El camino hacia el extremismo de Bangladesh
El país asiático multiplica las operaciones policiales y las prohibiciones para detener la oleada de violencia que lleva más de 40 muertos
Chowdhury Abrar es profesor en la Universidad de Dacca, capital de Bangladesh, y reconoce que tiene miedo. "Hay una sensación de incertidumbre entre la gente por todas partes. Nadie se siente seguro a excepción de las personas VIP del Gobierno, que están superprotegidas". La crisis política que vive su país desde hace tres años ha estado permanentemente ligada a la violencia y ahora, tras el reciente ataque a un restaurante que dejó 20 rehenes muertos, siente que la situación es "crítica".
Ese suceso a principios de mes en el barrio acomodado de Gulshan y otro asalto que provocó cuatro muertos una semana después en un lugar de rezo son los últimos mazazos tras dos años de asesinatos selectivos de blogueros laicos, ciudadanos extranjeros, miembros de la comunidad gay y minorías religiosas, unaoleada creciente que lleva más de 40 muertos, muchos a golpe de machete.
La respuesta es obvia: se han multiplicado las operaciones policiales, los controles y las prohibiciones después de que el ataque de Gulshan sembrase el terror. "Haremos lo que sea necesario para frenar la insurgencia", ha dicho la primera ministra, Sheikh Hasina, para calmar a una población que no tiene tan claro que las autoridades sean capaces de frenar la violencia.
Una de sus medidas más polémicas es el anuncio de cerrar los restaurantes, comercios, hospitales y centros educativos sin licencia en las zonas residenciales de la capital del país, una orden que se lanzó hace meses pero que ahora se llevará a la práctica. El impacto económico será severo, ya que se calcula que unos 13.000 negocios tendrían que echar el cierre o desplazarse.
El Gobierno de la Liga Awami también ha recibido críticas por señalar directamente a la comunidad educativa y su supuesto papel en la radicalización de los jóvenes, teoría que cogió fuerza después de que se supiese que la masacre de Gulshan fue obra de jóvenes de clase alta que habían estudiado en universidades de élite.
A pesar de que el autodenominado Estado Islámico (IS) se atribuyó el asalto al restaurante plagado de extranjeros, el Ejecutivo señala al grupo local Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) y asegura que el país sigue sin tener conexiones con el terrorismo internacional.
El ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, dijo el pasado sábado que los autores intelectuales del asalto han sido identificados y este jueves han sido detenidos cuatro miembros de JMB, entre ellos Mahmudul Hasan, uno de sus líderes. La Policía sostiene que estaban planeando un nuevo atentado porque en el arresto se incautaron armas de fuego, bombas caseras y material para fabricar más artefactos.
Estas maniobras se suman a la ofensiva lanzada por el Batallón de Acción Rápida (RAB) en junio, cuando se realizaron más de 11.000 detenciones de supuestos yihadistas locales, una macroperación cuestionada por quienes consideran que la primera ministra está utilizando la situación para atacar a sus oponentes políticos.
"La respuesta del Gobierno es la represión de la oposición política y la supresión de los actores de la sociedad civil y las voces discrepantes", ha afirmado a este diario Adilur Rahman Khan, fundador de la organización de derechos humanos Odhikar. El profesor Abrar, activista muy crítico con el Ejecutivo de Hasina, ha opinado que "es muy lamentable que los políticos utilicen eventos tan tristes para intereses mezquinos".
Hay que tener presente que el avance del extremismo islamista en un país tradicionalmente moderado en lo religioso se da en mitad de una eterna crisis política con huelgas generales, protestas violentas por la ejecución de líderes políticos, acusaciones de corrupción entre partidos, una constante persecución a la prensa y numerosas denuncias de organizaciones como Human Rights Watch sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Un panorama nada fácil para una nación con un tercio de la población bajo el umbral de la pobreza.
El Gobierno señala a la oposición política
Con ese telón de fondo la primera ministra ha defendido en todo momento que la violencia que vive su país es de carácter local, alentada por los partidos opositores BNP y Jamaat-e-Islam, a pesar de que tanto el IS como la rama de Al Qaeda en el subcontinente indio han reivindicado muchos de los asesinatos del último año.
El Gobierno responde que los grupos locales utilizan el nombre del IS o Al Qaeda para que sus actos ganen impacto mediático, pero sus críticos creen que está negando la verdadera naturaleza y dimensión de estos crímenes.
Locales o extranjeros, el objetivo de las autoridades es controlar que los jóvenes no acaben siendo reclutados por grupos extremistas. De modo que la Policía ha difundido una lista con 261 nombres de personas desaparecidas y se ha pedido a las universidades que informen de aquellos estudiantes que lleven ausentes 10 días. Existe el miedo de que las personas en paradero desconocido acaben en filas yihadistas.
La idea de base es acabar con el discurso del odio religioso. Por eso, tras el ataque de Gulshan, el Gobierno bangladesí no tardó en prohibir el canal del telepredicador indio Zakir Naik, acusado de inspirar a los terroristas con sus emisiones desde Dubai, seguidas por millones de fieles en todo el mundo.
El viernes pasado la Fundación Islámica nacional pidió a 300.000 mezquitas del país, cuya población es sobre todo musulmana, que durante el rezo se leyesen sermones contra el terrorismo, que los imanes condenasen algo tan básico como la "muerte injusta de un ser humano" y que en las oraciones se criticase el "lavado de cerebro" que llevan a cabo los extremistas con sus afines.
Estos días en Dacca los controles de seguridad y las patrullas policiales han aumentado en el aeropuerto y en las calles, especialmente en la zona diplomática, pero en la ciudad nadie duda de que es sólo cuestión de tiempo que se produzca un nuevo suceso. El propio Gobierno lo da por hecho. Queda saber dónde será, cuándo tendrá lugar, cómo ocurrirá y quiénes serán las víctimas.
"La batalla contra el terrorismo requerirá paciencia, perseverancia, pragmatismo y políticas eficaces", ha escrito el analista de seguridad Faiz Sobhan en el diario Dhaka Tribune. Está por ver si Bangladesh y sus 160 millones de habitantes pueden hacer frente a esas cuatro necesidades.
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