La esquizofrenia prohibicionista en la venta a menores de “comida chatarra”
Justo a unos días de que el presidente López Obrador presente al Congreso de la Unión el segundo informe del estado general que guarda la administración pública del país, según lo establece el artículo 69 de nuestra Constitución Política, resulta muy oportuno comentar el enfoque tan diferente que ha adoptado el movimiento que él encabeza, la famosa Cuarta Transformación o 4T, para hacer frente a sendos problemas que aquejan a la sociedad mexicana, como son el narcotráfico y todo el andamiaje del crimen organizado que implica esta nociva actividad, por un lado, y el problema de la obesidad y los malos hábitos alimenticios, por el otro.
Para hacer frente al cáncer del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia que se genera como consecuencia de la rivalidad entre distintos grupos, que ya sabemos provoca miles de muertes por año, miles de desaparecidos y miles de familias truncadas para siempre, el presidente ha dicho desde el principio, incluso antes de iniciar su administración que no enfrentaría la violencia con más violencia, que no recurriría al monopolio del estado para hacer uso de la fuerza para combatir estas actividades delicitivas. La solución, ha dicho, es combatir desde la raíz lo que ocasiona que los jóvenes se sientan atraídos a participar en este tipo de vida delicitiva, de lo que se trata -nos ha argumentado- es atacar la falta de oportunidades, los problemas de bienestar que aquejan a millones de familias mexicanas en situación de pobreza. Aún cuando ya hemos sabido de operativos del Ejército o la Marina en distintas zonas del país para enfrentar a determinados grupos, el presidente ha reiterado de manera sistemática su ya conocido mantra: “Abrazos, no balazos”.
Es decir, para atacar este problema el presidente tiene la convicción que es a través de políticas públicas que modifiquen la condición de vida y las oportunidades de las personas lo que logrará desincentivar que los jóvenes se sigan sumando a las filas del crimen organizado, y no mediante políticas que impliquen el uso de la fuerza del Estado.
FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM
Ahora bien, para hacer frente al problema de la obesidad y los malos hábitos alimenticios, particularmente la obesidad infantil, que prevalece entre los mexicanos, en fechas recientes se ha empezado a desplegar una estrategia que lejos de recurrir al diseño de políticas públicas que busquen atacar las causas del problema, que van desde problemas con el modelo educativo, la falta de orientación y difusión por parte del gobierno para informar sobre los efectos de consumir determinado tipo de alimentos o no consumir alimentación sana, o bien de tipo económico, por el diferencial en los precios relativos de las distintas alternativas de alimentos y bebidas. Me refiero a las modificaciones que han empezado a aprobar en congresos locales de los estados, para incorporar a diversas legislaciones disposiciones por las que se prohíbe “la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado;” o “la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior…”. Este es parte del lenguaje prohibicionista que quedó incorporado en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca después de su aprobación en el congreso local el pasado 5 de agosto. Un lenguaje similar incorporó el Congreso del Estado de Tabasco, pero mediante modificaciones a Ley de Salud del Estado de Tabasco, la Ley de Educación del Estado de Tabasco, y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. Se trata de cambios impulsados por legisladores vinculados con Morena, el partido del presidente López Obrador.
En un inicio parecía que era una ocurrencia, pero no, se trata de una estrategia que se está desplegando desde el ámbito federal. Por ejemplo, al interior del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se elaboró una guía con recomendaciones para que sus diputados federales impulsen este tipo de medidas en los congresos locales de sus respectivos estados, con recomendaciones de qué legislaciones modificar, cuáles evitar, qué tipo de medidas impulsar, qué tipo de sanciones, etcétera. A ello hay que agregar que desde la Secretaría de Salud federal se alienta este tipo de enfoque, al grado que el subsecretario López Gatell celebró la aprobación del cambio legal en el Congreso de Oaxaca.
Es decir, para un problema que implica violencia y muerte, que tiene que ver con mercados negros por la venta de sustancias ilegales, el gobierno alienta políticas públicas que buscan crear incentivos, generar oportunidades, etc; pero, para un problema que tiene que sí, genera problemas de salud, provoca muertes, pero no porque se trate de mercados ilegales, sino por problemas económicos, educativos e incluso culturales, el movimiento que encabeza el presidente López Obrador, la 4T, y sus actores políticos como legisladores o integrantes de su gabinete, alientan el enfoque prohibicionista.
Hay un riesgo muy importante en este último, que no debemos permitirnos tomar a la ligera, porque una vez procesado algo así, la tentación para prohibir otras cuestiones que tengan que ver con la conducta de los ciudadanos quedará ahí, sobre todo porque la sociedad no reaccionó en su momento y no se opuso a la construcción de un andamiaje prohibicionista o totalitario. Mientras tanto, a los criminales, el trato generoso, el abrazo fraterno. A los menores de edad, la implacable prohibición.
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