El Banco Mundial financia programas que vulneran los derechos humanos
Periodismo Humano/HRW
El Banco Mundial no toma en cuenta los riesgos en materia de derechos humanos que afectan a las personas a quienes pretende ayudar, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El banco carece de controles adecuados para prevenir que se financien violaciones de derechos humanos. El 23 de julio de 2013, la Junta del Banco se reunirá en Washington en el marco de su revisión de políticas, y este evento podría ser una ocasión para subsanar esa falencia.El informe de 59 páginas, “Desarrollo sin abusos: Cómo el Banco Mundial debería prevenir violaciones de derechos humanos (Abuse-Free Development: How the World Bank Should Safeguard Against Human Rights Violations), se elaboró a partir de investigaciones efectuadas por Human Rights Watch en todo el mundo y documenta los daños causados a algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo como resultado de programas financiados por el banco. Human Rights Watch apela al estudio de tres casos, uno de ellos en Vietnam y dos en Etiopía, para mostrar que el banco no reconoció los riesgos para los derechos humanos que suponían los programas que financiaba ni tampoco adoptó medidas concretas para mitigar estos problemas.
“El Banco Mundial destina miles de millones de dólares cada año a financiar iniciativas de desarrollo en todo el mundo”, observó Jessica Evans, defensora sénior dedicada a instituciones financieras internacionales en Human Rights Watch. “Pero no debería continuar quebrantando sus propias iniciativas, y para ello debe asegurarse de no contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos”.
Los objetivos adoptados recientemente por el Banco Mundial destinados a erradicar la pobreza extrema y fomentar la prosperidad común están intrínsicamente asociados con el derecho de todas las personas a un nivel de vida digno, que incluya vivienda, agua y alimentos adecuados, observó Human Rights Watch. No obstante, el banco no podrá alcanzar verdaderamente estos objetivos en contextos complejos si no se asegura que se respeten los derechos de las personas a las que debería estar beneficiando.
El proceso de dos años destinado a revisar y actualizar las políticas de salvaguardia, que inició el Banco Mundial en octubre de 2012, ofrece una oportunidad para que el banco establezca un marco en materia de debida diligencia que le permita identificar las consecuencias de sus actividades para los derechos humanos. Este marco ayudaría al banco a adoptar medidas para mitigar las consecuencias negativas, maximizar las positivas y evitar el financiamiento de proyectos y programas que podrían facilitar o agravar violaciones de derechos humanos. El Banco Mundial debería incorporar las normas internacionales de derechos humanos como un elemento fundamental de su manifiesto sobre desarrollo.
Human Rights Watch comprobó que, en varios casos, el Banco Mundial no ha reconocido ni mitigado los riesgos para los derechos humanos que producen sus programas. Como resultado de esto, por ejemplo, en Vietnam el Banco Mundial ha financiado programas en centros de detencióngubernamentales destinados a drogodependientes donde, Human Rights Watch ha documentado detenciones arbitrarias, trabajo forzado, torturas y otras formas de maltrato.
En Etiopía, el Banco Mundial no se ocupó de evitar los riesgos que implicaban sus programas a la política gubernamental de represión de la libertad de expresión, la negación de servicios básicos a opositores políticos o personas percibidas como tales, o el programa de reasentamientos forzados.
A través de un proyecto valuado en US$ 2.000 millones, el Banco Mundial financia servicios de educación, salud, agua, saneamiento, caminos rurales y extensión agraria en Etiopía. Algunos funcionarios del banco sostienen que al contribuir al desarrollo de estos servicios, el proyecto redunda en beneficio de los derechos humanos. No obstante, en la región occidental etíope de Gambella el principal medio para conseguir los objetivos en materia de desarrollo, incluidos aquellos planteados en el marco de este proyecto del Banco Mundial, es un programa que no sólo no fomenta tales derechos sino que directamente los vulnera, comprobó Human Rights Watch.
Bajo el nombre de “villagization” (concentración en poblados), la iniciativa del gobierno traslada a 1,5 millones de indígenas y otras personas marginadas hacia nuevas aldeas, donde las mejoras a los servicios e infraestructura que promete el gobierno muchas veces no son más que una ficción. Este traslado forzado ha estado marcado por hechos de violencia.
Un joven de 20 años que escapó hacia Sudán del Sur dijo a Human Rights Watch: “Los soldados vinieron y me preguntaron por qué me negaba a trasladarme a un nuevo sitio… Comenzaron a golpearme hasta que quebraron mis manos… Corrí para decirle [a mi padre] lo que había sucedido, pero los soldados me siguieron. Yo y mi padre intentamos escaparnos corriendo… escuché el sonido de un disparo”.
El joven tuvo que separarse de su padre, y siguió corriendo hasta que pudo esconderse de los soldados en una zona de arbustos. Cuando regresó al día siguiente, le dijeron que su padre había muerto.
El Banco Mundial debería comprometerse a respetar y proteger los derechos humanos, observó Human Rights Watch. Como parte de esto, debería asegurarse de no exacerbar ni contribuir a que se produzcan violaciones de derechos humanos a través de sus préstamos u otras actividades. El Banco Mundial debería aplicar mecanismos sistemáticos de debida diligencia para garantizar el cumplimiento de sus compromisos.
Por ejemplo, si hubiese adoptado estas medidas en los proyectos que implementa en regiones donde el gobierno etíope impulsa su iniciativa de concentración en poblados, el banco habría advertido los riesgos de que las personas fueran víctimas de detención arbitraria, desalojo forzado, golpizas, torturas y ejecuciones. También habría identificado la posibilidad de que el acceso a alimentos, atención de la salud y agua fuera limitado e inadecuado en los sitios adonde eran trasladados los residentes. El banco podría haber incorporado medidas para evitar estos riesgos en la etapa de diseño del proyecto.
“La debida diligencia en materia de derechos humanos no implica señalar y responsabilizar a los gobiernos que necesitan fondos para desarrollo”, observó Evans. “Se trata de un proceso que examina los efectos de los préstamos u otro tipo de ayuda del Banco Mundial para los derechos humanos, y evalúa cómo pueden evitarse o mitigarse tales riesgos”.
Las políticas actuales de salvaguardia del Banco Mundial resultan insuficientes para asegurar que se respeten los derechos humanos en sus proyectos. Si bien el banco se ha comprometido a no financiar durante sus proyectos aquellas actividades que puedan contravenir las obligaciones asumidas por los países que toman los préstamos en virtud de tratados y acuerdos ambientales internacionales relevantes, no se ha pronunciado sobre las obligaciones estipuladas en los tratados internacionales de derechos humanos. El banco cuenta con políticas sobre traslados involuntarios y pueblos indígenas, pero incluso tales políticas no se adecuan completamente a las normas internacionales de derechos humanos. Las decisiones de financiamiento vinculadas con derechos carecen de transparencia y parecieran ser arbitrarias e incoherentes, concluyó Human Rights Watch.
Ante la ausencia de un compromiso claro de no apoyar actividades que favorezcan o agraven violaciones de derechos humanos, los funcionarios del banco carecen de criterios sobre cómo abordar problemas de derechos humanos o cuáles son sus responsabilidades. Los funcionarios gozan de plena discrecionalidad para determinar en qué medida tendrán en cuenta los riesgos para los derechos humanos, qué harán para evitar o mitigar los posibles perjuicios e incluso si comunicarán tales problemas a los funcionarios jerárquicos del banco o a la Junta. Debido a que no existen políticas ni procedimientos claros sobre derechos humanos, las personas cuyos derechos se ven menoscabados no cuentan con ninguna vía para exigir explicaciones al banco.
Al adoptar un enfoque que tome en cuenta los derechos humanos, el Banco Mundial podría reducir al mínimo los perjuicios evitables, especialmente entre grupos marginados, excluidos y vulnerables, y esto haría más sostenibles sus iniciativas de desarrollo. Al apoyar a los gobiernos para que cumplan sus obligaciones de derechos humanos, el banco puede reforzar la coherencia de las políticas gubernamentales. Reducir los riesgos para los derechos humanos también podría contribuir a mitigar los riesgos legales y financieros, además de la posibilidad de que se deteriore el prestigio del banco.
El Banco Mundial debe mejorar los estándares que se ha fijado en materia de derechos humanos, a fin de cumplir sus obligaciones jurídicas y preservar su rol de institución de desarrollo líder, comentó Human Rights Watch. Los países miembros tienen además obligaciones concretas relativas a derechos humanos de alcance similar, que les corresponde salvaguardar mientras continúen siendo miembros del Directorio Ejecutivo, organismo encargado de aprobar los proyectos del banco.
El Banco Mundial debería reformar sus políticas de salvaguardia a fin de:
- Manifestar su compromiso de no apoyar actividades que faciliten o agraven violaciones de derechos humanos, y respetar en todas sus actividades los derechos humanos reconocidos internacionalmente, con independencia del mecanismo de financiamiento utilizado.
- Efectuar controles de debida diligencia para cumplir con este compromiso, que incluyan llevar a cabo evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos para identificar los efectos que tendrían sus actividades y evitar o mitigar cualquier consecuencia adversa. El banco también podría utilizar estas evaluaciones de impacto para maximizar las consecuencias positivas para los derechos humanos vinculadas con sus actividades, en consonancia con su aspiración de mitigar la pobreza.
- Reforzar las salvaguardias existentes para adecuarse a las normas internacionales de derechos humanos, entre otras cosas, actualizando las políticas relativas a poblaciones indígenas y reasentamientos involuntarios a fin de que cumplan con los estándares establecidos en los tratados de derechos humanos, las declaraciones y los documentos relevantes emitidos por organismos creados en virtud de tratados y por relatores especiales de la ONU que interpretan estas obligaciones.
- Asegurar que no se discrimine a personas por ninguna razón prohibida por el derecho internacional, y que todos los miembros de las comunidades afectadas tengan la posibilidad de participar genuinamente en la definición de las agendas y políticas de desarrollo durante todas las etapas de los proyectos o programas.
“En un principio, el Banco Mundial señaló que su mandato no político le impedía incluso considerar aspectos de derechos humanos en sus decisiones relativas a financiamiento”, dijo Evans. “Ahora el banco acepta que puede tomar en cuenta los derechos humanos, pero considera que se trata de una posibilidad discrecional. Ya es tiempo de que el Banco Mundial reconozca que los derechos humanos universales no son una cuestión discrecional”.
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