Más represión en Bahréin
El régimen de Al Jalifa informó ayer que suspenderá todo tipo de diálogo con la oposición bahreiní y aumentó la feroz represión que se viene registrando desde hace más de dos años. Los diálogos se habían iniciado luego de que la monarquía de Bahréin encarcelara al líder opositor y portavoz de la organización de al-Wefaq Sociedad Nacional Islámica, Khalil al-Marzooq.
La cancelación de los diálogos con la oposición es una muestra más de que la monarquía de Al Jalifa no está dispuesta a ceder frente a las masivas movilizaciones en el pequeño país, con centro en su capital, Manama. En este sentido, en el día de ayer 22 ciudadanos bahreiníes fueron condenados a 15 años de prisión acusados de atacar a fuerzas de seguridad en el transcurso de una manifestación en la localidad de Al-Akar, situada en Manama, así como del supuesto asesinato de dos oficiales el 7 de octubre.
Los condenados niegan la veracidad de estas acusaciones formuladas en su contra, e insisten en que se trata de otra maniobra de la política de persecución por parte de la monarquía que, como medida de represión que aplica contra las protestas populares, ha dictado en varias ocasiones largas penas de prisión contra varios manifestantes pacíficos.
En este marco de situación, la represión continúa. El martes una protesta pacífica contra el gobierno de Al Jalifa fue ferozmente reprimida. Los efectivos policiales dispararon gases lacrimógenos a los civiles que habían salido a las calles de varias zonas, como Al-Musala, Al-Maamir, Jidhafs, Sitra y Diah, para expresar su solidaridad con los presos políticos. En esa misma jornada, las fuerzas de seguridad de Bahréin irrumpieron en las viviendas de los manifestantes en el distrito Al-Navidrat y detuvieron a dos bahreiníes, cuyo paradero se desconoce.
En estos momentos, los ciudadanos bahreiníes reclaman a las Naciones Unidas auxilio para frenar las políticas represivas de Al Jalifa y para que el régimen libere a los presos políticos. Hasta ahora, las medidas brutales del régimen bahreiní contra los opositores han sido criticadas en reiteradas ocasiones por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras.
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