Texto del mensaje
H. Puebla de Zaragoza a 30 de enero de 2017
A los medios de comunicación
A los organismos defensores de derechos humanos oficiales e independientes
Al Poder Judicial de la Federación
Al Pueblo de México
La Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco (APCUA) es una organización independiente que surge a raíz de las excesivas cuotas en las tarifas del agua y la privatización de este líquido vital, nuestro objetivo es garantizar el derecho a este servicio como uno de los medios para alcanzar una vida digna.
Como parte de la lucha jurídica, el día 12 de diciembre de 2016 emprendimos el recurso de amparo a militantes de nuestra organización por el injusto y anticonstitucional corte de suministro de agua a sus viviendas por adeudo de pago. Deudas impagables puesto que la tarifa por suministro de agua, alcantarillado y saneamiento es de las más caras de la entidad a lo que se suma que el ingreso por concepto de salario resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
Hasta el momento en el juzgado 1° y 6° de distrito, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco SOAPAMA ha respondido a partir del informe justificado que no es cierto el acto reclamado, ni violatorio de garantías ya que se trata de una toma fija, es decir sin medidor, y que no hay orden de corte. Esto confirma lo que durante años hemos denunciado sobre el SOAPAMA: que la existencia de dicha institución obedece a intereses netamente empresariales y lucrativos del derecho humano al agua y que dentro de sus reglas de operación justifica la violación de este derecho ante la imposibilidad del pago de tarifas que han impuesto arbitrariamente con pleno consentimiento del Ayuntamiento actual y de las anteriores administraciones.
Lo que resulta aún más grave es el sobreseimiento del juicio en ambos juzgados de distritos lo que implica que se da por terminado el juicio sin entrar al fondo del asunto que es la violación al derecho fundamental al agua. El informe justificado de SOAPAMA es evasivo de responsabilidad alguna por negar el acto de corte, no obstante las compañeras han sido amenazadas de manera verbal y escrita, por esta empresa con carácter de autoridad, en varias ocasiones con la suspensión definitiva del acceso al agua. Por lo anterior ambas resoluciones se impugnarán ante el Tribunal Colegiado.
En el juzgado 5° de distrito, la autoridad responsable acepta el acto reclamado, pero niega la violación del derecho al agua, justificando el corte por la falta de pago, que cabe mencionar es excesivo y que de acuerdo a tratados internacionales no es una razón para la suspensión de dicho derecho. Violentado al garante por no considerar su situación económica y negarle totalmente el acceso a este derecho fundamental; ponderando el lucro por encima del cumplimiento que el Estado tiene para garantizar los conceptualizados y reconocidos derechos humanos. De los cuales adolece el 87.2% de la población de Atlixco, según cifras del Coneval 2010.
El derecho al agua es un derecho humano reconocido dentro del bloque de constitucionalidad, y su cumplimiento exige que el gobierno del estado respete, proteja y cumpla, lo que implica procurar la asequibilidad de la población a este elemento esencial para la vida. Esto quiere decir que el costo de la misma debe adecuarse a las circunstancias económicas de las personas de tal manera que se asegure su acceso de manera definitiva, es decir, no debe vulnerar necesidades básicas como salud, alimentación, educación, vivienda. En este sentido la falta de pago no puede ser excusa para su suspensión, sobre todo tomando en consideración que debe existir la procuración del mínimo vital.
Al respecto la Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización Mundial de la Salud OMS reconocen que los servicios de abastecimiento y saneamiento para cada persona deben ser continuos y suficientes para el uso personal y doméstico, por lo que son necesarios entre 50 y 100 litros por persona, para garantizar que se cubran las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud. Y respecto al cobro, no debe de exceder a nivel nacional el 2.1% del ingreso total de los hogares y a nivel internacional del 3 al 5% del ingreso familiar.
El tendido de agua potable, alcantarillado y hasta los propios pozos de agua con su infraestructura, fueron gestionados por los propios habitantes de las colonias y comunidades, para después bajo el falaz discurso de progreso y de la adecuada administración-distribución del servicio, las empresas convirtieran en privado el logro de un esfuerzo colectivo. Lo que significa que empresas parasitas como SOAPAMA o Concesiones Integrales son empresas ligadas a funcionarios que utilizan la función pública para enriquecerse, transformando en mercancía derechos fundamentales como el agua.
De acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, la población total del municipio de Atlixco es de 134 mil 364 habitantes, de los cuales la población ocupada es de aproximadamente el 30.07% (cerca de 51 mil 164 personas); la mayor parte de la población ocupada recibe menos de dos salarios mínimos, esto es el 52.56% correspondiente a cerca de 26,889 habitantes, el 19.64% de la población ocupada percibe como máximo un salario mínimo, mientras que solo el 14.35% de la población total (37.70% de la población ocupada, cerca de 19,287 individuos) obtiene más de dos salarios mínimos.
Además, el 34.51% (más de una tercera parte) de los 35 mil 093 hogares, al menos un adulto no pudo comer la cantidad de alimentos que necesita para su desempeño cotidiano óptimo por falta de dinero, mientras que el 15.11% de los menores de edad (se considera que existen 21 mil 346 hogares en los que hay al menos un menor de edad) tampoco pudieron comer el alimento necesario para sus actividades diarias.
En conclusión estamos hablando de una población que se encuentra sumergida en la pobreza, por lo que mantener tarifas onerosas como las dispuestas por el sistema operador resulta un agravio para las familias atlixquenses, empeorando su calidad de vida y orillándolos a la pauperización. A más de 20 años de su conformación este organismo operador ha servido a los intereses de los grupos de poder, representados por personajes como Ramón Morán del Valle, José Luis Coca Vázquez; ya que, mientras ha elevado sus tarifas a más del 3000%, existen deficiencias en el abastecimiento e infraestructura de agua para el uso humano. Del total de las viviendas particulares habitadas, más de la tercera parte no cuenta con agua entubada al interior de su domicilio o terreno, esto es, aproximadamente el 35.70% tiene que recurrir a medidas de acarreo, compra de pipas, u otras medidas.
En el plano nacional, por medio de la ley general de aguas, mal llamada reforma estructural, se les otorga a los grupos oligárquicos en México y al capital monopolista transnacional el proceso de distribución y control del agua y territorio. Esta ley neoliberal se termina compaginando con la ahora ley en materia energética, con las que se colocan los principales recursos naturales del país en las manos del imperialismo norteamericano, con sus mineras y empresas que implementan la fractura hidráulica.
La consecuencia de esta ley radica en que los distintos estados de nuestro país legalizan el control de los sistemas operadores de agua por parte de empresas privadas. En nuestro estado, en medio de la coyuntura por el llamado “gasolinazo”, el pasado 6 de enero el congreso recibió la iniciativa de reforma de ley para someterla a cabildo de los municipios que busca privatizar el agua en la entidad a través de la centralización para la administración y distribución con objeto de lucro en los 217 municipios. SOAPAMA es el claro ejemplo de cómo se ha institucionalizado el control económico, político y social en beneficio de la oligarquía estatal; y cómo Concesiones Integrales buscará el mismo objetivo pero en el plano nacional por medio de la intrusión de las transnacionales.
Esta violación sistemática de condiciones básicas de vida, como lo es el agua y la vulneración de la alimentación, vivienda, trabajo, salud, etc. ha generado descontento en la población que se acrecienta cada vez más. Aunado a esto se encuentra la omisión y aquiescencia por parte de las instituciones municipales y estatales. En ese sentido exhortamos al Poder Judicial de la Federación a pronunciarse sobre esta grave violación y garantizar el derecho humano a este recurso indispensable para la vida.
¡Por tarifas justas!
¡El agua es un derecho, no una mercancía!
¡Todos a defender el derecho humano al agua!
Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco (APCUA)
Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH)
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
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Dignidad, Justicia, Libertad
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