La detención de tres
sospechosos de estar listos para cometer atentados y tener acceso a
armas eleva a 60 el número de presuntos yihadistas arrestados en España
en lo que va de año, y 27 más en otros países, pero relacionados con el
reclutamiento de individuos para el Estado Islámico en España. Más de
600 han sido detenidos en este país desde 2004. Sorprende que con tal
nivel de intervención antiterrorista no se produzca una explicación más
amplia del Gobierno acerca de si se trata esencialmente de actuaciones
tempranas para poner fuera de la circulación a elementos sospechosos
—como parece— o si es que se registra también ahora un aumento
particularmente peligroso de la actividad yihadista.
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Los tres últimos detenidos lo han sido tras la
interceptación de comunicaciones, con un esquema similar al de otros
individuos radicalizados que pueden actuar de modo autónomo siguiendo
indicaciones emitidas desde bases en Siria, Irak o el norte de África.
Días antes había sido detenida una mujer de 22 años convertida al islam
cuando intentaba viajar a Siria captada por una red. Lo cual nos habla
de la multiplicidad de frentes en que están inmersas las fuerzas de
seguridad y nos permite felicitarnos de su grado de prevención contra el
yihadismo españolizado o autóctono, que responde al elevado nivel
vigente de alerta antiterrorista (4 sobre 5).
Sin embargo, la sociedad también debería participar y ser consciente
del riesgo. Comunicar un goteo de detenciones da idea de eficiencia por
parte de los cuerpos policiales, pero la conciencia social sobre este
peligro exige explicaciones de conjunto respecto al alcance real de la
movilización terrorista a la que nos enfrentamos y que, como se ha visto
en París, Copenhage, Bruselas o Túnez, algunas veces consigue sus
propósitos. Prepararse para este riesgo en España no es asunto solo del
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por vigilante que se
muestre.
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