La contrarreforma educativa, la ley y el orden
15.04.2013
Con los maestros
John M. Ackerman
Un nuevo movimiento social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo crece en el sur del país. El Movimiento Popular Guerrerense se levanta como una ola de esperanza ante la enorme sed de justicia de la sociedad mexicana. Sus justas demandas universales tendrían que empujar a movimientos paralelos, como el Movimiento por la Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y generosidad necesarias para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de competir.
La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir clases como desearían, y no en salones con graves problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la calidad de la educación pública.
La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la «construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo». El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.
Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.
De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento.
La LGE ya incluye desde 2002 en su artículo 25 la obligación de que el Estado dedique por lo menos 8 por ciento del PIB «al gasto en educación pública y en los servicios educativos». Sin embargo, esta disposición incluye los salarios de los maestros y se encuentra tramposamente condicionada a «las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables». Además, la ley no garantiza porcentajes específicos para entidades federativas en particular. El resultado es que año con año se incumple la norma y estados como Guerrero caen aún más en el abandono.
Otra demanda clave de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación de «incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las normales públicas». Resulta evidente que las personas idóneas para educar a nuestros niños son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera de maestro normalista, una formación orientada a los temas especializados en la materia.
Los jóvenes que generosamente opten por dedicar sus vidas a la educación primaria merecen una oportunidad para servir a sus comunidades en lugar de ser obligados a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de trabajo. México necesita a sus normalistas educando y formando niños en su país, no lavando platos o cuidando los jardines de los estadunidenses más privilegiados.
México debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades laborales que simultáneamente facilitan la movilidad social y fortalecen el desarrollo económico. Una política como la que exige la Ceteg constituye, además, la mejor protección contra la expansión de la delincuencia y el narcotráfico en las comunidades más humildes del país. Un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el desarrollo social.
Todos los jóvenes del país tendrían que tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de especialización. La coyuntura actual podría ser una oportunidad de oro para rearticular #YoSoy132 en función de esta demanda universal. No hace falta recurrir a autores extranjeros o a utopías exageradas para fundamentar esta exigencia, sino solamente exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria Constitución, tan despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala en su artículo 123 que «toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil».
Finalmente, resulta una vil mentira que los maestros rechacen la evaluación. Como cualquier profesionista, lo único que piden es que no haya despidos arbitrarios, algo que es por lo demás un derecho constitucional, y proponen una evaluación «democrática, procesual, permanente, formativa, sistemática e integral». Los periodistas, políticos y empresarios que hoy, de forma clasista y racista, linchan mediáticamente a los maestros muy difícilmente aprobarían un riguroso proceso de evaluación de esta naturaleza en sus materias respectivas.
En lugar de dividir falsamente a los maestros entre los «buenos», que dócilmente aceptan la imposición de la depredadora lógica neoliberal, y los «malos», que exigen participar en el mejoramiento de sus escuelas, es necesario defender a los maestros y acompañarlos en la articulación nacional de sus justas demandas en favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.
www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman
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15.04.2013
La contrarreforma educativa, la ley y el orden
Carlos Fazio
Todos los sistemas proclaman representar la voluntad del pueblo, del soberano. Pero hay dictaduras semánticas, gobiernos autoritarios y no-democracias que llegan al poder mediante la violencia, la manipulación mediática y/o el fraude, y esgrimen una retórica avasalladora con eje en la Constitución y el estado de derecho.
Es común que en las fases de crisis hegemónica, de inestabilidad estructural e institucional, la clase dominante siempre recurra al «orden» para garantizar el mantenimiento de las condiciones de reproducción del modo de producción capitalista. Algunas veces, los amos del poder apelan a gobiernos castrenses bajo cualquiera de sus formas históricas: bonapartismo, dictadura militar, fascismo. Otras, la oligarquía asume directamente el poder; pone al mando a uno de los suyos. Algunas más, como ha venido ocurriendo bajo los gobiernos subordinados al Consenso de Washington neoliberal, fabrica administradores para que defiendan sus intereses. Verbigracia, los cuatro últimos mandatarios mexicanos.
En todas las épocas y en todas las latitudes, la reacción ha apostado siempre al analfabetismo, a la ignorancia, a las tinieblas. La actual administración priísta no es la excepción. Está convencida de que cuanto menor sea el nivel cultural de las clases populares, menos incentivos hallarán éstas para las luchas reivindicativas, para la rebeldía y la protesta.
En la actual coyuntura, lo que ocurre en Guerrero con las marchas multitudinarias de los maestros −y también en Oaxaca, Chiapas, Morelos y el DF− viene a demostrar que una contrarreforma educativa exógena (ya que responde a directivas económicas de la OCDE), impuesta de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de representación y sin discusión parlamentaria, y vendida mediáticamente como la panacea para mejorar la «calidad» de la enseñanza −pero que rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo tercero constitucional−, está destinada a generar desobediencia civil y resistencias en defensa de la educación pública. Máxime, cuando se trata de una contrarreforma laboral aplicada al sector educativo, ya que está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros.
Ante tal situación, la disyuntiva del régimen es negociar o reprimir. El jefe del Ejecutivo, Enrique Peña, ha dicho que su iniciativa «no se negocia»; que asume los «costos» del uso de la fuerza contra el magisterio disidente y que en su contrarreforma educativa «no hay marcha atrás». Su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, advirtió a quienes calificó de minoría de «detractores» que «todo tiene un límite». Ergo, amenazó con el uso de la violencia punitiva estatal. En otro asomo de autoritarismo, el comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, dijo que no iba a tolerar más bloqueos en la Autopista del Sol. Y el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, insistió en que se debe sancionar económicamente a los mentores que realicen protestas callejeras, paros de labores y otras formas de inconformidad. Por su parte, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que el gobierno intenta administrar el conflicto y que los actos de represión no detendrán las movilizaciones.
El conflicto está entrampado. Otra batalla asimétrica se libra en los medios de difusión masiva bajo control corporativo privado. Maniqueo el discurso, mediante campañas de intoxicación propagandística, los «comunicadores» de algunos multimedia se han puesto a defender los intereses de sus propietarios y de la plutocracia; del poder real, pues. Incapaces para el análisis, histéricos, inquisidores, y despreciando los más limpios valores y principios deontológicos del periodismo, actúan como policías del pensamiento. Como repetidores de la verdad oficial, invocan la «razón» de Estado, y mientras calumnian, estigmatizan y animalizan a los maestros exigen mano dura; la aplicación del garrote y cárcel para los «vándalos», «revoltosos» y «vociferantes». En sus noticiarios repiten «ad náuseam» −diría Carlos Monsiváis− imágenes verbalizadas y editorializadas (como los enfrentamientos en la Autopista del Sol entre los federales de Mondragón y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), con la intención encubierta de generar un clima de linchamiento y asfixia progresiva contra los educadores, a quienes señalan como culpables de la catástrofe educativa nacional. Buscan convertir un problema social en asunto penal.
En la era de la cultura global y la tiranía de la comunicación, la estandarización y la repetición de la mentira que se hace verdad −fórmula consustancial a todo Estado autoritario− busca que el receptor interiorice de manera subconsciente el glosario del poder. En general, el telespectador no se da cuenta y acepta de manera pasiva las categorías del régimen. Como dice Noam Chomsky, la propaganda, a través de la manipulación del lenguaje, desarma a la gente y la inhibe en su capacidad de ejercer la crítica. Así, nada parece importante, y eso desarrolla el conformismo y la indiferencia y estimula el escepticismo. La dictadura de la televisión no deja que nadie se forme una opinión propia; para que todos asuman como opinión propia y reproduzcan con convicción el producto doctrinario de los media, que se convierte así en la opinión pública homosintonizada, única y omniexcluyente. Se trata de evitar que se reflexione sobre lo esencial a partir de la información.
Como en otros pasajes de la historia mexicana reciente, la resistencia magisterial a la contrarreforma educativa de Peña y la OCDE exhibe la verdadera cara de los medios masivos y sus asalariados. El rostro de la indignidad intelectual, el del odio a la inteligencia, a la información, al libre examen, a la educación y la cultura populares. Y es un reflejo del verdadero rostro del sistema de dominación clasista.
15.04.2013
Con los maestros
John M. Ackerman
Un nuevo movimiento social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo crece en el sur del país. El Movimiento Popular Guerrerense se levanta como una ola de esperanza ante la enorme sed de justicia de la sociedad mexicana. Sus justas demandas universales tendrían que empujar a movimientos paralelos, como el Movimiento por la Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y generosidad necesarias para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de competir.
La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir clases como desearían, y no en salones con graves problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la calidad de la educación pública.
La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la «construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo». El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.
Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.
De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento.
La LGE ya incluye desde 2002 en su artículo 25 la obligación de que el Estado dedique por lo menos 8 por ciento del PIB «al gasto en educación pública y en los servicios educativos». Sin embargo, esta disposición incluye los salarios de los maestros y se encuentra tramposamente condicionada a «las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables». Además, la ley no garantiza porcentajes específicos para entidades federativas en particular. El resultado es que año con año se incumple la norma y estados como Guerrero caen aún más en el abandono.
Otra demanda clave de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación de «incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las normales públicas». Resulta evidente que las personas idóneas para educar a nuestros niños son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera de maestro normalista, una formación orientada a los temas especializados en la materia.
Los jóvenes que generosamente opten por dedicar sus vidas a la educación primaria merecen una oportunidad para servir a sus comunidades en lugar de ser obligados a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de trabajo. México necesita a sus normalistas educando y formando niños en su país, no lavando platos o cuidando los jardines de los estadunidenses más privilegiados.
México debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades laborales que simultáneamente facilitan la movilidad social y fortalecen el desarrollo económico. Una política como la que exige la Ceteg constituye, además, la mejor protección contra la expansión de la delincuencia y el narcotráfico en las comunidades más humildes del país. Un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el desarrollo social.
Todos los jóvenes del país tendrían que tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de especialización. La coyuntura actual podría ser una oportunidad de oro para rearticular #YoSoy132 en función de esta demanda universal. No hace falta recurrir a autores extranjeros o a utopías exageradas para fundamentar esta exigencia, sino solamente exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria Constitución, tan despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala en su artículo 123 que «toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil».
Finalmente, resulta una vil mentira que los maestros rechacen la evaluación. Como cualquier profesionista, lo único que piden es que no haya despidos arbitrarios, algo que es por lo demás un derecho constitucional, y proponen una evaluación «democrática, procesual, permanente, formativa, sistemática e integral». Los periodistas, políticos y empresarios que hoy, de forma clasista y racista, linchan mediáticamente a los maestros muy difícilmente aprobarían un riguroso proceso de evaluación de esta naturaleza en sus materias respectivas.
En lugar de dividir falsamente a los maestros entre los «buenos», que dócilmente aceptan la imposición de la depredadora lógica neoliberal, y los «malos», que exigen participar en el mejoramiento de sus escuelas, es necesario defender a los maestros y acompañarlos en la articulación nacional de sus justas demandas en favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.
www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman
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15.04.2013
La contrarreforma educativa, la ley y el orden
Carlos Fazio
Todos los sistemas proclaman representar la voluntad del pueblo, del soberano. Pero hay dictaduras semánticas, gobiernos autoritarios y no-democracias que llegan al poder mediante la violencia, la manipulación mediática y/o el fraude, y esgrimen una retórica avasalladora con eje en la Constitución y el estado de derecho.
Es común que en las fases de crisis hegemónica, de inestabilidad estructural e institucional, la clase dominante siempre recurra al «orden» para garantizar el mantenimiento de las condiciones de reproducción del modo de producción capitalista. Algunas veces, los amos del poder apelan a gobiernos castrenses bajo cualquiera de sus formas históricas: bonapartismo, dictadura militar, fascismo. Otras, la oligarquía asume directamente el poder; pone al mando a uno de los suyos. Algunas más, como ha venido ocurriendo bajo los gobiernos subordinados al Consenso de Washington neoliberal, fabrica administradores para que defiendan sus intereses. Verbigracia, los cuatro últimos mandatarios mexicanos.
En todas las épocas y en todas las latitudes, la reacción ha apostado siempre al analfabetismo, a la ignorancia, a las tinieblas. La actual administración priísta no es la excepción. Está convencida de que cuanto menor sea el nivel cultural de las clases populares, menos incentivos hallarán éstas para las luchas reivindicativas, para la rebeldía y la protesta.
En la actual coyuntura, lo que ocurre en Guerrero con las marchas multitudinarias de los maestros −y también en Oaxaca, Chiapas, Morelos y el DF− viene a demostrar que una contrarreforma educativa exógena (ya que responde a directivas económicas de la OCDE), impuesta de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de representación y sin discusión parlamentaria, y vendida mediáticamente como la panacea para mejorar la «calidad» de la enseñanza −pero que rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo tercero constitucional−, está destinada a generar desobediencia civil y resistencias en defensa de la educación pública. Máxime, cuando se trata de una contrarreforma laboral aplicada al sector educativo, ya que está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros.
Ante tal situación, la disyuntiva del régimen es negociar o reprimir. El jefe del Ejecutivo, Enrique Peña, ha dicho que su iniciativa «no se negocia»; que asume los «costos» del uso de la fuerza contra el magisterio disidente y que en su contrarreforma educativa «no hay marcha atrás». Su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, advirtió a quienes calificó de minoría de «detractores» que «todo tiene un límite». Ergo, amenazó con el uso de la violencia punitiva estatal. En otro asomo de autoritarismo, el comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, dijo que no iba a tolerar más bloqueos en la Autopista del Sol. Y el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, insistió en que se debe sancionar económicamente a los mentores que realicen protestas callejeras, paros de labores y otras formas de inconformidad. Por su parte, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que el gobierno intenta administrar el conflicto y que los actos de represión no detendrán las movilizaciones.
El conflicto está entrampado. Otra batalla asimétrica se libra en los medios de difusión masiva bajo control corporativo privado. Maniqueo el discurso, mediante campañas de intoxicación propagandística, los «comunicadores» de algunos multimedia se han puesto a defender los intereses de sus propietarios y de la plutocracia; del poder real, pues. Incapaces para el análisis, histéricos, inquisidores, y despreciando los más limpios valores y principios deontológicos del periodismo, actúan como policías del pensamiento. Como repetidores de la verdad oficial, invocan la «razón» de Estado, y mientras calumnian, estigmatizan y animalizan a los maestros exigen mano dura; la aplicación del garrote y cárcel para los «vándalos», «revoltosos» y «vociferantes». En sus noticiarios repiten «ad náuseam» −diría Carlos Monsiváis− imágenes verbalizadas y editorializadas (como los enfrentamientos en la Autopista del Sol entre los federales de Mondragón y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), con la intención encubierta de generar un clima de linchamiento y asfixia progresiva contra los educadores, a quienes señalan como culpables de la catástrofe educativa nacional. Buscan convertir un problema social en asunto penal.
En la era de la cultura global y la tiranía de la comunicación, la estandarización y la repetición de la mentira que se hace verdad −fórmula consustancial a todo Estado autoritario− busca que el receptor interiorice de manera subconsciente el glosario del poder. En general, el telespectador no se da cuenta y acepta de manera pasiva las categorías del régimen. Como dice Noam Chomsky, la propaganda, a través de la manipulación del lenguaje, desarma a la gente y la inhibe en su capacidad de ejercer la crítica. Así, nada parece importante, y eso desarrolla el conformismo y la indiferencia y estimula el escepticismo. La dictadura de la televisión no deja que nadie se forme una opinión propia; para que todos asuman como opinión propia y reproduzcan con convicción el producto doctrinario de los media, que se convierte así en la opinión pública homosintonizada, única y omniexcluyente. Se trata de evitar que se reflexione sobre lo esencial a partir de la información.
Como en otros pasajes de la historia mexicana reciente, la resistencia magisterial a la contrarreforma educativa de Peña y la OCDE exhibe la verdadera cara de los medios masivos y sus asalariados. El rostro de la indignidad intelectual, el del odio a la inteligencia, a la información, al libre examen, a la educación y la cultura populares. Y es un reflejo del verdadero rostro del sistema de dominación clasista.
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