#Confedrogas//“El Mijis” va por la legalización de marihuana Yahoo / Buzón

#Confedrogas//“El Mijis” va por la legalización de marihuana

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• Gabriela Ramírez 

  Para:Juan Luis García Hernández,simon.schatzberg@gmail.com,inigo.herraiz@rtve.es,Mercedes Matz M,Jean.ARCE@afp.com

  30 oct a las 13:35

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  “El Mijis” va por la legalización de marihuana
  

  
  

  *Necesario construir un camino de paz.

  
  

  *Personas de la región reconocen discriminación y violaciones permanentes a derechos humanos como la constante de la política prohibicionista.

  
  

  Ciudad de México. 30 de octubre de 2018.-  “Mi activismo y trabajo es por la construcción de paz y por eso respaldo la legalización de la marihuana. Vamos en el camino correcto. Si se legalizan las drogas, podemos crear una cultura de paz en San Luis Potosí, que hoy es una zona de guerra. Vamos a ir por la legalización y así vamos a bajar la violencia”, señaló el diputado Pedro Cesar Carrizales (“El Mijis”).

  
  

  Durante su participación en el panel Exigencias y Retos en la Política de Drogas de América Latina en el marco de la  VII Conferencia Latinoamericana y II Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas, “El Mijis” explicó que la marihuana es una droga que ha ayudado a las y los usuarios de otras sustancias muy dañinas -como el cristal- a dejarlas.

  
  

  “No estoy a favor del cristal, por esa droga estamos perdiendo a muchos jóvenes y hay feminicidios, pero sí a favor de la legalización de la marihuana porque ayuda a los chavos a dejar las otras drogas.”

  
  

  Reiteró que es necesario trazar el camino de la cultura de paz con políticas públicas que incluyan los puntos de vista de las personas consumidoras.

  
  

  En este panel se contó también con la presencia de Andrea James, directora ejecutiva del National Counsil for Incarcerated and formerly Incarcerated Woman and Girls, de Estados Unidos; Juliana Miranda, investigadora en el Área Jurídica y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina; Daniel Gómez Mazo, abogado de ILEX- Acción Jurídica de Colombia y María Angélica de Castro Comís, coordinadora general  de Convivencia É de Lei.

  
  

  Todas las personas participantes coincidieron en que la indiferencia, la discriminación basada en género, en raza, en clase, el uso excesivo de prisión, la falta de acciones preventivas y la apatía ante las voces de los grupos afectados por las políticas de drogas en la región es lo que ha llevado a su fracaso y ha violentado permanente los derechos humanos de miles de personas, situaciones que representan los principales retos en la región.

  
  

  Andrea James, de Estados Unidos, dijo que en ese país hay un excesivo encarcelamiento de mujeres que ha crecido hasta en un 700 por ciento y recalcó que ésta no es una solución al problema. “Las historias de todas las mujeres relacionadas con delitos de drogas son las mismas, las causas están en la profunda discriminación que viven las mujeres que viven en entornos de pobreza y con oportunidades limitadas.”, puntualizó.

  
  

  Por su parte, Daniel Gómez Mazo de Colombia: enfocó su participación en el impacto en poblaciones afrodescendientes en aquel país, que se han visto arrastrados al cultivo de coca por la falta de oportunidades y dijo que la guerra contra las drogas se lucha principalmente en territorios de personas afrocolombianas, cuando las personas consumidoras están en el exterior.  “Tan solo el año pasado se registraron 190 muertes violentas el año pasado”.  

  
  

  En Argentina, existe el problema de la militarización. Al respecto, Juliana Miranda  Investigadora en el Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales Argentina (CELS)  explicó que la idea de las “nuevas amenazas” como el narcotráfico, da lugar a una militarización de la seguridad interior, que implica la ampliación de las capacidades de los Estados para realizar tareas de inteligencia o para intercambiar información entre agencias de diferentes Estados. Las “nuevas amenazas”,  son presentadas como justificación de técnicas de investigación y formas de vigilancia supuestamente dirigidas a los grupos criminales, pero, que muchas veces, se utilizan contra opositores políticos u otros actores sociales e impactan sobre los derechos a la organización, la participación, la protesta y la privacidad.

  
  

  

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