Matar empresas
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Noemí Juárez, a quien muchos conocen como Mimí, abrió un pequeño negocio en Zacatecas en marzo de 2015 ya que su sueldo del sector público no le alcanzaba para sobrevivir. Puso un spa y salón de belleza que llamó Design Nails by Mimí. El reto no era fácil en una economía como la de Zacatecas, tradicionalmente rezagada, pero el pequeño negocio logró sobrevivir. Mimí compró equipo y dio empleo a cinco personas.
Esta historia es muy común en nuestro país. El mexicano es luchador y emprendedor por naturaleza. Compensa la pobreza de la economía trabajando dos o tres turnos, inventando negocios, vendiendo, luchando por construir un futuro ante un sistema hostil. Hay en México 6 millones de empresas, o unidades de actividad económica, 95% de las cuales tiene menos de 10 trabajadores. Estos pequeños empresarios generan la enorme mayoría de los empleos de nuestro país. Las grandes empresas emplean a relativamente poca gente, en parte porque son más eficientes y automatizadas.
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La mayoría de estas pequeñas empresas vive al día y su suerte está atada a la persona que las funda y las impulsa con su trabajo. Este ha sido el caso del spa de Mimí. La mala situación económica de los últimos dos años la obligó a reducir sus gastos e incluso a mudarse a la casa donde tiene el negocio. En los últimos meses, sin embargo, Mimí tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas que han mermado su capacidad de trabajo y su situación financiera.
La orden de suspensión de negocios no esenciales le aplica a ella. Un salón de belleza es simple vanidad para los políticos que han ordenado el cierre. Para Mimí, sin embargo, el deseo de mantener el sueldo de cinco colaboradoras durante un mes o más, ya que la pandemia seguramente se prolongará varios meses, es simplemente incumplible. Pagar los sueldos sin ningún ingreso le impediría sobrevivir, ya no como empresa, sino físicamente.
Los políticos, por supuesto, viven en otro mundo. Nunca han tenido que crear una empresa, nunca se han preocupado por pagar las quincenas de los trabajadores. Muchos son ricos y, si no lo son, están acostumbrados a vivir del erario. En esta emergencia no dejarán de recibir su sueldo.
La ley establece la figura de contingencia sanitaria que permite a las empresas dejar de operar pagando solamente un sueldo mínimo a sus trabajadores. Pero este Gobierno, tan adepto a darle la vuelta a la ley, ha declarado no una “contingencia sanitaria” sino una “emergencia sanitaria”. Este juego de palabras está hecho para violar la ley, para forzar a las empresas a pagar salarios completos a pesar de que sí hay una contingencia sanitaria que ha llevado a la suspensión de actividades no esenciales.
Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, advierte severa desde el poder: “De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio de pago únicamente de salario mínimo”.
Esta filosofía parece diseñada para matar empresas, tantas como se pueda entre esas 6 millones que son la columna vertebral de la economía de nuestro país. Sin embargo, nadie está obligado a lo imposible. Mientras más se extienda la prohibición a las actividades productivas, más quiebras tendremos y el desempleo será mayor. No hay decreto autoritario que lo pueda evitar.
Anillo al dedo
“Vamos a salir pronto -dice AMLO–, no es una debacle, son muchas más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas. Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”.
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