En los círculos de la política
profesional se maneja, desde hace algunos meses, urgencia de una nueva
reforma energética. Lo que denominan una reforma de segunda generación,
puesto que para el sector monopolista de la burguesía, identificado por
su programa neoliberal en lo económico y lo neoconservador respecto al
Estado, la reforma petrolera de 2008 fue una reforma descafeinada porque no abrió lo suficiente la industria petrolera a la inversión privada.
Es cierto que los siete dictámenes aprobados por el Congreso de la Unión en 2008[1]
tuvieron grandes avances en favor de los intereses del capital
monopolista, pero también es justo apuntar que gracias a la movilización
de un sector del pueblo mexicano se limitó el contenido de aquel
paquete de reformas. Los resultados fueron insatisfactorios tanto desde
el punto de vista de la clase trabajadora como desde el del capital
monopolista. Solamente salieron favorecidos algunos personajes que
parasitan profesionalmente la política. Desde el punto de vista del
pueblo, se abrió la puerta para que el capital privado se beneficie con
el patrimonio de la nación. En cambio, la perspectiva de la burguesía
imperialista no tiene todas las garantías para apropiarse de la renta
petrolera.
Ahora bien, pueden argumentarse cualquier
cantidad de cosas en contra de los hidrocarburos, pero más del 57% de
la energía que se consume en el mundo se genera a partir de petrolíferos
o gas natural. En México esa proporción asciende a más del 87%. Es
decir, casi toda la energía eléctrica consumida en los hogares,
oficinas, fábricas, escuelas, comercios, mobiliario urbano, los
combustibles que movilizan a los camiones, camionetas, automóviles,
barcos, aviones, trenes, a las maquinarias industriales; depende de que
esté garantizado el abastecimiento de hidrocarburos. Por tal motivo es
que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos define dos nociones claves: 1) los hidrocarburos son propiedad
de la nación mexicana, es decir de los pueblos que la conforman, no del
gobierno ni mucho menos de particulares. 2) Los hidrocarburos, a
diferencia de otros recursos de la industria extractiva, son un recurso
estratégico para el desarrollo del pueblo mexicano.
Por si fuese poco, al rededor del 40% de
los ingresos fiscales mediante los cuales funciona el gobierno, a todos
sus niveles, se obtienen de los impuestos que paga Petróleos Mexicanos
(Pemex). La petrolera mexicana, además de ser el consorcio más grande,
es el paga más contribuciones fiscales, debido a la evasión y elusión de
las grandes compañías.
Otras razones que hacen del sector
petrolero la clave de la economía de México es porque representa el 15%
de los ingresos nacionales por exportaciones. Sin olvidar que la renta
petrolera, entendida como el diferencial entre los costos de extracción y
la venta del crudo como materia prima en el mercado mundial o nacional,
es una de las más lucrativas del planeta. Extraer cada barril le cuesta
a Pemex, en promedio, US$ 6.5; mientras que el precio medio de las
calidades de crudo mexicano en el mercado mundial ronda los US$ 100, lo
que arroja una renta superior a US$ 90 por barril de petróleo extraído.
A pesar de la corrupción imperante en las
estructuras de gobierno, los ingresos fiscales petroleros costean casi
la mitad de la salud y educación pública en México. Lo cual supone que
el sector petrolero tiene un gran potencial para la creación de riqueza,
motivo que llamaría la atención de las grandes transnacionales del
sector: las compañías herederas de las siete hermanas,[2] además de las nuevas como la francesa Total o la española Repsol.
Causas de la situación actual de la industria mexicana del petróleo
Los argumentos del capital monopolista y
de los sectores más reaccionarios de la política profesional burguesa
son, en resumen, que Pemex se ha quedado rezagado tecnológicamente, que
es una empresa ineficiente, que se requiere mayor inversión privada
mediante asociaciones con las grandes compañías para explotar los nuevos
yacimientos; todos estos los rematan diciendo que quienes critican la
realización de una nueva reforma energética están equivocados porque ni
siquiera hay un documento para criticar, por lo tanto, no se puede
hablar de una privatización y que la apertura a la inversión privada no
significará la venta de Pemex ni la de los hidrocarburos que seguirán
siendo propiedad de la nación.
Esos son los argumentos oficiosos. Sin
embargo vale la pena echar un vistazo para corroborar el origen y causas
de la situación de la industria petrolera mexicana. Para lo cual es
preciso comprender que la política neoliberal ha tenido cuatro líneas
convergentes: sobrecarga fiscal de Pemex, desarticulación de la
industria, incremento del contratismo y sabotaje del patrimonio
tecnológico nacional.
Sobrecarga fiscal
En realidad, México no siempre ha sido
una nación petrolera. A lo largo de la historia ha tenido dos grandes
momentos de auge de este sector. El primero a comienzos de la década de
los años 1920 y el segundo después del descubrimiento del megayacimiento
de Cantarell en la sonda de Campeche hacia finales de la década de
1970. Esta segunda época de auge de la extracción es la que vivimos. El
tope de ésta se alcanzó en 2004 cuando en México se extraían 3.8
millones de barriles de petróleo al día. Desde entonces a la fecha la
producción viene en declive, pero todavía se extraen más de 2.5 millones
de barriles al día.[3] Lo que convierte a Pemex en una de las compañías más importantes de su ramo.
No obstante, el boom petrolero
mexicano vino aparejado con la creación de incentivos para la paulatina
construcción de una política fiscal suave con el capital privado que les
permite tener muchos mecanismos de condonación, evasión y elusión
fiscal. Por ello es que en México los grandes capitales pagan cantidades
irrisorias de impuestos.
Para colmo, en estas décadas de bonanza
petrolera el sesgo de la política fiscal ha tendido hacia convertirse
en regresiva; esto es que se cobran tasas impositivas iguales sin
importar el ingreso de los contribuyentes, además se hace a partir de
impuestos al consumo. A diferencia del proyecto nacionalista
postrevolucionario que tenía una política fiscal progresiva; es decir,
se grava con mayor tasa a quiénes perciben mayores ingresos y su
aplicación se basa en los impuestos al ingreso, no al consumo. El
resultado de esto es que México no es capaz de recaudar ni siquiera el
20% del valor generado en el país, quedando muy lejos del 50% que
recaudan las naciones más eficientes de la OCDE.
Gracias a esta política fiscal es que
Pemex se convirtió en el salvavidas del gobierno mexicano. Aunque para
ello se le cobran tasas impositivas que, en algunos años, han superado
el 100% de los ingresos de la compañía. Por ese motivo es que la empresa
ha tenido que recurrir al constante endeudamiento. Pero la consecuencia
es la reducción de recursos disponibles para abrir nuevos proyectos de
exploración y producción.
Desarticulación de la industria petrolera
La adopción en México del programa
económico neoliberal ha significado el desmantelamiento de las empresas
estatales. Lo que incluye la paulatina desarticulación de la industria
petrolera mexicana.
En primera instancia, con la reforma
petrolera de 1992, se le quitó a Pemex su carácter de empresa integrada
al subdividirla en seis empresas u organismos subsidiarios[4] de un mismo corporativo.
En segunda instancia, como resultado de
la reforma antes mencionada, fue que se dividió en México a la
petroquímica en básica y secundaria, único país donde exige semejante
división. Basado en esto fue que el salinismo privatizó importantes
sectores de la petroquímica, incluyendo la elaboración de fertilizantes.
La privatización y posterior cierre de Fertimex es un ejemplo notable
de lo que acarrea la aplicación del programa neoliberal en la industria
petrolera, incluyendo los efectos nocivos para la sociedad. A partir de
tal suceso se dejaron de producir fertilizantes para el campo mexicano,
lo cual constituye uno de los factores que tiene sumido al sector
agrícola nacional en una condición deplorable que deriva en la pérdida
de la soberanía alimentaria, dado que al estar obligado a importar
fertilizantes a altos precios, el campo mexicano es incapaz de competir
con los precios subsidiados de la agricultura estadounidense.
La tercera consecuencia de la
desarticulación ha sido el encarecimiento de los combustibles, puesto
que se prioriza la venta al extranjero de crudo (principalmente hacia
los Estados Unidos) en lugar de la refinación (ninguna de las seis
refinerías mexicanas opera al 100% de su capacidad, lo hacen en un rango
entre el 70 y el 80%). Además, entre organismos subsidiarios se
transfieren costos de materias primas más elevados que la estructura de
costos que en una empresa integrada. Así, Pemex refinación en lugar de
pagar 6.5 ó 7 dólares por cada barril de crudo, el costo de producción a
boca de pozo en México, que refina paga precios mucho más elevados.
En cuarta instancia, el desmantelamiento
de Pemex ha incrementado los costos de operación mientras la compañía se
convierte en una operadora de contratos con el capital privado, más
adelante me referiré al contratismo, aquí más bien es preciso destacar
el incremento de la media y alta burocracia en los últimos doce años.
Los salarios devengados por este sector inflan la nómina sin agregarle
algún valor a los hidrocarburos. De tal forma que Pemex pierde
eficiencia e, incluso, se descapitaliza.
Finalmente, la política de
desmantelamiento incluye tolerar que el crimen organizado saquee los
ductos para vender clandestinamente gasolinas y diesel. Diversos
periodistas como Anabel Hernández o Ana Lilia Pérez han documentado el
robo encabezado por cárteles como los Zetas o el del Chapo Guzmán. Esta
tolerancia ha sido usada por los propios neoliberales para exigir la
incursión del capital privado en la transportación de hidrocarburos,
léase construcción y manejo de ductos.
Incremento del contratismo
Es cierto que ninguna empresa en el mundo
es completamente autosuficiene, siempre se requiere de contratar
servicios especializados para ciertos trabajos. En el caso de la
industria petrolera la edificación de nuevas plantas, por ejemplo,
requiere de obra civil para la cuál se requiere contratar a empresas
dedicadas a la construcción, o en el caso de la fabricación de tuberías y
plantas, es preciso que Pemex contrate los servicios de compañías
proveedoras que instalen y capaciten a los trabajadores de la petrolera.
Esto ha sido pretexto para que en los
años recientes se haya incrementado la subcontratación de compañías para
trabajos que anteriormente realizaban eficazmente los trabajadores de
la propia Pemex. Lo cual significa el desplazamiento de cientos de
trabajadores. Todo esto se realiza al amparo y con la venia de la
dirigencia sindical, comenzando por el charro Carlos Romero Deschamps,
que en lugar de proteger la materia laboral de los agremiados hace
negocios con la compañía petrolera a través de las empresas contratistas
de las que es propietario.
Las condiciones de trabajo en que las
compañías subcontratistas obligan a laborar a su personal están muy por
debajo de los parámetros de seguridad industrial de los obreros de
Pemex. La consecuencia ha sido el incremento de los accidentes
industriales en el sector petrolero. Lo más grave es que en cada uno la
mayoría de las víctimas son los propios trabajadores subcontratados.
Recuérdese accidentes como el de la plataforma sumergible Usumacinta en
2007 ó el ocurrido en el Centro Receptor de Gas en Reynosa en septiembre
de 2012. Solamente por referir dos de los que mayor difusión tuvieron
en la prensa.
Sabotaje del patrimonio tecnológico nacional
Para promover una nueva reforma petrolera
se hace hincapié en el modelo de Petrobras. Claro que para los
neoliberales lo único que cuenta es la apertura al capital privado,
principalmente extranjero, que se hico en la empresa brasileña. Lo que
no mencionan es que el éxito del modelo brasileño radica en que antes de
tomar cualquier otra medida, se dedicaron a preparar a su personal para
desarrollar tecnología. Con ese fin a una gran cantidad de ingenieros,
químicos y demás profesionistas brasileños se les envió a capacitar en
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
A la vuelta de los años, la política
mexicana y la brasileña siguieron líneas muy diferentes, con resultados
diametralmente opuestos. Mientras en Petrobras se inventaron tecnologías
de punta para la exploración y explotación en aguas profundas; en
México se desmanteló al IMP. De tal suerte, mientras la compañía de
Brasil impone nuevos récords en la industria petrolera, la mexicana ya
no es capaz de generar sus propias patentes y el IMP está convertido en
una empresa que compite en las licitaciones contra las privadas para
darle algunos servicios a Pemex.
Otra de las consecuencias del desprecio
al desarrollo tecnológico ha sido el desperdicio de una fuerza de
trabajo altamente capacitada. Muchos de los profesionistas que en otro
tiempo laboraron en el IMP fueron jubilados prematuramente; a sus 40 ó
50 años, en edades todavía productivas, se les aisló de cualquier
posibilidad de desarrollo de su profesión en la industria petrolera.
También a las nuevas generaciones se les restringen las opciones para
incorporarse al sector productivo. Todo lo anterior implica una enorme
desperdicio de recursos invertidos en la formación y capacitación de
trabajadores.
Tendencias internacionales
Un elemento fundamental para comprender
la tendencia de la reforma neoliberal al sector petrolero es comprender
la situación del mercado mundial. En primera hay que recordar que el
origen, las matrices, de las principales compañías petroleras
transnacionales (las siete hermanas) son los grandes imperialismos.
Estados Unidos y el Reino Unido. Ninguna de estas dos naciones tiene
suficientes hidrocarburos para garantizar su nivel de consumo. Ambas
comenzaron su declive productivo a comienzos de la década de 1970. No
obstante, su producción petrolera, aunque marginal, sirve para
establecer los precios internacionales del petróleo y gas natural.
Es un hecho que, para mantener su poderío
económico, las herederas de las siete hermanas requieren del respaldo
político de los Estados imperialistas. Nótese que tras los conflictos
internacionales más recientes están los intereses de las trasnacionales
petroleras. Solamente para ejemplificar hay que recordar la invasión
estadounidense en Irak, las presiones europeas y gringas sobre los
regímenes de Libia, Irán o Siria, la intervención de imperialismos en
los asuntos de las naciones de la cuenca del río Níger (Malí, Níger y
Nigeria), la obstinación británica por apropiarse de las islas Malvinas o
la belicosidad estadounidense y española contra Venezuela. En resumen
muchos de los grandes enconos de las naciones imperialistas contra otras
naciones tienen por trasfondo los intereses de las trasnacionales
petroleras.
Los Estados Unidos apenas producen el 40%
del petróleo que consumen, el resto deben importarlo de otras naciones.
Esto hace que para los intereses de ese imperialismo sean fundamentales
el Medio Oriente y América, pues sus principales fuentes de abasto de
hidrocarburos son: Arabia Saudita, Venezuela, México y Canadá.
Lo anterior está lejos de ser algo
coyuntural, más bien es algo que se proyecta continuar en las próximas
décadas. Pues, si bien las reservas mundiales de petróleo están en una
tendencia declinante, hay tres regiones del mundo en donde se siguen
incrementando, estas son: Medio Oriente, América Latina y la cuenca del
mar Caspio.
Es del interés de las grandes
trasnacionales petroleras y de los imperialismos que las respaldan, el
apropiarse por la vía de los hechos (aunque legalmente no lo consigan)
de los yacimientos petroleros. Es de esperar que en los próximos años la
hostilidad imperialista se mantenga a la orden del día.
Amenazas imperialistas contra México
Es cierto que aún no hay un documento que
haya recopilado, por tanto, en el cual se concreten las intenciones
privatizadoras del capital monopolista. Sin embargo, hay señales muy
claras que delatan la tendencia real que subyace al edulcorado discurso
neoliberal. Pero además, la historia de México está plagada de ejemplos
que demuestran la forma de comportarse que tienen las grandes
trasnacionales petroleras. Como botones de muestra habría que recordar
que en 1923, cuando la mayor inversionista en el sector petrolero era la
compañía estadounidense Standard Oil, el gobierno de Álvaro Obregón
firmó los tratados de Bucareli. Mediante ese documento el gobierno
mexicano se comprometió a no aplicar retroactivamente el artículo 27 de
la Constitución, pues uno de los efectos habría sido la revocación de
las concesiones hechas antes de 1917. Dicho documento se firmó tras años
de presión del gobierno estadounidense que apoyó a las petroleras de su
nación y a las británicas.
El otro botón de muestra que ejemplifica
la forma de actuar de las trasnacionales petroleras contra México fue el
boicot que organizaron en 1938 para revertir la decisión de
nacionalizar el ramo. Ninguna compañía ni ninguna nación estuvo
dispuesta a venderle a Pemex crudo e insumos indispensables en la
refinación. Además, sabiendo el potencial petrolero mexicano, decidieron
que cuando se desarrollase lo suficiente la tecnología para permitir
que México se convirtiese en nación exportadora de crudo, se le negaría
la compra del hidrocarburo. Por si eso no bastase, al ser expropiadas,
las compañías se llevaron a todo su personal capacitado, lo cual debido
al grado de especialización que exigen las tareas de este sector era un
duro golpe. La situación internacional, en el contexto de la Segunda
Guerra Mundial, y la disposición de los trabajadores mexicanos para
sacar adelante a la industria nacionalizada fueron las claves para que
el boicot de las trasnacionales fracasase. Pero, el hecho de haberlo
intentado ya pinta de cuerpo completo el comportamiento ambicioso de las
herederas de las siete hermanas.
Podría argumentarse que tras 75 años de
estar fuera de México, las trasnacionales petroleras han cambiado, ahora
son otras, su comportamiento es distinto. Para desmentir tal
argumentación basta echar una mirada a los procesos latinoamericanos:
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina pueden dar testimonio de las
reacciones que el capital monopolista petrolero ha tenido contra esas
naciones cuando han llevado a cabo acciones de nacionalización. Para no
ir muy lejos hay que recordar que el golpe de Estado de 2002 y el boicot
petrolero de 2002-2003 en Venezuela, contra el gobierno de Hugo Chávez
estuvieron motivados por las reformas petroleras nacionalistas.
A todo lo dicho anteriormente hay que
agregar que la reforma de 2008 tuvo dos grandes logros desde la
perspectiva de la burguesía monopolista. Primero, se creo un consejo de
administración de Pemex cuyo perfil es ciudadano. Nada más que
los “ciudadanos” colegiados en dicho organismo deben su puesto a los
políticos profesionales al servicio del capital. Por tanto, las
decisiones que toman dichos consejeros ciudadanos están condicionadas
por lo que decidan los políticos profesionales, los que a su vez están
condicionados por los intereses de la burguesía monopolista. De tal
suerte que el dichoso Consejo de Administración reduce sus funciones a
ser un espacio de legitimación de la política neoliberal ante el pueblo
mexicano. Una especie de “consejo de notables” que decide con criterios
técnicos por encima de cualquier interés político o de clase, cosa que
es por demás absurda y falsa.
En segunda instancia, la reforma de 2008 abrió las posibilidades para que Pemex firme contratos incentivados,
los cuales consisten en que Pemex asigne bloques territoriales a
consorcios particulares para que éstos realicen actividades de
exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos durante 25 años.
Durante ese período las inversiones necesarias correrían a cargo de los
contratistas. Al final todo lo que se produzca en esos campos se
entregarían todos los hidrocarburos a Pemex. A cambio de esa labor los
contratistas recibirían un pago por cada barril extraído, es decir, se
les entregaría una porción de la renta petrolera. Este modelo de
contratos, además de desplazar a la empresa mexicana y reducirla en una
compañía administradora de contratos pero sin funciones operativas
reales, es muy similar al de los contratos a riesgo que están
prohibidos tanto en México como en muchas naciones debido a que son una
forma perjudicial de contratos en el sector petrolero, pues abre
posibilidades para profundizar la corrupción, la evasión fiscal y los
engaños por parte de las compañías trasnacionales.
De manera normal, toda empresa que
contrata los servicios de otra compañía para realizar labores
específicas paga los servicios de la contratada mediante una tarifa
definida de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado. No se le paga
con una cantidad indefinida ni compartiendo renta petrolera porque eso
solamente puede tener por resultado que los costos de producción sean
mucho más elevados y los beneficios para la nación se vayan reduciendo
paulatinamente.
De esta manera los contratos
incentivados, para que se comprenda más fácilmente, serían como si en un
hogar se contratasen los servicios de un plomero para arreglar las
tuberías. Pero, en lugar de que dicho contratista hiciese un presupuesto
y cobrase una cuota fija por su trabajo basándose en los materiales, el
tiempo y la mano de obra requerida para reparar las tuberías; este
plomero pretende cobrar por su trabajo una determinada cantidad de
dinero por cada litro de agua que se consume en dicho hogar durante los
próximos 25 años.
El argumento mediante el cual los
neoliberales defienden dicho modelo de contratación es que las compañías
que poseen la tecnología necesaria para extraer los hidrocarburos
exigen que a cambio de sus invenciones se establezcan asociaciones para
explotar los yacimientos. Tal razonamiento es completamente falaz,
puesto que la tecnología está a la venta en el mercado petrolero. Tan es
así que la mayoría de las empresas que solicitan la asociación no son
creadoras de nuevas patentes, sino que adquirieron dichas innovaciones
de otras compañías. Un ejemplo muy claro es BP, la mayor operadora de
pozos en el Golfo de México, que dice poseer la tecnología para la
explotación de yacimientos en aguas ultra profundas. Solamente que parte
de esa tecnología la adquirieron a Petrobras o Statoil, empresas cuya
característica principal en la industria petrolera mundial ha sido el
desarrollar innovaciones tecnológicas.
Para las trasnacionales petroleras el
camino es claro, una reforma energética de avanzada (para sus intereses)
pasará por ampliar las formas de contratación. Con miras a que en un
futuro no muy lejano, si es posible de inmediato, sean ellas las
propietarias de los yacimientos. Pero de no ser posible, se conformarán
con serlo en los hechos, aunque en la letra constitucional se diga que
los hidrocarburos son propiedad de la nación, o sea del pueblo mexicano.
En el ramo de la electricidad, la energía
nuclear y las fuentes renovables es difícil que haya mayores
modificaciones en la propuesta neoliberal de reforma energética. Ello se
debe a que en la práctica la privatización del sector se está dando.
Las empresas estatales de electricidad están en un proceso de
desmantelamiento. A Luz y Fuerza del Centro ya se le desapareció de un
plumazo y la Comisión Federal de Electricidad está en proceso, discreto
pero eficaz. Por un lado, se prioriza la adquisición de electricidad
generada por los Productores Independientes, en detrimento de la
capacidad de generación instalada que pertenece a CFE. Por otro, los
mecanismos de financiamiento de nuevos proyectos de CFE, sea en
producción o distribución, se hacen mediante esquemas ineficientes que
encarecen los costos. Finalmente, se descapitaliza a la empresa mediante
un doble rasero; mientras la Secretaría de Hacienda (encargada de
establecer las tarifas eléctricas) retira los subsidios al consumo
doméstico, la misma dependencia y la gerencia de CFE realizan acuerdos
secretos con las grandes compañías para que paguen tarifas menores a las
que les corresponde. De esta suerte se vienen sentando las bases para
una eventual desaparición de la empresa, lo que significaría dejar el
sector directamente en manos del capital monopolista.
Respecto a las energías renovables la
reforma de 2008 les dejó el campo libre a los trasnacionales para hacer a
su antojo. Las consecuencias son perceptibles en el caso de la energía
eólica. La instalación de aerogeneradores ha ocasionado graves
conflictos con las comunidades ejidales en las zonas del istmo de
Tehuantepec y en la península de Baja California. En ambos puntos los
abusos son la noticia de todos los días. Para colmo, al no haber una
planeación integral del sector energía la CFE prioriza la adquisición de
fluido eléctrico a los productores privados, como se ha dicho líneas
arriba, lo que incluye a estas empresas eoloeléctricas. El problema es
que la electricidad no es un recurso que se pueda almacenar en grandes
cantidades, sino que debe consumirse casi en el instante que se genera.
Motivo por el cual, al haber la priorización de los privados, es que CFE
debe reducir la utilización de sus propios recursos. Tal situación
tiene dos efectos graves. Por una parte se subutiliza el patrimonio
nacional para beneficiar a los privados, lo que implica una pérdida de
soberanía energética. El segundo problema grave es que hay una
afectación indirecta al medio ambiente pero que puede ser muy fuerte en
términos sociales. El ejemplo más claro han sido las inundaciones de los
últimos años en el estado de Tabasco. Los proyectos eoloeléctricos de
Tehuantepec, aunados a otros proyectos de generación privada en la
región, obligan a CFE a reducir la generación de las presas instaladas
en la cuenca del río Grijalva; para ello se disminuyen los flujos de
líquido mediante el cierre parcial o total de las compuertas. Así, el
nivel de agua en cada presa crece hasta poner en riesgo a la estructura
misma de la cortina, por lo que se hace inevitable la apertura de las
compuertas para desfogar grandes cantidades del líquido que terminan por
inundar a las comunidades tabasqueñas.
Finalmente, es cierto que el sector
energético requiere de reformas de gran calado para redinamizarse. Pero
no las que propone la burguesía trasnacional mediante sus políticos
profesionales. No, tales reformas son privatizadoras por alguna de las
dos vías posibles (o en forma descarada cambian el régimen de propiedad o
en forma sutil entregan los beneficios de la explotación del recurso
sin modificar el régimen de propiedad). De lo que se trata es de
promover una política energética integral que tenga claro que se trata
del sector estratégico para el desarrollo de la economía nacional, por
tanto no puede estar, ni parcialmente, bajo el control del capital
privado. Una política que diversifique las fuentes de producción de
energía pero que al mismo tiempo generen beneficios para el pueblo, no
para la burguesía ni sus políticos profesionales.
Eduardo A. Pérez
Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C.
[1]
A saber: Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de aprovechamiento de Energías
Renovables, Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo,
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Comisión
Reguladora de Energía y la Ley Federal de Competencia Económica. Estas
reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
[2]
Después de los procesos de fusión e integración han quedado: Royal
Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron Corporation, ConocoPhillips y British
Petroleum.
[3] Un barril de petróleo representa 159 litros.
[4]
Estas son: Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex Refinación (PR),
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex Petroquímica (PPQ), Pemex
Comercio Internacional (PMI) y Corporativo de Pemex.
No hay comentarios:
Publicar un comentario