de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, que provea el entrenamiento, disciplina y mando civil de las fuerzas de seguridad pública”.
Al considerar necesaria la “profesionalización y dignificación de la policía”, la organización añadió que para ello se deben realizar reformas constitucionales para “reconocer los derechos laborales de los agentes de policía y dignificar la labor policial”.
La organización pide al presidente electo “enviar un mensaje público de que su gobierno no tolerará el uso desproporcionado de la fuerza o los abusos por parte de la policía o de las fuerzas armadas en el que se comprometa a iniciar un diálogo con la sociedad civil y especialistas para construir un modelo de seguridad ciudadana acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo una eventual ley de uso de la fuerza”.
En materia de protección al medio ambiente, Amnistía pidió una declaración pública ante medios de comunicación “reconociendo la legitimidad del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la importancia de protegerlas adecuadamente, incluyendo aquellas que defienden derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente”, así como ratificar  el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Una comisión para el caso Ayotzinapa
En cuanto al rubro de verdad y justicia, llama a que se ordene “a todos los agentes de la administración pública, cualquiera que sea su rango, que colaboren proactivamente en el caso Ayotzinapa, e instalar una comisión investigadora para el caso tal como lo ordenó un tribunal federal”.
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Apunta que es momento de que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales, y la organización urge a la implementación real del Sistema Nacional de Búsqueda, la operación efectiva de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la instalación de las comisiones locales, “que deberán contar con recursos materiales y personas suficientes para llevar a cabo su mandato”.
En cuanto a las acciones recomendadas para abatir la violencia contra mujeres y niñas, Amnistía llama a “instruir a la Secretaría de Gobernación adecuar el procedimiento del mecanismo de Alerta de Violencia de Género para garantizar su eficacia”.
En relación a los migrantes y los refugiados, sugiere que la Segob, “revise los procedimientos de retorno y deportación de las personas migrantes irregulares a fin de respetar el derecho de todas las personas a solicitar asilo y poner fin a las prácticas ilegales de devolución, velando por que estas sean objeto de sanciones administrativas”.
En ese mismo rubro, se considera como una medida importante “disponer que la detención migratoria sea una medida usada solamente como último recurso, de manera razonada y proporciona, y por el menor tiempo posible, y asegurar que en ningún momento sean detenidos niños, niñas o adolescentes”.
Las defensoras reconocieron que las acciones recomendadas “no agotan la agenda de los derechos humanos en México”.
Sin embargo, advierten a López Obrador que llevarlas a cabo en los primeros 100 días de su gobierno “abriría la posibilidad de tener avances sustantivos puntuales justo al inicio de su gobierno y enviaría un poderoso mensaje de que en su administración los derechos humanos estarán al centro del quehacer público”.