ComunicadodePrensaANEC71 - Sobre Reforma Energética y del Campo.

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PRENSA ANEC Comunicado de Prensa No. 071 México, D.F. a 6 de agosto de 2014 § “La verdadera Reforma del Campo, ya se dio con la aprobación de la Reforma Energética”: ANEC Ley Peña de “desamortización

Para Enrique PerezMí

Hoy a las 8:29 A.M.

Comunicado de Prensa No. 071                           México, D.F. a 6 de agosto de 2014

 

 

§  “La verdadera Reforma del Campo, ya se dio con la aprobación de la Reforma Energética”: ANEC

Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias y la “Reforma del Campo”

-       Posición de ANEC frente a la Reforma Energética y del Campo.

-       Propuestas y alternativas Campesindias.

-       El próximo 16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco se llevará a cabo el arranque del “Encuentro y Jornadas Nacionales en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida”.

 

Con la restauración del régimen priista y la imposición de Enrique Peña Nieto (EPN) como presidente de la República, se reproducen bajo formas nuevas los mismos patrones de subordinación, entreguismo y despojo de los recursos de la Nación y de las comunidades campesindias que prevalecieron durante el porfiriato y, en parte, durante la reforma liberal.

 

La “primavera campesindia” en la historia de México duró muy poco: de 1910 a 1982. El derecho a ser considerados parte del proyecto nacional y a acceder a la restitución de las tierras comunales y al reparto agrario para constituir el ejido duró únicamente -con matices, restricciones y acotaciones- alrededor de siete décadas.

 

Salir de la exclusión, el despojo, la cuasi esclavitud, la invisibilidad y la negación de todo derecho no fue fácil: fue necesaria una revolución social y décadas de luchas ininterrumpidas para lograr el desmantelamiento del latifundio y el reparto agrario. De esta manera, más de 54 por ciento del territorio nacional pasó a manos campesindias por medio de 31 mil 500 ejidos y comunidades y 5.6 millones de hombres y mujeres titulares de derechos agrarios. Si a esto agregamos la existencia de 1.6 millones de pequeños propietarios, la mayoría de los cuales tiene cinco hectáreas o menos, con el 35.7 por ciento de la superficie nacional, resulta que casi 90 por ciento del territorio nacional está en manos campesindias (según datos de Héctor Robles; Programa Nacional en Apoyo a los Pequeños Productores; mimeografiado; 2014).

 

Toda una hazaña histórica si consideramos que durante la reforma liberal (Ley Lerdo de 1856) y, sobre todo, la dictadura porfirista (Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883) se despojaron casi 50 millones de hectáreas a las comunidades indígenas y que para 1910 se tenía la siguiente estructura agraria: cinco mil 932 haciendas poseían 94 por ciento de la tierra, 32 mil 557 rancheros eran propietarios del cinco por ciento y el uno por ciento restante correspondía a las comunidades y pueblos. El 40 por ciento del área total del país estaba en manos de media docena de latifundios y tres y medio millones de campesindios subsistían como peones acasillados y aparceros (citado por Arnaldo Córdova; La ideología de la Revolución Mexicana; ERA; 1972; p. 42-43).

 

Ahora, en pleno siglo XXI, con la contrarreforma constitucional en materia de energía, se promulga al mismo tiempo en su artículo Octavo transitorio la versión Peña de la Ley Lerdo de desamortización de bienes de las corporaciones civiles (y religiosas) de 1856 y de la ley porfiriana de colonización y compañías deslindadoras de 1883.

 

Efectivamente, con la contrarreforma energética de EPN, bajo similar ideología a la porfiriana (ideología liberal-positivista-extranjerizante), se endereza una nueva ofensiva contra la propiedad social de la tierra y los recursos de las comunidad campesinas e indígenas con el argumento liberal-porfirista de que las tierras y recursos en manos campesindias son “bienes en manos muertas” y que, “si queremos progreso” deben privatizarse y entregarse a “manos vivas”, o sea, al capital energético y minero trasnacional.

Privatización y despojo vía contrarreforma energética de diciembre de 2013. El pasado 6 de enero, el presidente EPN anunció la realización de un diálogo con las organizaciones campesinas para una “gran reforma del campo” para “impulsar su desarrollo y bienestar”.

 

Aseguró, asimismo, “que el campo mexicano debe ser una de las mayores fortalezas del país”.

 

El 5 de marzo del presente, EPN anunció en Manzanillo la realización de una consulta nacional para acordar los términos de “una reforma de gran calado”, afirmando que su gobierno “priorizará el desarrollo del campo” y que “no se va a modificar el actual mandato constitucional respecto a los diferentes regímenes de propiedad de la tierra y no se busca privatizar el ejido y la comunidad”.

 

A partir de estos anuncios, la Secretaría de Agricultura y los gobiernos estatales han estado realizando innumerables foros estatales, temáticos y regionales y se ha constituido una “Comisión permanente para la reforma del campo” para procesar y decidir el contenido de “la gran reforma” que deberá de concluir en la firma con centrales campesinas y cámaras agro empresariales de un “acuerdo marco” en agosto próximo.

 

Sin embargo, más allá de los discursos, promesas y “consultas”, el hecho duro es que el presidente EPN, con el apoyo del Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos Estatales, ya decidió el contenido central de la “gran reforma del campo” con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía en diciembre pasado.

 

En efecto, en dicha reforma se establece que, además de entregar a compañías extranjeras la renta petrolera y el control del petróleo de la Nación, las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, así como toda la industria de hidrocarburos son actividades estratégicas y de interés social y orden público y, por tanto, tienen prioridad y preferencia sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y subsuelo de territorio nacional. A la letra, el artículo Octavo transitorio de dicha reforma constitucional establece lo siguiente:

 

“Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.

 

“La ley preverá los términos y condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva.”

 

Adicionalmente en las leyes secundarias se establece que las actividades mineras no tendrán prioridad sobre las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, pero si sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y subsuelo de los territorios concesionados a las corporaciones mineras.

 

Así, vemos con claridad y sin lugar a dudas cuál es la decisión del presidente Peña Nieto respecto a su anunciada “reforma del campo de gran calado”: el campo, la agricultura, los campesinos y las campesinas, los ejidos y comunidades, las pequeñas propiedades, los pueblos indígenas, los modos de vida rurales, la biodiversidad, los recursos hídricos, los sitios históricos y ceremoniales, la autosuficiencia alimentaria, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, los derechos a la libertad de trabajo, los derechos a la propiedad, los derechos a la alimentación y a un medio ambiente sano NO SON ESTRATÉGICOS, NO SON PRIORITARIOS, NO TIENEN PREFERENCIA.

 

Ni siquiera están en un segundo orden de prioridad, porque este lugar lo ocupa la minería.

 

De hecho, con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía de EPN se promulgan al mismo tiempo las versiones siglo XXI de la Ley Lerdo expropiación y privatización de bienes en “manos muertas” y de la ley porfiriana de colonización y deslinde de terrenos “baldíos”.

 

Lo “estratégico”, lo “prioritario”, “lo de interés público y orden social” para los campesindios es que acepten romper con sus comunidades y ejidos para individualizarse, que reconozcan que ya no tienen un lugar en el proyecto nacional, que entreguen sin resistencia sus tierras y sus recursos y que migren, que se vayan, ¡sobran!

 

Para EPN y la agenda corporativa trasnacional, parafraseando a Porfirio Díaz, la consigna para los campesindios y en general para la población rural es: “Emígrenlos en caliente”!

 

De esta forma, EPN busca culminar las contrarreformas agrarias que emprendió Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994 con la modificación al artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el abandono del campo.

 

Con la contrarreforma agraria vía la reforma energética, EPN pretende acabar con la propiedad social de la tierra, promover su reconcentración en pocas manos, intensificar la expulsión de la población rural, debilitar la resistencia social frente al despojo de los recursos naturales de la Nación y de los campesinos y pueblos indígenas, y profundizar la dependencia e inseguridad alimentaria y nutricional del país. Lo anterior para servir a la agenda de los neo hacendados, las empresas energéticas y mineras, el capital corporativo trasnacional y a la estrategia de seguridad energética de los Estados Unidos.

 

Con base en estas reformas constitucionales en materia de energía, ahora se discuten las leyes secundarias en materia de hidrocarburos y minería, en las que se pretende reglamentar la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias. Se pretende establecer, entre otros, procedimientos de “desamortización y deslinde de terrenos baldíos” figuras tales como: “reservas nacionales”, “servidumbre legal de hidrocarburos”, “contratos de ocupación” y de “expropiación por causa de utilidad privada” a favor de las empresas extranjeras con “asignaciones”, “contratos”, “autorizaciones” y “permisos” de exploración y explotación de hidrocarburos.

 

Esta es la verdadera “reforma del campo de gran calado” de EPN que ya fue con la reforma constitucional en materia de energía promulgada en diciembre pasado.

 

Amenazas adicionales de la “reforma del campo” de EPN. La “reforma del campo” de EPN implica adicionalmente, las siguientes graves amenazas:

 

1.     Privatización acelerada del ejido y la comunidad, bajo el pretexto de “desburocratizar y simplificar” los procedimientos establecidos en la ley agraria desde 1992 a raíz de la contrarreforma agraria salinista.

 

2.      Profundización del modelo fallido de “libre comercio” y de subordinación a las corporaciones trasnacionales a través de las negociaciones secretas y firma del Tratado Transpacífico (TPP). Lo anterior, no obstante de 20 años de fracaso del TLCAN en la agricultura y soberanía alimentaria del país.

 

3.     Continuidad y profundización del modelo agotado de revolución verde a través de la autorización de siembra comercial de maíz y otros cultivos transgénicos y el reforzamiento de una agricultura de agro insumos químicos, en manos de monopolios, de alta emisión de carbono y baja resiliencia frente al cambio climático global.

 

4.     Profundización y generalización del despojo y depredación de los recursos naturales de ejidos y comunidades a través de las concesiones, expropiaciones y/o compra-venta de tierras y territorios para el establecimiento de megaproyectos de muerte: petroleros, fracking, mineros, hidráulicos, eólicos, gaseros, turísticos, inmobiliarios, etcétera, y

 

5.     Profundización de la desigualdad en el campo y continuidad del fallido enfoque asistencialista de “combate” a la pobreza rural así como la utilización de los recursos públicos para comprar elecciones y para el control del descontento social.

 

Agenda inmediata de resistencia y alternativa campesindia. Hoy como ayer, la resistencia campesindia es la única vía frente a la privatización, el despojo, la exclusión, las injusticias, la carencia de libertades y de derechos humanos impulsada por la contrarreforma energética y la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias.

 

Frente a este gran reto histórico, diversas centrales campesinas han preferido hacer a un lado la contrarreforma del campo que ya fue y concentrarse en el “diálogo y negociación” para un “pacto rural” con el gobierno neoporfirista y para “una reforma de gran calado para el campo”.

 

Por su parte, el gobierno federal desvía y distrae la energía de estas centrales campesinas y está en la “mejor disposición” de negociar “dulces y curitas” a cambio que se mantenga sin cambio alguno la esencia de la Ley Peña.

 

Es posible que estas posiciones abonen a una nueva derrota histórica del movimiento campesino como la que se experimentó frente a la contrarreformas agraria salinista de los años 90’s del siglo pasado.

 

 

Por su parte, la ANEC, la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, entre otros, han expresado sin ambages su rechazo a la Ley Peña de “desamortización” de tierras en manos campesindias y a la “reforma del campo” de EPN.

 

Asimismo, en el México profundo, desde abajo y a lo largo y ancho del país, se han desplegado innumerables movilizaciones, frentes y redes en contra de los megaproyectos de muerte y en defensa de la propiedad social de la tierra y los modos de producción, vida y cultura de las comunidades campesinas e indígenas del país.

 

Es posible y necesario organizarse y prepararse para una lucha larga e ininterrumpida en los próximos meses y años para detener y revertir las contrarreformas energética y del campo de EPN y de las corporaciones trasnacionales.

 

A continuación se propone una agenda mínima de resistencias y alternativas campesindias:

 

1.    Rechazo a la contrarreforma energética y a la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias y sus leyes secundarias.

 

2.    Son y deben reconocerse como actividades estratégicas, de interés público y orden social las actividades del campo, la propiedad social de la tierra, la producción alimentaria, el manejo sustentable del agua, la preservación de la biodiversidad; los modos de producción, vida y cultura campesindios; el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, y la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país.

 

3.    Autosuficiencia alimentaria con campesinos y campesinas, con sustentabilidad, sin transgénicos y sin monopolios.

 

4.    Precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de cosechas.

 

5.    Respeto a los derechos de los campesinos y campesinas y pueblos indígenas sobre sus territorios y a sus modos de producción, vida y cultura. Derecho a no migrar. Respeto a la consulta previa, libre e informada.

 

6.    Derecho a la seguridad y a una vida buena para la población del campo.

 

7.    Derecho a una ciudadanía plena y a la organización autónoma y autogestiva.

8.    Asambleas informativas y deliberativas en cada ejido, comunidad y poblado rural para acordar el rechazo a las contrarreformas energéticas y del campo, adherirse a la agenda campesindia y acordar planes locales y regionales de resistencia y alternativa. La mejor defensa frente a la Ley Peña es la auto organización y el uso comunitario y sustentable del territorio y recursos en manos campesindias.

 

9.    Establecer una estrategia legal integral para revertir la contrarreforma energética y frenar la privatización y despojo de tierras campesindias: consulta popular vinculatoria en 2015, acción de inconstitucionalidad, acción colectiva, amparos caso por caso, quejas ante CNDH y CIDH, etcétera, etcétera.

 

10. Encuentros regionales, estatales y nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida en todo el país, para confluir el 6 de diciembre en una gran movilización nacional campesina, para conmemorar el centenario de la entrada de los ejércitos campesinos de Zapata y Villa en la ciudad de México en diciembre de 1914.

 

 

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Enrique Pérez S.
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